El Banco de España (BdE) debería asumir plenas competencias regulatorias en aquellas materias no armonizadas a nivel europeo “incluida la autorización de fusiones”, según defiende el Fondo Monetario Internacional en su último Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, según sus siglas en inglés) de España.

El repaso de la situación del sector financiero español recoge así de nuevo la recomendación formulada en 2017 por la institución internacional en el contexto de su anterior FSAP, cuando advertía de que hay algunas áreas en las que el BdE no tiene el papel prudencial exclusivo, como la autorización de fusiones, que sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Economía, mientras que el BdE está obligado a emitir su opinión.

En este sentido, el FMI destaca en su última evaluación financiera para España, que publicó el pasado 6 de junio, coincidiendo con su informe anual 'Artículo IV', que “no se ha tomado ninguna medida específica” al respecto.

La llamada de atención llega en un momento delicado entre el Gobierno y la banca. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ve con buenos ojos la opa hostil lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell. Según indicarón fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Ejecutivo “rechaza la decisión” del banco encabezado por Carlos Torres “tanto en la forma como en el fondo”.

Este mismo lunes, el ministro de Economía y el presidente del BBVA han protagonizado un debate por las consecuencias de la operación. Cuerpo ha reiterado su preocupación sobre falta de competencia en el sector bancario ante la OPA (Oferta pública de adquisición) de BBVA sobre el Sabadell en presencia de Carlos Torres. El ministro de Economía ha puesto el ejemplo del insuficiente traslado a la remuneración de los depósitos de los clientes en los últimos dos años de subidas de los tipos de interés oficiales en la eurozona, que han encarecido las hipotecas y los préstamos en general en mayor medida. Cuerpo también ha recordado que le preocupa la “inclusión financiera”.

Por su parte, Torres ha justificado que hacen falta entidades más grandes porque los costes fijos “han aumentado” y hacen falta importantes inversiones en nuevas tecnologías.

La institución con sede en Washington apunta que el proyecto para la implementación de la Directiva CRD VI de la Comisión Europea está destinado a armonizar este aspecto a nivel de la UE, en particular las adquisiciones por parte de una entidad de crédito de una participación importante en una entidad financiera o no financiera, la transferencia de activos o pasivos y las fusiones o escisiones.

“Si se aprueba la propuesta, se otorgarían poderes de autorización para fusiones (sin oposición) al supervisor y, por lo tanto, la recomendación del FSAP quedaría reemplazada”, subraya el FMI.

Se espera que las nuevas reglas bancarias para la UE se apliquen de manera gradual a partir de 2025, aunque sujeta, en el caso de la nueva directiva, a su pertinente transposición por parte de los legisladores nacionales de los Estados miembros de la UE, algo que debe producirse en el plazo establecido cuando se adopta la directiva, generalmente en dos años.