El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concreta sus planes para poner freno a los alquileres por temporada, esos que duran menos de un año y a los que se ha ido gran parte de la oferta. Unos arrendamientos que quedaron fuera de la Ley de Vivienda y que, junto a los alquileres turísticos, están haciendo imposible encontrar piso a amplias capas de la población que tampoco pueden permitirse una vivienda en propiedad.

Isabel Rodríguez ha explicado, tras la reunión del grupo de trabajo para la regulación del alquiler por temporada, que se va a desarrollar el Artículo 3 de Ley de Arrendamientos Urbanos para “proteger el alquiler temporal para quien lo precisa”. “Hemos de regular la causalidad de esa temporalidad”, ha señalado, poniendo como ejempo una investigación académica o un trabajo cultural.

“Igual que se nos puede requerir nuestra nómina”, al fimar el contrato de alquiler, “se requerirá la causalidad de esa temporalidad”, ha repetido. “No se podrá abusar de una temporalidad, sino proteger y dar seguridad jurídica a quienes necesitan este tipo de alojamientos que ahora están tensionando los alquileres, del mismo modo que lo hacen los turísticos”. 

En cuanto a estos últimos, Rodríguez ha recordado el nuevo reglamento europeo que equipara los alojamientos turísticos a los de temporada, en cuanto a la exigencia de justificar esa temporalidad. De ahí derivará un registro, al servicio de administraciones estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, estos alojamientos temporales y vacacionales tendrán que estar en ese futuro registro que aún está por diseñar.

También ha reclamado el trabajo conjunto de las administraciones, para “trabajar por una vivienda digna a precios asequibles”. “Vamos a avanzar en la regulación, habrá que acreditar la temporalidad y nos vamos a dotar de un registro, para poder fiscalizar, perseguir y sancionar” a quienes no cumplan la ley. 

En cuanto a cuándo van a estar estos cambios legales, en el alquiler por temporada, “hemos de hacerlo por urgencia, a través de un desarrollo reglamentario con un Real Decreto que vamos a tramitar de forma urgente”, donde se explicará cómo se concreta esa exigencia de causalidad de un contrato que tiene que durar menos de 12 meses.

Sobre el alquiler turístico, Rodríguez también ha recalcado “la disposición” del Gobierno de actuar respetando las competencias autonómicas y locales. “Son una actividad económica” por lo que las comunidades de vecinos tendrán que autorizarlos explícitamente.

Para ello, se cambiará y “ajustará” la Ley de Propiedad Horizontal para “empoderar a los vecinos” para que “sea determinante” si aceptan o no este tipo de actividad económica en las fincas. La ley se modificará de forma “quirúrgica” y para eso se hablará con los grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores afectados.

A finales del pasado año, el Tribunal Supremo ya aclaró que las comunidades de propietarios tienen capacidad para vetar este tipo de arrendamientos vacacionales. Con el cambio legal, lo que busca Vivienda es que sea más claro cómo tienen que hacerlo.

“Ahora la ley no aclara cómo tiene que ser ese veto” por parte de las comunidades de vecinos y, con la redacción que estamos trabajando, se aclarará para exigir una autorización previa de las comunidades“ que tendría que aprobar, previsiblemente, tres quintas partes de los propietarios.

“Hago un llamamiento a todas las administraciones para que allí donde exista esta problemática, donde colisione el derecho a la vivienda con estas actividades se pongan todos los recursos necesarios”, para que “alcancemos un objetivo mayor”.

Para el registro, donde estarán todos estos arrendamientos temporales que estén en plataformas digitales, hay que esperar unos meses. “La Unión Europea nos dio de plazo hasta 2026 y nos comprometimos para tenerlo en 2025, pero vamos a intentar tenerlo antes”, ha señalado la ministra de Vivienda. Aún no se ha concretado cómo será ese registro, pero pasaría por una especie de matrícula para controlar qué alquiler tiene la vivienda en cuestión.