La UE está sometida ya a la disciplina fiscal. La publicación en el Diario Oficial de la UE de las nuevas reglas fiscales oficializan la vuelta al corsé que obliga a los 27 a mantener unas cuentas saneadas con máximos de deuda y déficit del 60% y el 3% sobre el PIB, respectivamente. Los gobiernos vuelven a apretarse el cinturón tras cuatro años en los que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado suspendido para hacer frente a las crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Un total de once países están en la cuerda floja. La Comisión Europea tendrá en cuenta para su decisión los datos sobre déficit y deuda publicados la semana pasada por la oficina estadística Eurostat. El ranking lo encabeza Italia con un 7,4%, seguida de Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1 %), Malta y Eslovaquia (ambas con el 4,9%), Bélgica (4,4%), República Checa (3,7%), España (3,6%) y Estonia (3,4 %).

Las nuevas reglas fiscales obligan a esos países a hacer un ajuste estructural del 0,5% anual hasta dejar el déficit en el 3% –Alemania logró en la negociación hacer más estrictas las normas y seguir forzando la reducción hasta el 1,5%–. En el caso de España, la reducción de medio punto supone unos 7.300 millones de euros.

La apertura de un procedimiento de déficit excesivo supone el primer paso para un expediente sancionador. Si la Comisión Europea considera que los gobiernos no toman las medidas necesarias para corregir el desvío, puede imponer multas semestrales correspondientes al 0,05% del PIB (en torno a 730 millones en el caso de España). Las nuevas reglas fiscales dan a los estados miembros una mayor flexibilidad para sanear sus cuentas y establecen un régimen sancionador más asequible que las anteriores. En el pasado nunca se llegó a aplicar el castigo –que suponía hasta el 0,2% del PIB–, a pesar de que España y Portugal estuvieron a punto.

La Comisión Europea ha abierto la puerta, además, a levantar la mano con aquellos países que, pese a superar el 3% del déficit, estén cerca de cumplirlo. “Puede haber casos límite”, señaló el vicepresidente ejecutivo para Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, en el Financial Times: “Si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero es temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo”.

Bruselas augura que España cerrará este año con un déficit del 3,2%, pero el compromiso del Gobierno es dejarlo en el objetivo del 3% al acabar 2024. La buena marcha de la economía ha permitido al Gobierno mejorar los pronósticos económicos en los últimos años. No obstante, la complejidad aritmética y el ciclo electoral llevó al Ejecutivo a prorrogar los presupuestos y esto podría jugar en su contra a la hora de recibir un cierto margen de Bruselas, ya que Dombrovskis también apunta a que los presupuestos de 2024 también tienen un papel que jugar en la decisión respecto a los procedimientos de déficit excesivo.

“El objetivo es no caer [en el procedimiento de déficit excesivo]”, expresan fuentes gubernamentales, que apuntan a la “buena evolución” de los datos en los últimos años. España ha pasado de un déficit récord del 10,1% en 2021 por la pandemia al 3,6% dos años después. “Estamos teniendo un desempeño bueno, el crecimiento económico está ayudando y estamos en buena posición si se compara con Italia o Francia”, señalan esas fuentes.

En el Gobierno intentan, además, desdramatizar la posibilidad de que se vuelva a un procedimiento de régimen excesivo y lo vinculan a problemas reputacionales “en términos de estigma” más que a las consecuencias prácticas de que Bruselas tomara esa decisión. España fue el último país en salir del procedimiento de déficit excesivo, en 2019, una década después de que se le abriera. En el punto álgido de la crisis financiera, la mayoría de estados miembros (24) pasaron en algún momento por esa situación.

Quedar fuera del procedimiento de déficit excesivo supondría un alivio para el Gobierno, que se enfrenta a uno de sus primeros varapalos desde Bruselas: el pago parcial del cuarto desembolso de los fondos de recuperación por el fracaso en la aprobación del subsidio del paro. El Gobierno lleva tiempo negociando con la Comisión Europea, que le ha dado más tiempo para cumplir con ese compromiso, pero ya está claro que no va a llegar.

El incumplimiento del subsidio del desempleo, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando con sindicatos y patronal tras el 'no' de Podemos en el Congreso, y otros flecos pendientes pueden dejar en el aire cerca de 4.000 de los 10.000 millones de euros que componen el cuarto desembolso. El pago parcial no sería, no obstante, definitivo y España tendría seis meses para corregir los errores. Ahora bien, se enfrenta a dejar de ser el alumno aventajado en la aplicación del plan de recuperación.