El plan de la Seguridad Social para que los investigadores que estuvieron durante años encadenando becas por las que no se les permitía cotizar recuperen parte de ese tiempo de cara a su jubilación no ha contado con la acogida que esperaba el Ejecutivo. La orden recién publicada, que incluye el pago de 290 euros por cada mes que se quiera convalidar, ha despertado las críticas de diferentes asociaciones, con quienes la ministra Elma Saiz se reunirá la próxima semana para tratar de contener el malestar del colectivo ante una medida que defiende como “buena” y “excepcional”.
“Soy consciente de que existen reivindicaciones. Por eso hemos convocado el próximo martes a los colectivos representativos de la comunidad científica para seguir con esta negociación, para seguir trabajando y practicando esa escucha activa”, ha avanzado Saiz a través de un video en su cuenta de X.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 88 sociedades científicas, había emitido un comunicado en el que coincidía en la necesidad de “una medida que corrigiera esta deficiencia presente en la carrera profesional de decenas de investigadoras e investigadores”, pero consideraban que la orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “no solo no lo hace, sino que la empeora”. El punto que despierta mayor oposición por su parte es el que obliga a pagar 290 euros por cada mes que se quiera recuperar, en un margen igual al periodo rescatado, porque incluye la cuota empresarial y toma como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, aunque la beca se haya disfrutado hace años.
La Confederación, que reclamó entonces una “rectificación de esta orden ministerial que corrija sus graves deficiencias” ha respondido este miércoles a la convocatoria de la ministra avanzando que acudirán a la reunión para “explicarle al ministerio los problemas que para investigadoras e investigadores tiene la norma que han aprobado y para ofrecer soluciones”.
“La idea es ver cuáles son sus reivindicaciones”, señalan fuentes de la Seguridad Social, que aclaran que todavía hay “margen para tocar el escrito”, aunque en ningún caso habrá una cotización a coste cero. Con todo, Saiz lleva días reivindicando la medida como algo “excepcional”. “Es una ventana que se abre a personas que en décadas anteriores no tenían ninguna expectativa de que esos periodos computaran en este momento”, ha verbalizado este miércoles, a la vez que ha recordado que la medida “nace del diálogo social”. Además, la orden señala que la base mínima de cotización tiene un coeficiente reductor del 23% y las cantidades que se abonen, hasta un total de 17.400 euros para quien recupere los cinco años, son deducibles en el IRPF.
La UGT se habían mostrado también contrario a que el personal investigador deba “abonar ciertas cantidades” por los periodos en los que encadenaron becas durante las cuales realizaron trabajo efectivo, al considerarlo “injusto y discriminatorio”. “Lejos de arreglar los desequilibrios generados entre el alumnado, supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores, al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva”, señalaban en un comunicado es lunes.
Comisiones Obreras, por su parte, había sido menos crítico con la medida, que consideraron una “buena notifica, que viene a completar los acuerdos alcanzados” y que tenían que ver con la mejora de derechos de los nuevos becarios, que desde este mes de enero ya cotizan a la Seguridad Social, aunque realicen prácticas no remuneradas. No obstante, el sindicato también señala situaciones “absurdas”, como que la base de cotización sea la mínima de 2024 y no la del período en que se realizaron las prácticas. “Esto implica un incremento muy notable de la cuota a satisfacer, sin que tenga un impacto equivalente en la base reguladora de la pensión, dado que los periodos reconocidos se concentran en los primeros años de actividad. Incluso puede haber años en los que la base mínima de cotización de 2024 fuera superior a la base máxima de cotización de algunos de los grupos en las décadas de 1980 y 1990”, explican.
