Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar los derechos de las personas trabajadoras en los procesos de deslocalización. En su escrito, el grupo parlamentario plurinacional reclama que las empresas que se sometan a estos procesos, que “tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos”, no puedan acogerse a despidos colectivos y extinciones de contratos por causas objetivas, que suponen condiciones más ventajosas para las empresas en cuanto a indemnizaciones a los y las trabajadoras.
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que visitó este miércoles la planta de Sekurit, en Avilés, que la compañía Saint Gobain someterá a un Expediente de Regulación de Empleo para sacar la producción fuera de la Unión Europea, ya advirtió que haría “todo lo posible para evitarlo”. “Estamos ante una grandísima multinacional que tiene importantísimos beneficios y que, sencillamente, ha decidido llevarse una parte de la unidad de producción a Marruecos y también a Rumanía. No lo compartimos en absoluto”, aseveró la también ministra de Trabajo.
La posición de Díaz a este, que volvió a manifestar este jueves en la jornada “Fondos Europeos IV: innovación para un crecimiento sostenible”, organizada por elDiario.es, es la que se plasma en el escrito dirigido a la Mesa del Congreso. “Estas deslocalizaciones persiguen una reducción de los costes empresariales mediante el traslado de ciertas actividades productivas, usualmente intensivas en mano de obra, hacia terceros países que cuentan con sistemas regulatorios débiles en materia fiscal, de seguridad industrial o laboral, o donde se produce una laxa supervisión de su cumplimiento efectivo”, reza el texto, que cita concretamente el caso de Saint Gobain en Avilés.
Pero no solo. Porque la exposición de motivos señala también a la industria textil, “ejemplificado por empresas como Zara o H&M, que ha afrontado sucesivas oleadas de deslocalizaciones que han provocado que buena parte de la producción tenga lugar en condiciones laborales particularmente duras e inseguras, en países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadores, en un movimiento que acarrea, además, la pérdida de miles de puestos de trabajo en nuestro país”.
Además, Sumar apunta también a otros casos, como la venta de Alcoa Avilés y Coruña al Grupo Parter y posteriormente al Grupo Industrial Riesgo, en operaciones que “en realidad fueron pensadas por las empresas involucradas como un medio para despatrimonializar estas” y que “han sido objeto de investigación por los agentes de la UDEF por estafa y malversación”. O la multinacional Forbia Porriño y Maderas Fiber, mediante un acuerdo comercial que “determinó una automática descapitalización”.
Así, desde la plataforma de Yolanda Díaz consideran que “la venta de unidades productivas con la intención de deshacerse de la plantilla y evadir responsabilidades de todo tipo podría ser considerada una forma de elusión o evasión de las normativas laborales y de responsabilidad social corporativa preconizadas en Europa”. Por eso, propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que las compañía que quieran sacar su producción fuera de la Unión Europea no puedan acogerse a despidos colectivos ni extinciones de contratos por causas objetivas, algo que se consideraría “fraude de ley”. En ese caso, los despidos serían consideraos improcedentes —con la correspondiente indemnización de 33 días por año trabajado— y, en su caso, nulos.
Además, el texto plantea que las empresas que efectúen traslados de la actividad y que se hubieran beneficiado en los cuatro años anteriores de medidas vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo o mecanismos de reducción de jornada tengan que devolver la totalidad de las ayudas y que ingresar las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por último, la proposición de ley reclama que se garantice la transparencia en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas, “proporcionando información detallada a la plantilla y permitiendo su participación en las discusiones y acuerdos que se alcancen entre la compradora y la vendedora”. Según la propuesta de Sumar, las empresas de 50 o más trabajadores que quieran realizar una operación de este tipo deberán presentar ante la autoridad laboral un plan de viabilidad para el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo, negociado entre ambas empresas y la representación legal de las personas trabajadoras.
