“Esto [el debate sobre la 'singularidad' en la financiación] empieza y termina en Catalunya”, ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En otras palabras: “La negociación de Catalunya empieza en Illa y acaba en Illa”, porque “quien tiene que comprometerse a votar a favor de la investidura [del candidato del PSC que ganó las últimas elecciones a la Generalitat] es ERC, no el Gobierno en funciones. La negociación es entre el PSC y ERC”.

Montero ha asegurado que el Consejo de Política Fiscal con las Comunidades Autónomas que se ha celebrado este lunes no es el sitio para discutir el modelo de un solo territorio. Sin embargo, tampoco ha anunciado ningún avance sobre “la necesaria” reforma del sistema de financiación autonómica conjunto, que está caducado desde hace 10 años y “en el que hay regiones bien y mal financiadas”, según admiten todos los expertos.

Sí que ha pedido que el Partido Popular (PP) nacional se siente a negociar “con discreción”, porque son los partidos con “interés general”, el PSOE y el PP, los que tienen que discutir sobre el sistema de financiación, sin el condicionante de la procedencia. “El modelo que propone Andalucía es contradictorio con el de Galicia, y este con el Madrid, y los tres son gobiernos del PP”, ha insistido.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes cobró una importancia definitiva con el anuncio de la participación de la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas. El año pasado se ausentó. En esta ocasión se ha presentado para defender la “financiación singular” de Catalunya.

Según Montero, Mas ha expuesto su propuesta al resto de consejeros regionales aprovechando otro punto del orden del día de la reunión. “Sobre lo que conoce de dicha propuesta”, la vicepresidenta ha señalado que “es una suerte de concierto económico [como el de Euskadi o el de Navarra] para Catalunya con el que no estoy de acuerdo”.

“Así lo ha expresado también el PSC. Se puede avanzar en una mejor financiación de Catalunya. Se pueden incorporar singularidades, que ya existen. Pero el Ministerio de Hacienda no puede impulsar debates de Comunidades concretas”, ha añadido la ministra.

“Singularidad es el reconocimiento de especificidades de los territorios, que ocurren por ejemplo con competencias no homogéneas, como con la seguridad [los Mossos] y las prisiones en Catalunya”, ha explicado. Y un poco más allá, ha reconocido que el consorcio tributario que está contemplado en el Estatut de autonomía, que pudiera recaudar los impuestos pero no gestionar, es viable. “Es una artículo que existe en otros estatus, como en Andalucía”, ha subrayado.

Repreguntada por el asunto en rueda de prensa, Montero ha incidido en que “cualquier otra reforma del régimen general [o común] tiene que pasar por un cambio de la Ley Orgánica que regula la materia, y eso tiene que ocurrir con mayoría de Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados”.

En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas, que entre sus competencias cuentan con algunos de los servicios públicos más importantes del estado de bienestar, como la sanidad, la educación o la vivienda. Estos modelos son el “régimen común” y el “régimen foral”. Dentro del primero, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen tratos excepcionales por cuestiones históricas y geográficas. Dentro del segundo están los conciertos de Euskadi y Navarra, por razones históricas.

Junto con los recursos que el sistema de financiación proporciona a las Comunidades Autónomas, hay que añadir el resto de recursos de que estas disponen: tributos propios, transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, fondos de la Unión Europea... De igual manera, las Comunidades Autónomas pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento, aunque con unos límites diseñados por el Estado.

La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres.

En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central, más una contribución 'solidaria' al Fondo de Compensación Interterritorial).

En el pacto para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC se contempló ya “una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Catalunya”. En ese documento, firmado a finales de 2023, hay un apartado titulado “gestión singular” que da una idea de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Gobierno. En este pacto se recoge la necesidad de transferencias del Estado para financiar los servicios de seguridad (de los Mossos) que son competencia única de la Generalitat, a diferencia de la mayoría de las Comunidades Autónomas, al igual que ocurre con las prisiones. Asimismo, se contempla más dinero para “los nuevos órganos judiciales”, para la “investigación y desarrollo” y para becas.

Las nuevas exigencias del nacionalismo irían bastante más lejos y buscarían recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya y, después, transferir una parte al Estado, al estilo de los conciertos de Euskadi y Navarra. De nuevo, un 'cupo' por los servicios que presta el Estado en la Comunidad Autónoma, más otra partida para “contribuir a la equidad entre territorios”.

Los expertos reunidos por Fedea y el CGE consideraron en un informe reciente que esta exigencia “supondría una quiebra de la equidad entre personas que viven en Comunidades Autónomas diferentes e impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país”. Más allá, coinciden “en la necesidad de que la contribución de País Vasco y Comunidad Foral de Navarra a la solidaridad interterritorial sea mayor”

En cuanto a la gestión de la recaudación impositiva, señalan que, “por razones de eficiencia, no sería bueno trocear la Agencia Tributaria”, y abogan “por una administración tributaria única pero realmente compartida, esto es, con una mayor participación efectiva de los gobiernos regionales en su gestión”. 

La financiación singular se cruza con la posible asunción por parte del Estado de la deuda autonómica. “En todo caso, la condonación debería ser parcial y estar ligada a la infrafinanciación acumulada de un territorio y sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones –que deberían ser iguales para el conjunto de comunidades– con planes de ajuste factibles y verificables para las Comunidades Autónomas beneficiarias”, concluyen desde Fedea y el CGE.

En la rueda de prensa de este lunes, Montero ha avanzado que desde este mismo mes empezará a reunirse con cada territorio para diseñar las condonaciones de deuda.

“Espero que este tema sea el menos complejo que ha planteado la reforma del modelo de financiación”, ha señalado la ministra, tras poner en valor que es una medida que supondrá una mejora de las cuentas públicas para todas las comunidades autónomas, “sin excepción”.

En cualquier caso, Montero ha insistido en que la condonación de deuda es voluntaria. “Alguna comunidad autónoma le quita importancia, y yo le he transmitido con total claridad que esto es voluntario y que, por tanto, si hay alguna que no quiere esa condonación de deuda, no tiene más que decirlo porque, evidentemente, el interés del Gobierno de España es beneficiar a todas, pero no sin que ello suponga una imposición”, ha recalcado.