Abogados, médicos, ingenieros, auxiliares, técnicos, inspectores y hasta astrónomos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el desglose completo de la oferta récord de empleo público que aprobada por el Gobierno. Son 40.146 plazas para la Administración General del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil, convocadas para 2024 y con las que el Ejecutivo presume de un saldo positivo neto de más de 9.000 trabajadores públicos.

Estas son, una a una, todas las plazas ofertadas para la Administración General del Estado:

Del total de plazas, 10.625 son de promoción interna. Esto es, para aquellas personas que ya están son funcionarias y trabajan en la administración. Otras 20.840 son de acceso libre, para el resto. Y 8.681 son para la Policía (2.857), la Guardia Civil (3.158) o las Fuerzas Armadas (2.666). ¿Esto quiere decir que cualquier puede optar a estos puestos? En realidad, no. Los primeros requisitos son tener la ciudadanía española y ser mayor de edad. Además, en cada convocatoria se especificarán los requisitos generales de titulación y las capacidades requeridas.

Para los subgrupos A1 y A2, se exige, al menos, un título universitario de grado, licenciatura o ingeniería. Para los subgrupos C1, es necesario haber cursado con éxito el bachillerato; y para el C2, la enseñanza secundaria obligatoria.

No hay una respuesta sencilla, porque no solo depende de la oferta, sino también de cuánta gente oposita para cada puesto. Pero, por plazas ofertadas, hay algunas ocupaciones que destacan más que otras. Por ejemplo, en el subgrupo A1 de la Administración del Estado hay previsto que se incorporen 127 inspectores de Hacienda, 175 personas al cuerpo superior de sistemas y tecnología de la información, 281 científicos o 165 técnicos superiores especializados en organismos públicos de investigación. En el subgrupo A2, el grueso de plazas está en las tareas de gestión de la Administración Civil del Estado, con 1.426 ofertas.

En el subgrupo C1, hay un total de 6.387, de las que 1.929 están destinadas a general administrativo y 1.044 a técnicos auxiliares de informática. Aquí entran los 800 ayudantes de Instituciones Penitenciarias o 736 administrativos para la Hacienda Pública, pero también agentes medioambientales, ayudantes de investigación o observadores de meteorología, entre otros.

En el resto de entes públicos, destaca la oferta para personal de Justicia, con 2.268 plazas de acceso libre, pero también hay plazas en educación, para la administración local, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa y otros cuerpos.

El texto del real decreto señala que “el proyecto consolida el avance realizado en fortalecimiento de la cohesión territorial en el acceso al empleo público, fomentando la realización de las pruebas selectivas de forma descentralizada en el territorio”. Por el momento, habrá que esperar a las convocatorias concretas para especificar la distribución territorial de las plazas, pero la norma ya señala que “en el caso de las autorizadas en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional”, 737 entre acceso libre y promoción interna, esta “se hará de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada Comunidad Autónoma”.

Esta es la gran incógnita para la que, de momento, no hay una respuesta clara. El real decreto publicado este miércoles señala que las convocatorias “velarán por garantizar el principios de eficacia, buscando la celeridad, agilización y modernización de los procesos selectivos, evitando su dilatación en el tiempo”. Ahora son los diferentes organismos los que deben publicar las convocatorias que, según la normativa, tendrán que ser “en el mismo año natural de la publicación el BOE de la oferta de empleo público, en el que se incluyan las citadas plazas”. Después, “deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada”. Esto podría alargar los procesos hasta 2027.

Precisamente, esta demora es una de las quejas del sindicato de funcionarios CSIF, que ha lamentado los “retrasos en los procesos”, que hacen que desde 2019 se acumulen “cerca de 50.000 plazas sin cubrir”, algunas de las cuales “han caducado por una mala gestión”.

Es la primera vez que se reservan un 10% de las plazas en la Administración General del Estado para personas con discapacidad. En total, son 3.147 puestos, de los que 629 irán destinados a personas con discapacidad intelectual.

Según los datos de la academia para opositores y opositoras Adams Formación, el empleo público es fundamental para la inclusión laboral de estas personas, puesto que 1 de cada 4 asalariados con discapacidad trabaja en el sector público. Sin embargo, desde el centro lamentan que “se cubren menos del 60% de estas plazas, lo que evidencia dificultades persistentes en su acceso efectivo al mercado y la necesidad de una formación adaptada y personalizada”.