Tras concluir la reforma de la jubilación, llega el análisis de las bajas laborales. “Nos hemos comprometido a poner encima de la mesa del diálogo social todo lo relativo a la incapacidad temporal, como buena muestra de que el Gobierno no para de trabajar para afrontar los desafíos a los que se enfrenta nuestro país”, afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este miércoles tras el acuerdo alcanzado esta semana.

El ministerio quiere iniciar un proceso de diálogo para analizar y descifrar las incógnitas tras un incremento de estos procesos que ha repuntado tras la pandemia, pero que impacta en todos los países del entorno. Y más allá, porque fuentes de la Seguridad Social citan como ejemplo a Corea del Sur, con una cultura laboral totalmente diferente.

En la última década, las incapacidades temporales por contingencias comunes no han parado de crecer. Como se muestra en el siguiente gráfico, 2014 cerró con 27,7 trabajadores de baja por cada 1.000. A finales del pasado mes de abril, el último dato disponible, había 50. Un aumento que, aunque menor, se ha notado también entre los autónomos, mientras las bajas por contingencias profesionales permanecen estables.

Los expertos coinciden en señalar que no hay una única respuesta, aunque coinciden en algunos diagnósticos. El primero es el envejecimiento de la sociedad. “La pirámide poblacional se está invirtiendo. Si tienes una población trabajadora envejecida, es normal que haya más casos de artrosis, lesiones de espalda, patologías degenerativas, hernias discales...”, explica el exvicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspectores de Servicios Sanitarios (FAISS) y antiguo responsable de las Inspección Médica de Madrid, el doctor José Morán, ya jubilado. En 2023, el 34,6% de las personas que trabajaban tenía más de 50 años.

En lo que va de siglo, la edad media de la población trabajadora se ha incrementado en seis años, hasta los 43,5 en 2022, según un informe de Funcas. Esto es consecuencia de las altas tasas de paro juvenil, que el Ejecutivo quiere revertir y que, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, marcó su mínimo histórico en julio. Mientras, el reciente acuerdo entre Seguridad Social, patronal y sindicatos busca flexibilizar la compatibilidad de empleo y pensión y premiar a quien demore su retiro. “Si hay trabajadores de edad avanzada, es posible que haya que recurrir a una mayor vigilancia de la salud”, considera la profesora de Derecho del Trabajo y subdirectora del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Carlos III de Madrid, Ana Belén Muñoz.

Otro factor a tener en cuenta es el ciclo económico. A más empleo, mayores tasas de incapacidad temporal. Aunque pueda parecer contradictorio, la explicación es sencilla. “Si la gente no ve peligrar su trabajo con tanta intensidad, se permite coger las bajas cuando las necesitan, y al contrario”, apunta el estadístico especializado en mercado laboral, Raül Segarra. “Por suerte, las condiciones de empleo no son tan malas como hace años”, coincide la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Mancheño, que considera que “no es que ahora se cojan más, es que antes los trabajadores iban enfermos a trabajar”.

Precisamente, lo que los sindicatos y muchas voces autorizadas quieren desterrar es el término “absentismo”, en el que los sectores empresariales suman las bajas laborales, además de otro tipo de ausencias. “En muchos informe se incluyen las incapacidades temporales, los permisos por maternidad y paternidad y hasta los días porque se te ha muerto un familiar y te tienes que desplazar”, apunta Segarra, que considera que hay “un relato construido alrededor” de este concepto que pretende cargar la culpa en el trabajador. “Nos negamos a que en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva figurase esa palabra. A veces perdemos el debate del lenguaje, pero si ponemos el foco en la salud en lugar de en la presencia los resultados son mucho mejores. No se trata de estar, sino de estar curados”, añade el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján. Porque, apunta Mancheño, “el ejercicio de un derecho no es absentismo”.

Las principales organizaciones sindicales, UGT y Comisiones, coinciden en que la comisión para analizar el auge de las incapacidades temporales es “necesaria”. Luján pone el foco en estudiar “en qué condiciones se están prestando servicios”. “Hemos introducido la tecnología, la inteligencia artificial y la robotización, lo que está generando demasiado estrés en el trabajo”, desarrolla. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha introducido en la negociación para la reducción de la jornada laboral la desconexión digital, que tiene que ver con la forma en la que se organiza y distribuye el trabajo fuera de la jornada, pero influye también en la capacidad de descanso, con su efecto en la salud.

“La mala salud de las personas trabajadoras es un asunto laboral en la medida que, en ocasiones, está vinculada con la organización del trabajo”, apunta Ana Belén Muñoz, que menciona cuestiones como la sobrecarga de tareas o funciones, conflictos laborales e, incluso, situaciones de acoso moral. “De poco sirve el periodo de baja si no se ataja la causa del problema y, en este sentido, sería deseable que se promoviera la elaboración de protocolos de salud mental”, indica.

Otro de los factores que los expertos tienen en cuenta a la hora de analizar el incrementos de las bajas laborales es el drama de la salud mental que destapó la COVID-19. “Tenemos más procesos, con mayores duraciones”, apunta Mancheño, que lo relaciona “con la pandemia, pero también con las condiciones psicosociales en el ámbito del trabajo, con mayores exigencias y menos capacidad para organizar el trabajo”. Hacer muchas camas, ver a más pacientes, atender a más residentes.

Las bajas por salud mental han acompañado e impulsado el incremento de la tasa general. Como muestra el siguiente gráfico, la progresión es clara. “Son procesos que pueden irse al año”, señala el presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Juan Carlos Rueda, que lamenta una escasísima inversión en prevención. Según los datos del Ministerio de Sanidad, España invierte el 7,8% del PIB, unos 2.000 euros por habitante, en la sistema sanitario, de los que solo el 25,4% se destinaron a prevención y salud pública.

“Desde el punto de vista de la medicina del trabajo, está claro que hay un envejecimiento de la población, al que se le suma el aumento de la patología mental y la falta de protección”, desarrolla Rueda, que apunta también a la “falta de medios y recursos en la sanidad pública”. La crisis viene de lejos, afecta principalmente a la atención primaria y repercute en las bajas, porque es una cadena. Espera para ver al médico de familia, espera para una prueba diagnóstica, espera para una intervención... sin poder trabajar.

“La prestación por incapacidad temporal no se puede criminalizar, es un beneficio que hay que proteger y mimar, pero hay que asesorar y agilizar los procesos para cumplir los tiempos óptimos”, reclama Rueda, que recuerda que “detrás de cada proceso hay un acto médico por el que se valora que esa persona no puede estar trabajando”. Para tratar de atajar el problema, sindicatos y patronal pactaron que las mutuas colaborasen con el sistema público de salud en el diagnóstico y tratamiento de las bajas traumatológicas, para aprovechar sus recursos y saltarse las listas de espera.

Los datos permiten ir saltando de una causa a otra. ¿Crisis de la sanidad? ¿Problemas para retener a los profesionales sanitarios? La siguiente gráfica muestra cómo el sector de la sanidad es uno de los que presentan mayores pérdidas de horas trabajadas. No debería ser una sorpresa, los médicos de muchas comunidades autónomas llevan años advirtiendo de las situaciones de estrés, ansiedad y burnout que sufren en el desarrollo de su actividad profesional, incluso antes de la pandemia.

Como las causas, las soluciones son también variadas. Los expertos coinciden en una: el refuerzo de la sanidad pública. Algunas voces apuestan por dar más competencias a las mutuas. Otras por incorporar especialistas en medicina del trabajo en atención primaria o, como ha propuesto CCOO, permitir la reincorporación paulatina de los trabajadores a sus puestos. Morán indica también que una de las cuestiones históricas es que quien “receta” la baja, el sistema público de salud, que depende en buena parte de las comunidades autónomas, no es quien paga las prestaciones: la Seguridad Social y las empresas. “La solución es coordinar y que los fondos que el Ministerio dedica a las comunidades, que han recibido dinerales y lo han dedicado a otros asuntos, vaya realmente a contratar médicos”, propone.

Rueda reclama también una modificación normativa en la gestión de la prestación tras el año de incapacidad. “A partir del día 365, pasa al INSS, donde hay un embudo que demora los procesos hasta que se puede citar y resolver la incapacidad”, explica. Con todo, la duración de las bajas no ha sufrido grandísimas variaciones. Sí ha crecido en el caso de los autónomos, con un incremento mantenido, que sufrió un salto durante la pandemia. En 2019, fueron 93 días y en 2024 eran más de 100. En el caso de las contingencias comunes, el efecto fue el contrario, de 38 a 36.

Con todo, el médico inspector José Morán bromea con que “lo de que hay un millón de personas que no va a trabajar se lleva oyendo toda la vida”. Segarra, por su parte, abre otro punto de discusión: “En época de bonanza hay más incapacidades temporales, pero también se hacen más horas extraordinarias... no pagadas”.