En uno de los momentos de mayor tensión entre la patronal y el Gobierno, los empresarios han subido un escalón más. Y lo han hecho, en esta ocasión, de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre dispuesta a confrontar con el Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado este miércoles la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), en la que varios miembros de la organización han leído un manifiesto con el que reclaman el fin de la injerencia gubernamental en el funcionamiento de sus negocios.

Este posicionamiento se produce en pleno conflicto a cuenta de la reducción de la jornada laboral, que ha mostrado las costuras de un diálogo social que la patronal se empeña en estirar, pese a la mano tendida de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que se comprometió el martes a presentarles una nueva propuesta.

Desde la sede del banco Santander, donde se celebró la asamblea, las palabras de la presentadora Silvia Jato ya fueron una declaración de intenciones. “Es un acto reivindicativo”, dijo. Y lo que venían a reivindicar era la libertad. ‘Por la libertad de empresa’ era también el lema del encuentro.  

“En estos días confusos”, dijo el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, “se ataca la libertad y la dignidad empresarial y se describe como blanco lo que es evidentemente negro”. “El Gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su asalto a la empresa”, continuó, para apuntar a una “estrategia más amplia que impugna el modelo de libre mercado” por una “economía intervenida” por un Gobierno “que adopta tesis comunistas”. “Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros”, clamó.

Y entonces llegó Ayuso, presentada como “una mujer que, pese a estar asediada por todos los frentes, defiende al madrileño en toda su actividad”. Las loas fueron recíprocas. “Unas activistas de salón quieren machacar a los héroes de nuestra economía”, afirmó tras criticar “la burocracia, los impuestos y el intervencionismo como no se había visto desde la Transición” y unas “decisiones políticas frívolas por parte de unos políticos que ni ellos ni sus familias saben lo que cuesta crear empleos y sacar adelante proyectos”.

La presidenta madrileña cargó durante su intervención contra casi todo. Se refirió como “imposiciones, ocurrencias y ataques” a “semanas de cuatro días, reducciones de jornadas impuestas al margen de la negociación colectiva, subidas del salario mínimo sin tener en cuenta la productividad ni los costes y los alquileres intervenidos”.

En el manifiesto, intercambiable en casi todos los puntos con el discurso de Ayuso, los pequeños empresarios acusan al Ejecutivo de actuar “unilateralmente”, —“la reducción de la jornada es solo el último ejemplo”, dijo Cuerva—, con reformas que “intervienen en el funcionamiento de la empresa y hurtan la flexibilidad necesaria para su desarrollo”, mientras se les impone una “sobrerregulación” y un “excesivo control”. “Ante esta situación, las empresas españolas han de realizar una defensa activa”, reivindican, ante un Gobierno que tiene que negociar a varias bandas para superar cualquier trámite parlamentario.

El fondo del manifiesto, aprobado por la Asamblea, es claro. Los pequeños y medianos empresarios se sienten atacados en sus principios más básicos: “El objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos”. Porque, dicen, “cuando una empresa obtiene beneficios, enriquece a toda la sociedad”. Aunque a una parte más que a otra. En los últimos cinco años, los márgenes empresariales han crecido el doble que los salarios. Ello, pese a que Cepyme considera que “es necesario un marco regulatorio capaz de incentivar la iniciativa privada y lograr el aumento de la productividad, como factor determinante en la economía para elevar el nivel de vida de los ciudadanos”.

Con todo, los empresarios piden que “cese la estigmatización”. “El Gobierno demanda el control y la intervención de dicha actividad, condicionando de forma decisiva la asignación de los recursos empresariales a partir de diagnósticos erróneos y basados en un estereotipado negativo del empresario”, señalan. El manifiesto, hecho público un día después de que se conociera un nuevo dato de empleo récord en España, no indica claramente cuáles son esos diagnósticos erróneos.

La patronal reclama también la no intervención salarial. ¿Qué es un salario? “La compensación retributiva a un trabajo realizado, acordado libremente entre el empleado y la empresa, en el que influye la oferta y demanda del mercado laboral”. dicen mientras lamentan la falta de personal para determinados puestos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio hace tiempo la solución a este problema de vacantes: “Pay them more”.

En el tramo retributivo, en el manifiesto Cepyme critica el aumento del salario mínimo interprofesional del 60% en los últimos años. Este está en 1.134 euros en 14 pagas, en un país donde el gasto por medio por persona se situaba en 2023 en los 1.093 euros al mes, según la última encuesta de presupuestos familiares del INE. La patronal, no obstante, prefiere vincular el aumento de salarios a la productividad. O lo prefiere ahora, porque según el Banco de España, “el avance de la productividad aparente del trabajo durante el periodo 1990-2019 fue mayor que el crecimiento observado en los salarios reales medios”. El problema es endémico en Europa, pero aquí “la brecha es mayor”, indica la institución.

El abanico de agravios sentidos por parte del Ejecutivo es amplio. En el manifiesto, los pequeños y medianos empresarios piden también que cese el “alza continuada de cotizaciones sociales” y la “tutela gubernamental en la organización interna de las empresas”. “Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario”, que ha provocado que “”en los últimos años se viene aprobando un goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones cuyo origen es la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas“.

En 2023, la Inspección detectó 14.292 infracciones en jornada laboral y horas extra, que afectaron a 147.861 empleados, por las que impuso multas por un importe de 15,5 millones de euros. Son unos 104 euros por trabajador afectado por vulneraciones en sus derechos laborales solo en el ámbito del tiempo de trabajo.

Por último, Cepyme pide “respetar la lealtad y confianza con la que los agentes sociales” participan “en el diálogo social”. Lo hacen en un momento en el que tanto las organizaciones sindicales como el ministerio de Trabajo han puesto en duda la lealtad de la patronal a este principio, en medio de una negociación para la reducción de la jornada laboral que se alarga ya durante más de seis meses y para la que, según estas fuentes, los empresarios no han puesto sobre la mesa ni un texto con sus reivindicaciones.

Entre declaraciones cruzadas, en las que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que pediría que se revierta la medida cuando cambie el Gobierno, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha acusado a los empresarios de “burlarse” del diálogo social, la ministra Yolanda Díaz dejó la mano tendida a un posible acuerdo. “Estamos plenamente convencidos de que se puede hacer”, aseguró este martes. El lunes presentará a la patronal una nueva propuesta.