Las peticiones para aumentar los impuestos a los superricos ganan adeptos e incluso los gobiernos conservadores se están subiendo a esta ola. En Italia, los ministros del gobierno de derechas de Giorgia Meloni han duplicado un impuesto “plano” sobre los ingresos extranjeros de nuevos residentes, de 100.000 a 200.000 euros.

Esta “tarifa plana” fue creada en 2017 para atraer grandes fortunas y profesionales de élite y logró el efecto buscado en su momento, ya que 1.186 ricos adoptaron Italia como país de residencia. Sin embargo, las protestas de este año en torno al aumento del precio de las viviendas en las grandes ciudades y la inflación han evidenciado que la tarifa plana no está alineada con el estado de ánimo imperante. El Ministro de Economía del país, Giancarlo Giorgetti, ha señalado que Italia está en contra de la idea de que los países compitan entre sí para ofrecer “favores fiscales” a los ricos.

La decisión llega sólo unas semanas después de que 19 exjefes de Estado -entre ellos la exprimera Ministra de Australia Julia Gillard, y Dominique de Villepin, primer ministro de Francia durante la presidencia de Jacques Chirac- firmaran una carta conjunta en la que pedían más impuestos sobre la riqueza, y de que una reunión de ministros de Economía del G20 acordara que era necesario hacer mayores esfuerzos para gravar a la élite mundial.

Aunque Giorgetti no menciona al Reino Unido, otro de los motivos del cambio en la política fiscal ha sido la supresión parcial por parte del ex primer ministro Rishi Sunak de las exenciones fiscales para los residentes extranjeros ricos, conocidas como estatus de no domiciliado. El trato de favor de Italia se convirtió en un bochorno para Meloni, y aún más cuando el actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prometió que un gobierno laborista entrante adoptaría una postura aún más dura con los no residentes si ganaba las elecciones.

La retórica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha dado impulso al debate en torno a un esfuerzo coordinado y conjunto para gravar las grandes fortunas. Durante su campaña a las elecciones presidenciales de noviembre, hasta que decidió hacerse a un lado y dar paso a Kamala Harris como candidata a la presidencia del Partido Demócrata, Biden convirtió los privilegios fiscales de los superricos en uno de los ejes de su agenda.

Rebecca Gowland, directora ejecutiva de Patriotic Millionaires UK, un grupo de presión que hace incidencia para acabar con la riqueza extrema afirma que no cree “haber visto una transformación tan pronunciada en la narrativa en torno al impuesto sobre la riqueza como en los últimos tres años”. En su opinión, los debates en el G20 en torno a gravar con más impuestos a las grandes fortunas son “increíblemente emocionantes”: “Aunque no se han consensuado medidas fiscales concretas, son muchos los países que están de acuerdo en que hay que tomarse en serio este asunto, lo que supone un gran avance”.

El G20, creado tras la crisis de 2008 para coordinar los esfuerzos de reconstrucción de la maltrecha economía mundial, cuenta con miembros de todo el mundo, desde Arabia Saudí, México, Turquía e Indonesia hasta Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Brasil es el actual anfitrión y se atribuye al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, el mérito de haber situado el impuesto sobre la riqueza en el primer punto del orden del día de la agenda. Da Silva invitó al economista francés Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea y discípulo del referente en distribución de la renta Thomas Piketty, a asesorar al G20 sobre cómo gravar a los más ricos de forma que todos los países pudieran alinearse y sumar esfuerzos.

El informe de Zucman, titulado Minimum effective taxation standard for ultra-high net worth individuals (un estándar para un impuesto mínimo coordinado para los grandes patrimonios), señala que las grandes fortunas pagan actualmente una media del 0,3% en impuestos sobre su patrimonio. Un tipo impositivo efectivo es la cantidad calculada después de incluir todas las lagunas y medidas legítimas de evasión utilizadas por los megarricos.

En su investigación, Zucman afirma que entre 1987 y 2024 la riqueza media del 0,0001% de las personas más adineradas había crecido un 7,1% anual de media, con lo que la proporción de la riqueza mundial de los multimillonarios pasó del 3% al 14%. Para el economista, su propuesta es como un complemento del impuesto sobre la renta, de modo que los milmillonarios paguen un impuesto anual equivalente al 2% de su riqueza. Además, afirma que la fiscalidad progresiva es un pilar de la democracia.

Un impuesto mínimo equivalente al 2% de la riqueza de los milmillonarios recaudaría entre 180.000 y 230.000 millones de euros al año, procedentes de unos 3.000 contribuyentes de todo el mundo. Según el informe de Zucman, si este impuesto se extendiera también a las fortunas a partir de cien millones de euros, los cienmillonarios, se generaría entre 90.000 y 130.000 millones de euros adicionales.

Noruega tiene un impuesto sobre las grandes fortunas desde hace muchos años. Al ser uno de los países más ricos del mundo en términos de riqueza por persona, este impuesto ha sido a menudo objeto de debate. En 2023, un año después de que el Gobierno de izquierdas de Oslo aumentara el tipo del 0,85% al 1,1% (para aquellos contribuyentes con una fortuna superior a los 2,1 millones de euros), los periódicos noruegos informaron de una fuga fiscal de las grandes fortunas, algunos de ellas a Suiza.

España reintrodujo un impuesto sobre las grandes fortunas al mismo tiempo que Noruega subía el suyo, provocando los mismos titulares sobre la fuga masiva de millonarios hacia países con más ventajas fiscales, aunque no está claro que esté ocurriendo. El impuesto sobre el patrimonio español se aplica a las fortunas superiores a 3 millones de euros y puede alcanzar el 3,5% en función del patrimonio de las personas.

Muchos ciudadanos suizos sostienen que los residentes ricos han disfrutado de un trato de favor durante demasiado tiempo. Los ecologistas argumentan que el país ya está sufriendo algunos de los peores efectos de la crisis climática y que el Gobierno, célebre por sus bajos impuestos, debería gastar más para reducir las emisiones de carbono. Tras la afluencia de multimillonarios noruegos y un acalorado debate sobre quién debe pagar más impuestos para financiar iniciativas respetuosas con el clima, la sección juvenil de los socialdemócratas suizos (JUSO) propuso un impuesto de sucesiones del 50% sobre las herencias de más de 50 millones de francos suizos (52 millones de euros), destinando el dinero a la reestructuración ecológica de la economía. La campaña logró 130.000 firmas de apoyo a la petición “Iniciativa para un futuro”, superando el umbral de 100.000 firmas establecido por el Parlamento suizo para la celebración de un referéndum nacional.

En respuesta, el gobierno suizo anunció que haría campaña en contra del impuesto cuando se celebre un referéndum en los próximos dos años, pero con el deshielo de los Alpes suizos, los políticos están sometidos a la presión de explicar de dónde sacarán el dinero para hacer frente a la crisis climática, si no es con mayores impuestos a las grandes fortunas.

La ONG Oxfam, que elabora un informe anual sobre fiscalidad mundial, apoya la iniciativa del G20, pero quiere que no se limite a abordar la situación de multimillonarios como Bill Gates, exdirector ejecutivo de Microsoft; Bernard Arnault, director de la marca de lujo LVMH; Jeff Bezos, de Amazon; y las familias Schwarz y Albrecht, megamillonarios alemanes que están detrás de las cadenas de supermercados Lidl y Aldi.

Muchos gobiernos temen ahuyentar a los inversores ricos hacia países no pertenecientes al G20. Singapur y Emiratos Árabes Unidos tienen centros financieros y sistemas fiscales favorables para las grandes fortunas, lo que ha llevado a que muchos megarricos establezcan su residencia en estos países.

Christian Hallum, asesor principal de política fiscal de Oxfam, señala que el G20 no debe dejarse intimidar por la amenaza de una fuga fiscal masiva. “Durante décadas, al 1% más rico le ha ido muy bien y ha pagado tipos impositivos efectivos más bajos que la mayoría de los hogares”, afirma. Oxfam quiere que el impuesto sobre las grandes fortunas también se aplique a los cienmillonarios, no solo a los milmillonarios, y que el dinero adicional recaudado de los impuestos se destine a medidas contra la pobreza.

Aunque en la ONG señalan que están “muy ilusionados con lo ocurrido en la reunión de ministros de Finanzas del G20 y con la intención de gravar a los superricos”, también matizan que “aunque el 2% es mejor que nada, podemos ser más ambiciosos. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para combatir la pobreza en el mundo y ampliar nuestro alcance”.

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Traducido por Emma Reverter.