La Audiencia Nacional ultima los preparativos del macrojuiocio por el despacho Nummaria, que comenzará la primera semana de junio y tiene sesiones previstas hasta septiembre. Según Anticorrupción, este bufete urdió planes de defraudación fiscal para decenas de empresarios y artistas, entre ellos Imanol Arias y Ana Duato. El primero ultima un acuerdo a la baja con la fiscalía, que le permite declararse culpable de algunos delitos a cambio de excluir varios ejercicios y reducir la cuota defraudada, según fuentes conocedoras del caso.

Fernando Peña no era un asesor fiscal cualquiera. Había sido vicedecano del colegio de Economistas de Madrid, alto cargo de Hacienda y conocía el mundo de la farándula de su paso por la Academia del Cine y de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (Aisge). Muchos artistas y empresarios pasaron por su despacho para organizar las cuentas. Joaquín Sabina, Marta Robles y Carmen Posadas son algunos de los que acudieron al despacho de Peña, llamado Nummaria. Su fama de ser agresivo en sus planteamientos fiscales venía de lejos.  En 2002 fue detenido por crear una red de sociedades en el extranjero y fue indultado en 2009.

En 2016, Anticorrupción volvió a por él, en una operación de la Audiencia Nacional que acabó con parte de sus empleados y clientes declarando. Ocho años después, el caso llega a juicio con 31 acusados, entre empleados y clientes del despacho. Según Anticorrupción, “Fernando Peña ha prestado su asesoramiento para que sus clientes pudieran defraudar a la Hacienda Pública o a terceras personas en otras muchas ocasiones”.

Fuentes conocedoras del procedimiento explican que la instrucción estuvo marcada por un cierre abrupto de la instrucción, con pruebas aún pendientes de practicar por discrepancias entre el juez, Ismael Moreno y el fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz. En un primer momento, seis empresarios aceptaron una condena en conformidad, en el que el acusado admite el delito y paga a cambio de una petición de cárcel menor que generalmente no conlleva ingreso en prisión. 

Entre los empresarios que ya han pactado hay un grupo vinculado a Thesan Capital, un fondo buitre que invertía en empresas al borde de la quiebra. Se trata de Santiago Burgaleta García-Mansilla, Saúl Ruiz de Marcos, José Miguel Garrido Cristo, José Luis Macho Conde y Luis Fernández Caballero. Thesan Capital invirtió, entre otros, en un equipo de Fórmula 1 o en la de recambios Aurgi. Dos de ellos, procedían de Campofrío. Según Anticorrupción, ocultaban “parte de los ingresos obtenidos por estos directivos por los servicios prestados a Thesan Capital y otras sociedades” mediante otras empresas. 

Francisco Hernando Benito es otro empresario y cliente que pactó con la fiscalía. Este empresario vendió su participación en una planta solar en Extremadura a Nextera energy, una multinacional estadounidense. Siempre según Anticorrupción, Fernando Peña ideó una demanda judicial contra la empresa que en realidad era “un artificio” para que que empresa  “pudiera eludir las obligaciones fiscales que gravarían los beneficios derivadas de la venta de su participación en Planta Solar de Extremadura SL y Planta Solar de Extremadura 2 SL a un tercero, Nextera Energy”. Una reclamación fantasma de 18 millones de euros y la provisión para abordarla, reducían artificialmente los beneficios de Hernando y, con ellos, su tributación. “Todos los profesionales del derecho que intervinieron en el procedimiento judicial, en representación de la actora y la demandada, trabajaban para Fernando Peña”.

El último en pactar una conformidad es, según fuentes del caso, José Antonio Jiménez Delgado. El pasado miércoles, Anticorrupción presentó un escrito conjunto en el que reconocía el delito. Según el escrito de acusación original, este empresario, dueño de una empresa de apartamentos, vendió terrenos a una filial del Sabadell por 9,7 millones de euros. Posteriormente, Fernando Peña, diseñó una operación “con el fin de privar a Apartamentos Arenas SL de liquidez y vaciarla patrimonialmente” y que quedara todo “en poder de la entidad británica Loath investments limited, facilitada exprofeso para ello por Fernando Peña”. 

Anticorrupción está ofreciendo pactos estos días a los acusados. Por un lado se asegura recuperar el dinero y le evita riesgos en el juicio. Además, al ir sumando acusados que aceptan la pena va minando las defensas de los que se niegan a pactar. Es un clásico de los delitos fiscales: Shakira, Cristiano Ronaldo, Falcao o Di María, entre otros, buscaron condenas de conformidad antes de enfrentarse a juicio. La defensa de Imanol Arias, ejercida por el ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, está ultimando esa conformidad con la fiscalía. Las defensas consideran que el caso está cogido con alfileres pero aún así muchas prefieren un mal acuerdo a un buen juicio.

Quien de momento no pacta es Ana Duato. La protagonista de Cuéntame ha sostenido que está al día con Hacienda, que la mitad de los ejercicios ya fueron dirimidos en el contencioso administrativo, por lo que ya no podría haber delito, y los otros ejercicios obedecen a una confusión. Sostiene que Anticorrupción ha incluido capítulos de Cuéntame sacados de wikipedia que nunca llegaron a grabarse. Como Xabi Alonso, de momento, Duato aguanta el pulso aun a riesgo de afrontar el juicio y los posibles recursos y el desgaste que conlleva.

Quien tampoco ha hecho amago de negociar es Fernando Peña. No solo eso sino que ha acusado a la entonces responsable Antifraude en la Agencia Tributaria, Margarita García Valdecasas, de manipular los archivos informáticos hallados en el despacho. García Valdecasas fue cesada en 2016, antes de que El Confidencial desvelara que su marido dirigía un despacho acusado de colaborar en la evasión. Para ello, Peña ha presentado un informe de una empresa, Lazarus Technologies, con el que acusa a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en un juzgado de Madrid. La Audiencia Nacional valorará ese peritaje como parte de la defensa de Peña.

También declarará como testigo la escritora Carmen Posadas. Según la fiscalía, en 2007 y asesorada por Fernando Peña, esta “cedió los derechos de propiedad intelectual de algunas de sus obras” a una empresa “a cambio del pago de una renta vitalicia de 100.000 euros trienales”, algo similar a la operación de Ana Duato e Imanol Arias. La fiscalía explica que la cuota defraudada no alcanza en el caso de Posada la cifra de 120.000 euros que marca el límite del delito fiscal. Posadas escribió un libro junto a la periodista Marta Robles, también citada como testigo y para la que Peña creó una estructura similar.

Para culminar el interés que la vista tiene para los muy cafeteros de los delitos económicos, uno de los peritos que declarará es Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 y habitualmente crítico con las causas que abre el fisco.