El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios.

En este momento, en el caso de las entidades locales, “con la nueva senda el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explica el Ministerio de Hacienda. En el caso de las Comunidades Autónomas, la nueva senda de estabilidad comunicada este lunes contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. 

Exactamente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comunicado a las Comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que recibirán en 2025 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta [los recursos del Estado de los que dispondrán]. Se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que las que recibieron en 2024, lo que supone un nuevo récord en financiación para las autonomías.

Previamente, la también ministra de Hacienda ha comunicado en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que los ayuntamientos recibirán en 2025 unas entregas a cuenta récord de 26.893 millones de euros, un 13,1% más que en 2024, en un contexto en el que las Administraciones nunca habían recaudado tanto principalmente por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la inflación.

“En total, incluyendo también la liquidación, las entidades locales recibirán 28.935 millones de euros en 2025, lo que supone la mayor financiación de su historia”, señala el Ministerio.

El próximo año es el ejercicio del regreso de las reglas fiscales a la Unión Europea (UE), que obligan a España a dejar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos) en el 3% o por debajo, para lo que son cruciales todos los niveles de la Administración, desde la central, pasando por las regionales, hasta las corporaciones locales.

Sin embargo, la cita de la ministra de Hacienda con las Comunidades (el Consejo de Política Fiscal) cobra una importancia definitiva por la participación de la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas. El año pasado se ausentó, pero en esta ocasión se ha presentado para defender la “financiación singular” de Catalunya, la pieza clave para que su partido, ERC, acuerde la investidura de Salvador Illa con el PSC.

La propuesta de Esquerra, que busca que la Generalitat se quede con el 100% de los ingresos del territorio al estilo del cupo vasco, está muy lejos del acuerdo al que se ha mostrado dispuesto a llegar el Ejecutivo de Pedros Sánchez.

Mientras, buena parte del resto de Comunidades Autónomas “del régimen común” —la mayoría gobernadas por el PP, pero también Castilla-La Mancha (PSOE)— piden que se reconozca su propia singularidad y que se afronte la reforma del sistema financiación, que lleva 10 años caducado. Solo Euskadi y Navarra tienen conciertos propios.

La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte [las entregas a cuenta] entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres.

En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central, más una contribución 'solidaria' al Fondo de Compensación Interterritorial).