La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) sigue sin cubrir la mitad de los puestos de trabajo que tiene asignados cuando acaba de cumplir seis años de andadura y pese a las promesas para reforzar su plantilla.
Esta entidad vela por el buen funcionamiento de la contratación pública a nivel estatal, autonómico y local y debe analizar cuantitativamente decenas de miles de contratos cada año.
La secretaría de la oficina explica en un correo electrónico, a preguntas sobre este asunto, que “a fecha actual la relación de puestos de trabajo de la OIReScon cuenta con 27 puestos cubiertos de un total de 54”.
“Próximamente se hará efectiva la incorporación de un funcionario/a de nuevo ingreso (procedente de la oferta de empleo público)”. Cuando eso ocurra, quedarán otros 26 puestos por cubrir, aunque por primera vez el organismo tendría cubierta, al menos, más de la mitad de la RPT que tiene asignada.
Esa escasez de plantilla se ha convertido en algo estructural. Ya a cierre de 2022, la mitad de su plantilla estaba vacante y esta situación no se ha corregido. De hecho, el año pasado, incluso empeoró.
En su último informe anual, la entidad explica que “a 31 de diciembre de 2023 el número de puestos ocupados de la RPT asciende a 24 de un total de 52 puestos. Por tanto, el porcentaje de ocupación es de un 46,15%”. Dicho de otra forma, esa ocupación no llegaba a la mitad del total y casi un 54% de los puestos estaban vacantes.
En ese documento se señala que “se siguen dando pasos para dotar a la OIReScon de una plantilla estable y cualificada” de modo que “se puedan llevar a cabo las funciones” que le encomienda la ley.
El informe confía en que “el trabajo desarrollado para la incorporación de efectivos durante el ejercicio 2023 tendrá un mayor impacto en el ejercicio 2024, puesto que está prevista la incorporación de hasta 5 efectivos a lo largo del primer trimestre, fruto de las gestiones efectuadas para aumentar la plantilla”.
Esa previsión no se ha cumplido, y la plantilla por ahora solo ha aumentado en tres personas respecto al cierre de 2023.
“Alta especialización”OIReScon recuerda en su último informe que, por la naturaleza de sus funciones, “requiere una alta especialización técnica por parte de su personal, de ahí que se pretenda la incorporación de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores de Interventores y Auditores del Estado, de Administradores Civiles del Estado, de Sistemas y Tecnologías de la Información o de Estadísticos del Estado”.
“Se trata de Cuerpos muy especializados de la Administración, con alta demanda por parte de gran número de centros directivos, lo que supone una dificultad adicional para su cobertura”.
“El buen funcionamiento de la OIReScon requiere igualmente la incorporación de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Técnicos de Auditoría y Contabilidad, de Hacienda, de Gestión de Sistemas e Informática y de Gestión de la Administración Civil del Estado, como soporte imprescindible de los funcionarios de los Cuerpos anteriormente señalados para la realización de las funciones que la OIReScon tiene encomendadas”.
“Todo ello sin olvidar el necesario apoyo que prestan otros cuerpos de carácter más general y que garantizan el funcionamiento ordinario del conjunto de la Oficina”.
En noviembre de 2022, la presidenta de la oficina, María Luisa Araújo, subrayaba en el Congreso de los Diputados que contaban con apenas 25 empleados para analizar miles de adjudicaciones.
“No somos muchos, pero somos valientes”, dijo Araújo en esa comparecencia, en la que enfatizó que la entidad “no se detiene en un expediente concreto ni en un órgano de contratación determinado”, sino que busca encontrar “puntos débiles” y “problemas sistémicos” en la contratación pública.
Sus informes vienen detectando, por ejemplo, un auge de las licitaciones a las que se presenta una sola empresa, que ya superan el 40% y son un síntoma de nula competencia en estos procedimientos. Mientras, las denuncias de corrupción y fraude en las licitaciones públicas baten récords cada año, según sus sucesivos informes, aunque expertos en contratación advierten de que esto puede deberse a una mayor concienciación en esta materia.
En aquella comparecencia en la Cámara Baja de finales de 2022, la presidenta de OIReScon señaló que una de las líneas de trabajo prioritarias para esta oficina, entonces “aún joven” (se creó en mayo de 2018), pasaba por “hacer crecer nuestra plantilla”. “La oficina tiene los recursos que tiene en un contexto en el que no es fácil contar con todo el personal que uno desearía”.
Más de año y medio después, la plantilla de OIReScon ha pasado de 25 a 27 efectivos.
A las funciones de OIReScon se suman las que tiene encomendadas la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), creada en 2022 e integrada en la entidad. Esta oficina debe analizar la sostenibilidad financiera de concesiones de obras y servicios. El año pasado, elaboró un total de 13 informes, frente a los 24 del ejercicio 2022.
OIReScon también fue la encargada de aprobar una estrategia nacional para mejorar la contratación pública que Bruselas llevaba años exigiendo a España y que se aprobó al límite del plazo pactado con la Comisión Europea.
La propia oficina es también un organismo creado por imperativo de la UE. España, el país de la Gürtel o, más recientemente, el conocido como caso Koldo, por citar dos escándalos íntimamente vinculados a la contratación pública, ha ido poniendo en marcha esta entidad arrastrando los pies. Y tiene pendiente todavía aprobar una Estrategia Nacional Antifraude que lleva años elaborándose.
La entidad está orgánicamente adscrita al Ministerio de Hacienda. Aunque funcionalmente independiente, no tiene presupuesto propio. Esta última es una de las cuestiones que criticó su primera presidenta, María José Santiago, antes de dimitir a mediados de 2020, cuando habían transcurrido apenas dos de los seis años de su mandato.
