El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se van de vacaciones sin lograr un acuerdo para la reducción de la jornada laboral máxima pero con un tono más optimista que hace apenas unas semanas.

Trabajo, que a principios de este mes acusaba a la patronal de hacer una “burla al diálogo social”, ha cambiado ya el tono y saluda ahora el “tono muy constructivo” de los empresarios, así como su “compromiso de estudiar seriamente la propuesta realizada”, seis meses después de que comenzasen las negociaciones, en enero. “A la vuelta de las vacaciones de verano tendremos una opinión más firme de lo que opina la CEOE al respecto”, ha señalado Pérez Rey, que ha puesto en valor que la patronal “está en la mesa, ateniendo las propuestas del Gobierno” y ha emplazado a los agentes del diálogo social a consultar con sus órganos de dirección si la última propuesta es susceptible de acuerdo. La próxima reunión se celebrará el próximo 9 de septiembre.

Trabajo y los sindicatos ya habían alcanzado un punto en común en junio, pero se han abierto ahora para atraer a la patronal al acuerdo. “Siempre y cuando haya posibilidades”, ha insistido el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, que ha indicado que este lunes “lo relevante ha sido la clarificación concreta del perímetro que vamos a abordar”. En concreto, el Ejecutivo ha planteado tres elementos clave para llevar a cabo la reducción de la jornada laboral semanal máxima de 40 a 37.5 horas en 2025: mejorar el registro y control horario para que no sea una medida “fake”, garantizar el derecho a la desconexión digital, que ya está reconocido por ley, y establecer una “flexibilidad suficiente” para implantar la reducción de jornada en aquellos sectores que aún están por encima del tope comprometido por el Gobierno en su acuerdo de coalición. “Esa regulación tiene que ir llevándose a cabo paulatinamente, que es algo que ha venido reclamando la patronal en el interés de sus empresas”, ha indicado el secretario de Estado.

Una de los soluciones que habían trasladado desde la patronal era que las reducciones se negociasen convenio a convenio. “La mayoría”, según los datos de Pérez Rey, “van a perder vigencia entre 2024 y 2025. Por lo tanto, está claro que durante esos dos años, la flexibilidad suficiente va a permitir, además, esa reclamación de la propia patronal”.

A lo que parece difícil que el Gobierno vaya a llegar es a su compromiso inicial de recudir la la jornada a 38,5 horas para el año en curso. Con el acuerdo con los agentes sociales fiado, como mínimo a septiembre, el trámite parlamentario y recabar los apoyos necesarios dificulta al extremo este objetivo. De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, admitía que la reducción podía decaer aunque hubiera acuerdo, como “casi pasa con la reforma laboral”. Desde el entorno del Ministerio, no obstante, confían en las encuestas que dan un amplio apoyo social a la medida para atraer el voto a favor del Congreso y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lanzado varias veces una pregunta en la última semana: “¿El Partido Popular va a aprobar la jornada de 37,5 horas?”.

Luján ha reclamado además al Ejecutivo y al poder legislativo español que no “dimitan de sus obligaciones”: “Nos llama mucho la atención cuando la patronal apela a la negociación colectiva. Claro que es básica, pero no puede supone que el Gobierno y el legislativo dimitan de sus obligaciones, que son regular, como ha ocurrido siempre, los límites máximos y mínimos de las relaciones laborales y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Ante la situación actual, los sindicatos han insistido en la idea que ya plantearon la semana pasada. “Hoy las movilizaciones están cerca”, ha dicho Gutiérrez, que ha señalado que el objetivo es “animar a la patronal a llegar a un acuerdo”. “En septiembre nos sentaremos para programarlas, con el objetivo último de alcanzar un acuerdo”, ha insistido.