El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el real decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España, “que tendrá como finalidad la realización de informes y análisis para mejorar la productividad y competitividad de la economía española”, según explica el Gobierno de coalición.

“La creación del Consejo está en línea con las mejores prácticas internacionales, tendrá autonomía funcional, se basará en la colaboración institucional y estará compuesto por personas de reconocida experiencia y competencia en la materia”, continúa el Ejecutivo.

Su objetivo principal es emitir opiniones sobre “la productividad y su reparto”, justo en un momento en el que el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos están peleando por reducir la jornada laboral oficial, mientras que las empresas y las visiones más ortodoxas niegan esta medida y otras como seguir elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el resto de sueldos.

Tanto Díaz como los representantes de los trabajadores exigen que reduzca la brecha que se ha creado en los últimos años entre el incremento de las productividad y el aumento de los salarios reales. Las voces que se oponen dan la vuelta a esta argumento y señalan precisamente la debilidad del incremento de la productividad del trabajo, sobre todo respecto a otras economías europeas, y el freno que esto supone para el crecimiento de la actividad en general y del empleo.

“La creación del Consejo de Productividad supone una mejora en la calidad institucional de España, puesto que refuerza el procedimiento de adopción de medidas de política económica y profundiza en la evaluación de las políticas públicas. Los informes, dictámenes y trabajos del Consejo de la Productividad pondrán a disposición de los poderes públicos un amplio catálogo de análisis y propuestas que permitirán a los diferentes niveles de la Administración adoptar políticas que favorezcan la productividad y competitividad”, incide el Ministerio de Economía.

Este es organismo es una recomendación del Consejo de la Unión Europea para que todos estados miembros. “Entre sus primeras tareas estará analizar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial a las empresas y trasladar el prestigioso informe de Enrico Letta sobre el mercado único europeo al ámbito nacional”, añaden desde Economía.

El Consejo tendrá autonomía funcional y el nombramiento de sus miembros se hará en base a criterios de experiencia y competencia. Estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y quince vocales, su composición será paritaria y la duración del mandato de todos sus miembros será de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

El Consejo será también autónomo en la elaboración de su plan de trabajo y en la detección de ámbitos de estudio relevantes, así como en la elaboración de los análisis e informes.

La presidencia es designada a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La vicepresidencia por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El nombramiento de los vocales atenderá siempre que sea posible al principio de paridad y será responsabilidad de las personas titulares de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades; de Transformación Digital y de la Función Pública; de Hacienda, así como del Banco de España y del Consejo Económico y Social. 

Por último, las personas que ocupen la presidencia y la vicepresidencia designarán, con la aprobación del Consejo, a cinco vocales independientes que deberán ser economistas de reconocido prestigio académico. Participarán en el consejo con voz, pero sin voto, dos personas a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y dos personas a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal, además del secretario.