La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido este miércoles que se activen “las medidas preventivas” en todas las Comunidades Autónomas y en las entidades locales “ante el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional” en 2024, que es “el centro” de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que se han reactivado este año, al margen de reducir el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos) y la deuda pública respecto al PIB (Producto Interior Bruto).

La Autoridad fiscal admite el buen momento de la economía española y ve asumible el objetivo de dejar el déficit en el 3% este año —con lo que se ha comprometido el Gobierno de coalición con la Comisión Europea y ha evitado el proceso de déficit excesivo—, pero advierte del riesgo de incumplimiento de “la regla de gasto nacional”, y recomienda también que Hacienda comparezca en el Congreso para explicarlo.

“En relación con todas y cada una de las 17 Comunidades Autónomas”, la AIReF observa crecimiento entre el 4% y el 11%, frente al límite del 2,6%, que es “el límite nacional y europeo”. Lo mismo ocurre con las entidades locales para las que este organismo hace una análisis.

“Cumplir con la recomendación exigiría adoptar medidas adicionales de reducción del déficit por valor de 10.700 millones de euros”, lo que dejaría el déficit en el 2,3%, siete décimas por debajo del objetivo del 3% del cuadro macroeconómico que el Gobierno actualizó este mismo martes, sobre el que se basarán los Presupuestos Generales de 2025 y el plan fiscal-estructural de medio plazo el Ejecutivo debe enviar a Bruselas en otoño.

En este contexto, la AIReF considera que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero debería activar las medidas preventivas del artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este artículo prevé que, “la Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

“Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25”, continúa el artículo. Sobre todo, se trataría de intervenciones en los Presupuestos regionales o locales.

“La Administración central también tiene riesgo de incumplir la regla de gasto, pero nadie puede llamarla a capítulo, y por eso recomendamos que Hacienda comparezca ante el Congreso. La Ley no prevé la activación de medidas preventivas cuando la Administración Pública en riesgo es la Administración central”, ha incidido Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad fiscal, aunque ha lamentado que “nunca se han activado dichas medidas preventivas”.

La propia Autoridad fiscal detalla en un post divulgativo que “están sometidas a la regla de gasto todas y cada una de las Administraciones Públicas a excepción de la Seguridad Social. Por tanto, la Administración central, cada Comunidad Autónoma y cada corporación local son responsables de cumplir esta regla fiscal. Al excluir el subsector de Fondos de la Seguridad Social, hay una parte importante del gasto público, como es el gasto en pensiones y el gasto en prestaciones de desempleo, que no se somete a la regla de gasto”.

Las grandes dificultades que detecta la AIReF si se incumple la regla de gasto es que pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE a partir de 2025 e implican un deterioro del punto de partida del plan fiscal-estructural.

Con el escenario actual, “el tono de la política fiscal nacional será básicamente neutral en 2024. Por otro lado, el componente asociado al Plan de Recuperación aportará un impulso que resulta, en agregado, en un tono expansivo del conjunto de la política fiscal”, comenta el informe sobre el cumplimiento esperados de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2024, un ejercicio para el que han estado prorrogados los Presupuestos de 2023.

Si se cumpliera con la regla de gasto del 2,6%, la política fiscal “pasaría a ser restrictiva”, una de las consecuencias de las nuevas reglas fiscales de la UE que es una de las grandes amenazas para el crecimiento de la actividad económica y, por tanto, para la creación de puestos de trabajo. El escenario de la Autoridad fiscal choca con el positivo cuadro macroeconómico presentado este martes por el Ministerio de Economía (está analizado en esta información).