Con muchos años de retraso, España recorre ya los últimos pasos para tejer su propia red de protección a los informantes de corrupción o irregularidades. El Gobierno ultima la creación del organismo regulador independiente que velará para que estas personas no sufran represalias de aquellos a los que señalan, así como que las empresas e instituciones públicas tengan buzones de denuncia anónimos, seguros y efectivos.

El estatuto que regula las funciones y creación de este organismo, denominado Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante, se aprobará a través de un Real Decreto que se está tramitando por la vía administrativa urgente.

La creación de la Autoridad Independiente se considera clave en el desarrollo de la ley para proteger a los informantes. Técnicamente, desde diciembre de 2023 todas las empresas de más de 50 empleados, las instituciones públicas con más de 100 trabajadores, las ONG con 20 más miembros y todas las entidades sin fines de lucro que gestionen fondos públicos deben tener activos canales de denuncia interna que permitan a sus trabajadores informar de irregularidades o fraudes de los que sean testigos.

Sin embargo, en ausencia del regulador encargado de vigilar que esto sea así, la ley queda en papel mojado. “Gran parte de las empresas más pequeñas realmente no se han enterado de nada de esto”, explica Diana Gurau, responsable de cumplimiento normativo del Grupo Logalty. “Incluso entre los propios abogados y asesores hay mucha desinformación y desconocimiento de que esa parte de la ley ya está en vigor”, avisa.

“Luego también hay muchas personas que sí son conscientes pero que ante la falta de un organismo sancionador aún no lo han puesto en marcha. El hecho de que no exista la Autoridad Independiente hace que quede más en la parte de prevención, que suele ser el aspecto en el que más les cuesta invertir a las empresas”, continúa Gurau.

“Se lo empezarán a tomar más en serio cuando llegue la primera sanción”, opina la especialista, recordando que este regulador podrá sancionar con carácter retroactivo si detecta que se ha desprotegido a alertadores desde la aprobación de la ley en febrero de 2023.

Además de comprobar que las organizaciones obligadas a ello cuentan con un buzón de denuncia que asegure el anonimato al informante que así lo desee, la Autoridad Independiente también podrá recibir sus alertas e investigarlas. Tendrá potestad sancionadora, podrá hacer recomendaciones para corregir las irregularidades denunciadas o remitir el caso a otras autoridades competentes, como el Ministerio Fiscal, si detecta posibles delitos.

Las organizaciones de la sociedad civil la consideran fundamental. “Para luchar contra la corrupción hace falta una autoridad independiente. Es verdad que a veces los jueces protestan y dicen que para eso están ellos. Y lo están, por supuesto. Pero una autoridad independiente es clave para que se puedan presentar denuncias anónimas, que es la forma más efectiva de protegerse”, dice en conversación con este medio Safira Cantos, directora de la Fundación Hay Derecho.

“Esa autoridad puede investigar la denuncia y analizar si lo lleva a los juzgados. Es un paso previo. La ley ampara que se puedan presentar denuncias anónimas y para asegurar ese derecho tiene que haber un organismo que realmente sea independiente y que pueda tomar medidas de protección del informante cuando haga falta”, asevera.

El problema es que tanto la Autoridad Independiente como la ley de protección a los informantes acumula años de retrasos. Todos los partidos a excepción del PP la incluyeron en sus programas electorales desde 2015 como medida para combatir que entonces afloraba casos por toda España, pero la convulsa actualidad política y las repeticiones electorales impidieron los pactos para sacarla adelante.

La UE terminó adelantándose. En 2019 su propia directiva al respecto, dando dos años a los países miembros para trasponerla a su legislación. España tardó el doble plazo establecido, lo que hizo que Bruselas llegara a abrir una investigación sancionadora al respecto.

La ley española salió a la luz finalmente en febrero de 2023. La norma daba un año al Gobierno para aprobar el estatuto de la Autoridad Independiente, que debe entroncar la puesta en marcha de las protecciones a los alertadores. Pero llegó la convocatoria de elecciones en julio y con ella volvieron los retrasos. El plazo concluyó en marzo, por lo que la norma sigue acumulando retrasos y los informantes, sin poder recurrir al escudo que esta ofrece.

“Es una desvergüenza institucional porque el Real Decreto fue declarado de tramitación urgente en marzo de 2023 y ha salido en mayo de 2024”, denuncia Safira Cantos. “Esto no es baladí porque se han saltado el trámite de consulta pública con la justificación de que es una medida de urgencia, porque llegas tarde para la implicación de una directiva, pero luego tardas más de un año más después de esa declaración en presentar el proyecto”, prosigue.

La Fundación Hay Derecho presentará alegaciones a la propuesta de estatuto preparada por el Ministerio de Presidencia, adelanta su directora. Entre los puntos que piden mejorar está la descripción del perfil de la persona que presida la Autoridad Independiente, para la que piden que pueda acreditar una “trayectoria solvente en la lucha contra la corrupción”.

También solicitan mayor representación de las asociaciones de denunciantes en la comisión consultiva de la Autoridad Independiente, donde la ley les reserva un asiento. “Evidentemente quienes denuncian corrupción no son quienes tienen que tomar las decisiones, pero esa experiencia se tiene que tener en cuenta, porque esa es la Autoridad de Protección al Informante y ellos son los que han pasado por auténticos calvarios por denunciar”, recuerda Cantos.

Por último, piden que se tenga en cuenta la experiencia de las oficinas anticorrupción que algunas comunidades autónomas pusieron en marcha ante el retraso de la ley nacional. Cita como ejemplo “la Agencia Valenciana Antifraude está haciendo un trabajo fabuloso”.

El grupo hacktivista Xnet, que ha colaborado con el establecimiento de buzones de denuncia anónimos tanto en la agencia valenciana como en la que puso en marcha la Generalitat de Catalunya, recuerda la necesidad de que la propia autoridad no se convierta en un ente inaccesible. “Según nuestra experiencia sobre el terreno con las Autoridades ya existentes, es importante que la Autoridad Independiente sea realmente independiente, pero es importante también que no acumule demasiado poder y que haya mecanismo claros parlamentarios para revocar su mandato en caso de incumplimientos evidentes como faltar en la protección de las personas alertadoras, alargar los tiempos de forma insostenible, connivencia y uso espurio de la información, etc.”, dice Simona Levi, perteneciente a este colectivo.