Por el momento Zegona no ha informado de cómo planea ejecutar el despido colectivo, más allá de que afectará “como máximo” a esos 1.200 empleados, más de un tercio de la plantilla. Es la segunda medida oficial del fondo para Vodafone España desde que se hizo oficial su adquisición de la compañía a finales de mayo a cambio de 5.000 millones de euros. La primera fue un agresivo plan para frenar la huida de clientes, eliminando la limitación temporal de los descuentos que estaba aplicando a las tarifas de particulares y autónomos.

Zegona justifica el ERE en “el fuerte deterioro financiero y comercial” de Vodafone España. “La compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años”, alega. Por ello, opta por “redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad”.

Los sindicatos se quejan de que es el camino equivocado. “La anterior dirección de la compañía nos reconoció que los resultados tras los dos últimos ERE habían sido peores”, revela Diego Gallart, de UGT, la organización mayoritaria en Vodafone España junto a CCOO y el Sindicato de Trabajadores de Comunicación (STC). “Es repetir una fórmula que ya ha fracasado, es totalmente innecesario”, recalca.

“La carga de los equipos ya está al máximo posible. De hecho ya ha habido bajas por este motivo. Dar otra vuelta de tuerca más no va a servir para nada”, insiste Gallart. Su posición de partida es que el despido colectivo debe ser “100% voluntario”.

Lo mismo expresan desde STC. “Rechazamos rotundamente el ERE y entendemos que la viabilidad de la compañía pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo”, protestan: “Voluntariedad 100% es la única salida a este ERE”.

Zegona había prometido que no venía a desguazar Vodafone España, como muchos temían cuando anunció su intención de comprar la filial en medio de la “revisión estratégica” internacional del grupo de telecomunicaciones, sumido en una espiral de malos resultados. El acuerdo de adquisición incluyó una cláusula que permitía al fondo seguir utilizando la marca Vodafone en España durante 10 años e iba aparejado con una inversión de 3.000 millones de euros como parte de una “estrategia a largo plazo”.

“No somos un fondo agresivo, somos una compañía cotizada”, remarcó su presidente, Eamonn O'Hare, en una entrevista con Actualidad Económica. Zegona, especializado en inversiones en compañías tecnológicas y telecos, estuvo presente en el mercado español hasta 2021, cuando le vendió a MásMóvil su participación mayoritaria en Euskaltel.

Sin embargo, cuando el Gobierno anunció a finales de mayo los “compromisos” a los que había llegado con el fondo para aprobar su adquisición de Vodafone y entre ellos no estaba el empleo, los sindicatos temieron lo peor. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Transformación Digital, pactó con Zegona el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas actualizadas y la estabilidad en los activos estratégicos, como torres de telecomunicaciones, de Vodafone España.

Pese a todo, los trabajadores reprochan al fondo que ni siquiera se haya dado un tiempo para analizar a la operadora desde dentro antes de plantear un despido colectivo. ¿Llevan diez días en la empresa y ya saben que hay que echar al 36% de la plantilla?“, afea Beatriz Molino, secretaria general de CCOO en Vodafone. ”Van a tener que explicarnos cómo piensan que hagamos el mismo trabajo con menos de dos tercios de la plantilla actual“, incide, recalcando que en su sindicato también parte en contra del ”brutal“ ERE.

Zegona ha asegurado en un comunicado que “el procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes”. “Dicho procedimiento surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes”, añade.

Contactadas por elDiario.es, fuentes del Ministerio de Transformación Digital han evitado hacer comentarios sobre el ERE. Sí se ha posicionado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha criticado que “una empresa que tiene beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo”, en referencia tanto a Vodafone como a Ford, que quiere despedir a 4.800 trabajadores en su planta de Almussafes. “No es comprensible”, ha remarcado.

En su última presentación de resultados, correspondientes al tercer cuatrimestre fiscal de 2023, Vodafone comunicó que su filial española había logrado volver a aumentar su facturación (0,3%) hasta los 974 millones de euros. De ellos, 848 millones fueron ingresos por servicio. Sus próximas cuentas serán las últimas que serán presentadas por su ya ex matriz internacional.