La inflación bajó seis décimas en julio al 2,8%, un mínimo del año. El IPC (Índice de Precios de Consumo) se modera desde el 3,4% interanual de junio por la bajada de los precios de la electricidad y los alimentos, según ha avanzado el INE (Instituto Nacional de Estadística) este martes.

Con la bajada del IPC interanual (en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior), la inflación encadena dos meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en julio igualó la tasa general del IPC, un 2,8%, tras ceder dos décimas respecto a junio.

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC se contrajo cinco décimas tras seis meses consecutivos de alzas. El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.

La semana pasada, el Gobierno de coalición consiguió la convalidación en el Congreso de los Diputados del último decreto anticrisis, aprobado en el Consejo de Ministros del 25 de junio, con medidas para aliviar el daño de la inflación. Entre ellas, la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, la subida de los sueldos a los funcionarios en 2024 o la extensión del bono social eléctrico.

Este último paquete prorroga algunas medidas vigentes desde finales de 2023, pero elimina otras, “atendiendo a la moderación de la inflación” y para cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europeo (UE), que se han activado en este 2024 —según explica el Ejecutivo—, tras permanecer suspendidas desde 2020 para permitir una respuesta social al doble shock de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania.

“Hemos tomado medidas por 120.000 millones desde 2020. Un impulso fiscal sin precedentes para proteger rentas, salvar puestos de trabajos y transformar la economía”, señaló la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “En la anterior crisis financiera se aplicaron medidas de austeridad caducadas”, incidió la también ministra de Hacienda.

Uno de los grandes problemas que aborda el último decreto anticrisis aprobado en Consejo de Ministros a finales de junio es la inflación de los alimentos. La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar este daño a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo decidió prorrogarla en el Consejo de Ministros del 25 de junio, con un esfuerzo extraordinario —pactado con Junts— para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.

El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anticrisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, forma parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.

El coste total de todas las medidas tomadas desde 2021 para aliviar el daño de la inflación es de alrededor de 50.000 millones, siendo las medidas más caras las relacionadas con la electricidad (que superan los 20.000 millones entre todas: recorte del IVA de la factura, del impuesto especial, subvenciones al sector...) y las deducciones en el IRPF (impuesto de la renta).

Precisamente, en junio se prorrogaron otras medidas del decreto anticrisis que decaída entonces, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales. “La suma de las medidas fiscales, entre IVA e IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año”, apuntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, añadió Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año. Además, el nuevo decreto anticrisis hace indefinida la tarifa de último recurso (la TUR) de gas para las comunidades de propietarios.

Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos regresó en julio al valor reducido del 10% con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh), como pasó en junio, según contempla el primer decreto anticrisis, de 2021.