El alcalde de Valladolid y senador del PP, Jesús Julio Carnero, ha encargado un estudio sobre el soterramiento de las vías del tren en la capital vallisoletana, un megaproyecto que rechaza el Gobierno central, a una micropyme sin apenas facturación de familiares de dos directores generales del gobierno de la Comunidad de Madrid.

El consistorio vallisoletano encargó el pasado 2 de julio a la firma madrileña Eficia que entregue a finales de septiembre un estudio sobre el soterramiento, a cambio de 17.545 euros más IVA, como avanzó El Norte de Castilla. Se trata de un contrato menor (la modalidad con menos controles, en la que no es necesario elaborar un pliego de condiciones) del que por ahora no hay rastro en el portal de Transparencia del consistorio.

El Ayuntamiento confirma, a preguntas sobre este asunto, que la elegida es Eficia Gestión de Proyectos SL, cuyos socios fundadores son los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Juan Ayres e Ignacio Piccio-Marchetti, hermanos de sendos altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Juan Ayres, con amplia experiencia en el sector de la ingeniería, es hermano del también ingeniero de Caminos Ignacio Ayres, que desde junio de 2021 es director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y tiene una trayectoria muy vinculada a las obras públicas con el PP.

Antes de recalar en el gobierno de Ayuso, Ignacio Ayres fue asesor del ministro popular Íñigo de la Serna en Fomento, consejero de la ingeniería pública Ineco, asesor técnico en Adif o asesor en el Gabinete del Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Hasta su nombramiento como alto cargo de Ayuso, Ayres fue asesor parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados como responsable del Área de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana y Vivienda. Casado con Mónica García Molina, ex teniente de alcalde en Pozuelo de Alarcón y actual diputada del PP en la Asamblea de Madrid, otro de sus hermanos, Luis, es desde hace 20 años directivo de Imesapi, antigua filial de conservación de carreteras de ACS, vendida al grupo francés Vincci en 2021.

El otro socio fundador de Eficia, también con amplia experiencia en el negocio constructor e inmobiliario, es hermano de la actual directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, que ocupa ese cargo en el gobierno de Ayuso desde junio de 2021, tras ejercer como Subdirectora General de Licencias del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, donde es arquitecta municipal por oposición.

Ignacio Piccio-Marchetti es, según el Registro Mercantil, primer accionista de Eficia, con un 33,34%. Los otros dos socios, con sendos paquetes del 33,33%, son Juan Ayres y Ramón Rodríguez.

Este último es desde abril de 2022, según su perfil en LinkedIn, responsable de Finanzas y Administración de OHLA, la antigua OHL. Antes trabajó en compañías como Isolux Corsán o Acciona y fue directivo en Aldesa, que junto a la propia Isolux y otras como FCC, Sacyr o OHL fue una de las constructoras implicadas en la investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular recogida en los papeles de Bárcenas.

Al teléfono, Juan Ayres explica que él va a ser el encargado de pilotar estos trabajos. Subraya que sus empresas han contratado con el Ministerio de Transportes o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y niega tajantemente que sea una contratación “a dedo”, ya que, según explica, se presentaron otras dos ofertas.

Añade que su trabajo va a consistir en analizar con un trabajo “muy básico” y “números gordos” las distintas alternativas para soterrar la vía, contemplando una posibilidad que no ha tenido en cuenta Adif, la de utilizar muros pantalla que se van cubriendo con losas, una alternativa “que puede ser mucho más barata” que utilizar una tuneladora. La idea es “romper el hielo” y “abrir el melón” de cara a la ulterior realización de los trabajos. “Ojalá” este contrato sirva a su firma “para lograr un contrato de ingeniería de 300.000 euros”, dice.

En su rudimentaria web, Eficia explica que ha participado en decenas de proyectos de infraestructuras. La empresa se constituyó en 2014. Sus últimas cuentas disponibles son propias de una pyme sin apenas actividad. Sin ningún empleado, en 2022 sus activos eran de solo 6.996,49 euros, tenía un patrimonio neto negativo de 25.000 euros y facturó apenas 37.449 euros, con unas pérdidas de unos 14.000 euros, siempre según la información disponible en el Registro Mercantil.

La empresa tiene una filial, Difunde, dedicada a “revalorizar patrimonio desamparado”, área a la que se dedica la asociación Hispania Nostra, centrada en la defensa del patrimonio cultural y natural de España y a la que está vinculado uno de los socios de Eficia. Con esta firma, Juan Ayres “ha participado en múltiples proyectos que le han permitido mantener un contacto estrecho con las principales empresas constructoras del país”, se lee en la web de esta entidad, que cada año elabora una “lista roja” de monumentos en peligro y tiene como presidenta de honor a la reina, y como vicepresidentes de honor, a aristócratas como Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba.

Ahora, Eficia se va a encargar de analizar durante dos meses los dictámenes de Adif para elaborar el informe “profundo y riguroso” que anunció en febrero el alcalde de Valladolid. Con ese informe en la mano, Carnero quiere tomar una decisión “clara y definitiva” sobre esta obra faraónica, descartada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que pilota su antecesor en la alcaldía, el socialista Óscar Puente. El ministro ha calificado ese plan de “entelequia”.

El gran proyecto de ciudad de Carnero y de sus socios de gobierno, la ultraderecha de Vox, pasa por enterrar las vías del tren. Fue la gran promesa electoral del PP. Al otro lado, PSOE y Valladolid Toma La Palabra (IU con Podemos y otros partidos de izquierdas), en defensa de lo que se conoce en la ciudad del Pisuerga como integración, que básicamente es crear 17 túneles para hacer permeables ambos lados de la vía reduciendo el potencial coste de soterrar.

Valladolid se encuentra dividida en dos, de norte a sur, por el paso de las vías del ferrocarril. Este macroproyecto lleva planeando por la ciudad desde hace décadas. Tras diferentes amagos y modificaciones, en 2015, con el cambio de color en el consistorio pucelano, el PSOE renunció al plan tras decidir no asumir los más de 400 millones de deuda que la ciudad tenía. El anterior alcalde, Javier León de la Riva, del PP, tuvo que dar cuentas ante la Justicia para ser absuelto en el caso ''comfort letters'. Y todo ello sin haberse comenzado a mover tierra. 

En 2017, la Sociedad Alta Velocidad de Valladolid (SVAV), formada al 25% por el Ayuntamiento, el otro 25% por la Junta de Castilla y León y el restante 50% dependiente de entidades que forman el Ministerio de Transporte como Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, sacó adelante el proyecto de integración a cambio de negociar esos 400 millones heredados. En ese momento, el alcalde era Óscar Puente, y tanto en la Junta como en el Gobierno central gobernaba el PP. Ese año, comenzó la firma para la construcción del paso de peatones y el túnel de La Pilarica.

Tras este, se sumaron los túneles de Andrómeda, Rafael Cano y Panaderos. Y los de Labradores y Padre Claret, que están en construcción. Tras 8 años de avance, Carnero tomó el bastón de mando de Valladolid prometiendo “irse” si no conseguía avanzar en el soterramiento. También arrancó a Alberto Núñez Feijóo una promesa sobre esta megaobra. El presidente nacional del PP dio su palabra de hacer todo lo posible por soterrar si llegaba a la Moncloa en 2023.

El alcalde quiso meter una marcha más para llevar a cabo su plan y pidió ir en la lista del Senado a cambio de ser candidato a la Alcaldía. Según el regidor su objetivo era acelerar el soterramiento desde el Senado. Con lo que no contaba es con que Puente estaría como ministro encargado de hacer cumplir el acuerdo de integración de la SVAV.

Una de las críticas al plan de soterrar es la falta de un presupuesto. La directora de Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, presentó un estudio técnico y económico que concluía que el coste de la obra sería de 1.570 millones de euros, que si se tiene en cuenta toda la intervención ferroviaria aumenta hasta los 2.765 millones, y no se acabaría como mínimo hasta dentro de 17 años. Ayres considera que esa cifra está inflada por que no se han contemplado otras alternativas y considera “sorprendente” que Adif presuma de soterrar las vías en otras ciudades españolas.

El actual alcalde se propuso enviar una carta todos los lunes al ministro y anunció que iban a realizar su propio estudio, que ahora ha encargado a una empresa fundada por familiares de dos cargos del PP en Madrid.