La contribución de los grandes patrimonios a la distribución de la riqueza en el mundo es exigua, por no decir ridícula.

Zucman, que dirige el EU Tax Observatory, insiste en que “no deberían ser los ricos los que decidan la presión fiscal a la que deben tributar”, ni la base imponible, o los conceptos que tendrían que valorarse en sus obligaciones fiscales.

Para este economista, aumentar el papel como contribuyentes de los denominados ultrarricos “no solo es una cuestión de igualdad”, sino ideológica, “de protección de nuestros sistemas democráticos”, dado que los países “necesitan proveer a sus ciudadanos de servicios públicos esenciales como la Educación, la Sanidad o la Seguridad Social” y sus gobiernos deben combatir emergencias como la climática o la crisis de la Covid-19.

Zucman ha pedido este gravamen al G-20, el foro que aúna a las potencias industrializadas y grandes mercados emergentes y que se considera el gobierno del orden mundial, y que impulsó el tipo mínimo del 15% sobre los beneficios empresariales, a instancias de la Administración de Joe Biden. La tasa que defiende Zucman aportaría más de un cuarto de billón de dólares anuales a las arcas de Hacienda a escala planetaria, unos 225.000 millones de euros.

Su estudio recalca que el 0,0001% de los milmillonarios disfrutan de presiones fiscales “mucho más reducidas” que las de cualquier otro grupo social, incluida la clase trabajadora con menores ingresos. Las estructuras impositivas permiten esta ofensa tributaria. De media, el pago a las autoridades fiscales de un empleado representa el 23% de su base imponible que, por lo general, está rigurosamente certificada en sus nóminas, frente al 0,3% que declaran los 3.000 mayores patrimonios del planeta. Todos milmillonarios, y con conceptos fiscales de compleja supervisión y sanción, dada la permisiva volatilidad transfronteriza de los capitales.

Entre 1987 y 2024, el promedio del valor acumulado por las grandes fortunas aumentó un 7% en términos netos y descontada la inflación cada año, frente al 3% de la riqueza per cápita anual, según el estudio de Zucman.

El cálculo también lo plantea desde otro ángulo: en 1987, el 0,001% de los súper-ricos representaba el 3% del PIB global; ahora, excede del 13%. “Los milmillonarios y sus negocios han sido los principales beneficiarios de la globalización” porque han concentrado recursos y masa monetaria, títulos bursátiles y mercantiles y propiedades inmobiliarias que los modelos fiscales no han sabido corregir ni distribuir con eficiencia y justicia social. Y, además, el censo de milmillonarios ha crecido del 3% en 1987 al 14% en 2024.

Ahora bien, sin una acción concertada global que ataque la línea de flotación de los paraísos fiscales, la propuesta de Zucman no dejaría de ser una utopía de difícil consecución.

Entonces, ¿hasta qué punto sería factible instaurar una obligación fiscal de este impuesto? A juzgar por la reticencia a emprender una cruzada contra las “jurisdicciones fiscalmente dañinas”, no existiría una opción real. Estas cinco cuestiones ayudan a entender la verdadera dimensión del problema.

1.- La imposición internacional a los ricos, un vehículo técnicamente factible. El propio Zucman se declara optimista sobre su instauración, igual que ocurre con el tipo mínimo sobre beneficios empresariales. Es el mensaje que envió a Brasil, que ostenta la presidencia anual del G-20 este año, para que examine su propuesta. “Hace diez años, nadie creía que 130 países pudieran dar su respaldo a un gravamen del 15% sobre las multinacionales; parecía una utopía”. Los sistemas fiscales progresivos “son los pilares de las sociedades modernas”.

Phil White, miembro de Millonarios Patrióticos del Reino Unido, explica que el plan de Zucman demanda “una acción internacional coordinada para gravar a los súper-ricos con una propuesta sensible, justa y racional” que requerirá esfuerzos tecnológicos y de intercambio de información desde la esfera económica de los países, pero que es factible. Al fin y al cabo, se parece al intento que hizo Joe Biden durante su presidencia, y antes de renunciar a su candidatura, de gravar a las grandes fortunas con un “plan consistente”, matizaba a The Guardian.

También Oxfam International emitió un comunicado de apoyo al G-20 para garantizar el testigo que ha recogido Brasil en un momento delicado. Sobre todo, si Donald Trump y su ya declarada política de nuevas y agresivas rebajas fiscales con castigos arancelarios en el orden comercial se pone en liza en EEUU a partir de 2025 y destruye la declaración de intenciones de más de 250 fortunas de 17 países en Davos, en enero pasado, para asumir mayores cargas impositivas, bajo el argumento de que “la desigualdad ha alcanzado un punto de no retorno” y se necesita actuar.

2.- ¿Qué aspectos sociales y económicos juegan a favor y en contra de la imposición? El 74% de los ricos apoyaría pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos, afirma una encuesta de Patriotic Millionaires entre más de 2.300 fortunas de más de 1 millón de euros en activos y con patrimonios que les incluyen entre el 5% de mayores riquezas y de todos los socios del G-20. Es quizás, la muestra más significativa de respaldo a la iniciativa de Zucman. Pero con una doble nota de contenido social: el 58% apoya el 2% de gravamen para fortunas de más de 10 millones de dólares y el 54% lo aprobaría porque la riqueza extrema amenaza la democracia.

El mercado también fustigó a Liz Trust como primera ministra británica por presentar planes con recortes notables de impuestos a las clases más pudientes de Reino Unido y a sus corporaciones prometiendo, al mismo tiempo, mejoras en el estado de bienestar.

3.- El doble lado oculto de esta luna de miel fiscal: centros offshore y secreto bancario: “En los últimos 15 años, la privacidad de los datos financieros y la baja tributación de algunos territorios dañinos ha generado tanta opacidad que hace imperiosa la idea de potenciar el intercambio de información entre agencias tributarias para acotar elusiones impositivas y frenar fenómenos de lavado de capitales”. Es la lectura del Global Tax Evasion Report 2024 del observatorio europeo de Zucman, que, sin embargo, incide en un dato positivo. Más de 130 jurisdicciones adoptaron el gravamen del 15% sobre las ganancias empresariales adoptado por el G-20 en 2021.

Pero las posiciones políticas empiezan a cuestionar ese optimismo. EEUU ha dimitido de la causa hasta las elecciones de noviembre. Alemania se muestra escéptica. Y Emmanuel Macron, que ha preferido coquetear con la derecha en lugar del Frente Popular, se debate entre erigirse en promotor internacional de la propuesta o desechar la idea.

Este clima no contribuye a abordar la ineludible desaparición de los paraísos fiscales que, según Tax Justice Network, quizás el think tank más beligerante contra ellos, albergan más del 70% de las fortunas individuales de ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), casi el 50% de los rusos y el 15% de los europeos; de forma preferencial, griegos, portugueses y belgas. Los ciudadanos estadounidenses se sitúan por debajo del 10%, pero rozan los 100 billones de dólares de fondos sin declarar y considerados como evasiones tributarias. De igual manera, acogen cada año más de 600.000 millones de dólares de envíos de multinacionales, avisa este centro de investigación, cuyo Índice de Secreto Financiero sitúa a EEUU solo por detrás de las Islas Caimán como mercado que ayuda a las fortunas a ocultar sus activos.

4.- Sin convicción geopolítica, habrá siempre paraísos fiscales. Tax Justice ya cifró entre 21 y 32 billones de dólares el tesoro oculto en 2014 en los distintos territorios offshore. El censo varía según las fuentes y los países. Los Papeles de Panamá pusieron a este enclave centroamericano en el ojo del huracán, pero su jurisdicción no ha dejado de atraer capitales ocultos. Igual que en Europa países como Suiza, declarada como tal por la ex canciller Ángela Merkel, en un caso que salpicó en los juzgados al Deutsche Post y otras grandes fortunas germanas en 2007, justo antes del colapso crediticio, o Luxemburgo. La UE ha retirado a Mónaco o Gibraltar de su lista negra, a cambio de compromisos de intercambio de información fiscal.

Cinco años después de los cálculos de Tax Justice, otro estudio, con datos de la OCDE -institución encargada de supervisar y regular la imposición mundial-, elevaba esta cifra hasta los 36 billones en 2020, justo al inicio de la Gran Pandemia, como desvelaba David Carden, embajador de EEUU ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, informa Foreign Policy. El propio Zucman alertaba a comienzos de año que la montaña de activos ha aumentado un 25% desde entonces, hasta los 45 billones de dólares. Esta cantidad, similar al PIB conjunto de EEUU y China, convertiría a los centros offshore en la primera potencia económica global.

5.- A vueltas con la soberanía fiscal. En 2001, durante el segundo mandato de Bill Clinton en EEUU, la OCDE elaboró una lista de paraísos fiscales, otra de territorios en la antesala de ser centros offshore y una tercera con naciones que facilitan el lavado de capitales donde incluía a Rusia e Israel. La iniciativa la bloqueó el sucesor de Clinton, George W. Bush, meses antes del 11-S, con sus líneas de financiación ocultas a Al Qaeda. La excusa fue el manido dogma de fe neoliberal de respetar la soberanía fiscal -en alusión a estos enclaves, con sus dudosos ordenamientos jurídicos- y lapidó todo intento de colaboración internacional, resulta esencial para poner en marcha propuestas como la de Zucman.