El Consejo de Ministros del Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda que, entre otras medidas, incluye la “cesión temporal obligatoria” de pisos vacíos.

El objetivo es garantizar un crecimiento moderado y respetuoso con el entorno y los recursos del país, y aportar soluciones a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a viviendas de alquiler.

“No se puede disociar el derecho a la vivienda del crecimiento sostenible de nuestro país”, ha afirmado el jefe de Gobierno, Xavier Espot, durante la rueda de prensa de presentación del texto que ha hecho junto a los ministros de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, de Turismo y Comercio, Jordi Torres, y de la titular de Justicia e Interior, Ester Molné.

En este sentido, ha recordado que el proyecto de ley tiene afectación en ámbitos como el turismo, las finanzas, la inversión extranjera o aspectos de regulación en materia de inmigración, todo con el objetivo de poner en el mercado más de “un millar de pisos” de alquiler.

Espot también ha subrayado que la nueva ley permite afrontar el problema de la vivienda y complementar la congelación de los alquileres hasta 2024, una medida que, según su punto de vista, da margen al Gobierno para aportar soluciones “decididas y valientes” y desarrollar una política seria en materia de alquiler a corto y medio plazo.

El texto define como piso vacío a aquellas viviendas que no tienen contrato de suministro eléctrico o que no tiene consumo de energía durante los dos años anteriores al 1 de enero de 2024, y la cifra provisional es de “unos 2.000 pisos”.

Para hacer aflorar los pisos vacíos, en un primer momento se enviará un requerimiento al titular de la vivienda para informarle de que su piso se considera vacío y dispondrá de tres meses para justificar que el supuesto no es cierto.

En todo caso podrá vender, alquilar o ceder el uso de su piso al Gobierno para que forme parte del parque público de vivienda de alquiler a precio asequible en las condiciones que se establezcan.

Pasados los tres meses, si no hay justificación de ocupación del piso, el Gobierno declarará el “incumplimiento de la función social de la vivienda”, por lo que el mismo ejecutivo acordará mediante una resolución la cesión obligatoria y temporal del uso de la vivienda por un plazo de 5 años como máximo.

A cambio, el titular del piso percibirá una compensación económica equivalente a la renta de precio asequible que se defina y en caso de que sea necesario el Gobierno financiará, por cuenta del titular del piso, los gastos de los trabajos que sean necesarios para que la vivienda sea “digna” y se deducirá del importe de la renta.

El Gobierno también garantizará el pago del alquiler en caso de impagos por parte del inquilino y en caso de que en un plazo de 6 meses el piso no sea entregado a una persona con necesidad, el titular podrá recuperar el uso de su vivienda.

Finalmente, se ha previsto un incremento del impuesto de pisos vacíos que pasará de los 50 euros por metro cuadrado actuales a los 100 euros por metro cuadrado.

Pisos turísticos El proyecto de ley prohíbe la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico (HUT, por sus siglas en catalán) y de apartamentos turísticos.

Para los permisos vigentes se ha previsto un sistema de caducidad temporal, que se podrá renovar cada 3 años teniendo en cuentas dos supuestos: siempre que el HUT se encuentre en un edificio donde más del 30% del total de pisos sean también HUT podrá renovar la licencia con nuevas condiciones para incrementar la calidad, mientras que si no están en un edificio con más del 30% del total de pisos que sean HUT no podrán renovar la licencia.

Los cálculos del Gobierno apunta que habrá “unos 660” pisos afectados por la pérdida de licencia, cerca del 25% del total de casi 2.800 pisos turísticos que hay en el Principado.

Si en un plazo de 6 meses de la cesión del piso al Instituto Nacional de la Vivienda (INH, por sus siglas en catalán) no se ha podido alquilar, el titular recuperará la licencia turística.

En cuanto a la inversión extranjera, ha decidido que las personas físicas no residentes, las personas físicas residentes con menos de 3 años de residencia, las personas jurídicas de nacionalidad extranjera y las personas jurídicas de nacionalidad andorrana con participación extranjera en su capital superior al 25% sol podrán adquirir dos pisos en el país.

También se prohíben las promociones inmobiliarias extranjeras, excepto si están destinadas al mercado de alquiler, y la inversión extranjera directa de más del 25% en una sociedad andorrana requerirá autorización previa, cuando hasta ahora era del 50%.

El proyecto de ley contiene un incremento del tipo de gravamen sobre la plusvalía inmobiliaria en las transacciones de bienes inmuebles hechas tanto por residentes como por no residentes en función de la ganancia y del tiempo transcurrido desde la adquisición del bien.

En materia de inmigración de eliminan los permisos de trabajadores desplazados extracomunitarios y se prohibirá trabajar por cuenta propia a los titulares de una autorización de residencia y trabajo durante el primer año de vigencia de la autorización para evitar que se eluda el pago del depósito de 50.000 euros.