España está siendo el alumno aventajado en la economía de la UE, pero eso no quita para que la Comisión Europea no ponga algunos reparos. Uno de los que le hizo este miércoles en el marco del semestre europeo tiene que ver con la reforma fiscal. Bruselas apremió al Gobierno a impulsar los cambios fiscales comprometidos en el Plan de Recuperación para evitar más retrasos. A pesar de que el informe de los técnicos comunitarios dejaba claro que aún hay cosas “pendientes” de esa reforma, el Gobierno está convencido de que ya ha hecho todo lo necesario.

“Creemos que ya hemos tomado todas las decisiones necesarias para, precisamente, cumplir con las obligaciones que supone ese hito del quinto pago”, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo: “Hemos tomado todas las decisiones necesarias para cumplir con las obligaciones que supone ese hito del quinto pago [la semana pasada la Comisión concedió el cuarto]”.

Lo que sostiene Cuerpo es que en los últimos años se han tomado las decisiones en el marco fiscal que darían cumplimiento a las exigencias de Bruselas y que lo que toca es hacer una “actualización de la situación fiscal”, es decir, ver “cómo están los ingresos consolidados después de los cambios” que se han producido en la economía para “actualizar esa evaluación que se produjo cuando se introdujo ese compromiso con respecto a la reforma fiscal”.

Sin embargo, para la Comisión Europea los cambios que se han introducido en este tiempo no son suficientes y considera que hay flexos pendientes. Lo que Bruselas pide al Gobierno son medidas para que el sistema fiscal sea “más efectivo y moderno”, se adapte a “nuevas tendencias”, apoye la transición ecológica, aumente los ingresos e impulse la equidad. Entre las iniciativas más concretas está la fiscalidad 'verde' que, según recuerda en su informe, es muy inferior a la de la media europea (un 1,5% del PIB frente al 2% europeo). Bruselas considera que hay margen, por tanto, para recaudar por esa vía hasta 7.300 millones de euros extra.

La posición de Carlos Cuerpo sigue la línea de la poca ambición mostrada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios de junio, en la rueda posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva comunitaria que crea un sistema para garantizar que las empresas más grandes multinacionales paguen un mínimo del 15% por sus beneficios, evitando el impacto de los paraísos fiscales o los territorios de baja tributación para reducir su factura fiscal.

La vicepresidenta comentó que “estamos trabajando con la Comisión Europea para dar por cumplido el hito de la reforma fiscal”, y valorando si “incorporar algún elemento que a ellos [el Ejecutivo comunitario] les parezca que puede tener algún interés”. Por ejemplo, la responsable del Ministerio de Hacienda abordó que “los efectos de la propia crisis de Ucrania aún no han pasado”, y dejó abierta la posibilidad de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos, vigente hasta junio según el último decreto anti crisis.

Días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la extensión de esta medida anti crisis, que es objeto de críticas por parte de prácticamente todos los expertos porque los supermercados la aprovechan para aumentar sus ganancias, porque se carga a las cuentas públicas y porque beneficia más a los más ricos, que consumen más y, sobre todo, productos más caros.

El Gobierno de coalición también tiene pendiente convertir en impuestos permanentes los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas. Mientras, ya ha creado el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables y se ha elevado el IRPF a las familias con más ingresos. Pero, en 2023, el mismo Ministerio de Hacienda detectó fallos en un tercio de los beneficios fiscales en los distintos impuestos de nuestro país que no se han abordado.

Sobre los gravámenes temporales, el ministro de Economía Carlos Cuerpo explicó esta semana que “tenemos que determinar la permanencia de esta figura, teniendo en cuenta el medio plazo”. En el caso de las entidades financieras, concretamente, “la evolución del ciclo de los tipos de interés”.

Respecto al impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas, desde Oxfam Intermón celebraron la medida, que “hemos estado peleando mucho, tanto en la OCDE, como en la UE”, pero se mantienen alerta. “Seguimos pensando que ese 15% de tipo efectivo es bajo: es el resultado de unas negociaciones para que se sumasen al carro Irlanda y Singapur”, explica Íñigo Macías, coordinador de investigaciones de la Organización. “Tendría que ser del 25% para no hacerle el juego a estas 'guaridas' fiscales”, añade.

“También nos preocupan las exenciones que se introducen al poder reducir el resultado contable ajustado en función de las inversiones en plantilla y en capital que hagan las empresas en cada país”, observa este experto de Oxfam. Son “las exclusiones basadas en las sustancias económicas” que indica el sindicato Gestha, que opina que “el tipo del 15% deja margen de maniobra para que en un futuro se aborde el aumento de la tributación al 20%”.

En los últimos años, aunque las empresas en España han registrado más beneficios, la base sobre la que pagan impuestos se ha reducido —en 2023, la recaudación del impuesto de Sociedades creció un 40% menos que los beneficios de las empresas—. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué las empresas pagan ahora menos impuestos? Porque se han ido aprobando decenas de reformas tributarias que han contribuido a erosionar las bases imponibles y a reducir la factura fiscal, como se explicó en esta información. Los más beneficiados por los 'agujeros' del impuesto de Sociedades son los grandes grupos empresariales y las multinacionales.

Estos 'agujeros' fiscales (sobre todo por las compensaciones a las que las compañías tienen derecho por sus años en pérdidas) provocan que el peso del impuesto de Sociedades sobre la recaudación total de la Agencia Tributaria se haya estacando por debajo del 13%, tras derrumbarse desde el 22,3% de 2007.

En 2021, el Gobierno de coalición encargó a un grupo de expertos y catedráticos un 'libro blanco' para la reforma fiscal que desde que fue publicado en 2022 apenas ha salido del 'cajón'. Este informe reúne decenas de recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de unificar el IVA, reducir los beneficios que se aplican en el IRPF o buscar un mínimo común en el impuesto de Patrimonio.