La Comisión Europea ha avalado este jueves el veto del Gobierno de España a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por una empresa húngara sobre Talgo, alegando la protección de los intereses y la seguridad nacional de España, aunque ha apuntado que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones, informa Europa Press.

Así, Dalboni ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir la libertades de mercado único, como la libertad de establecimientos y libre movimiento de capitales, alegando motivos de seguridad pública.

“Las medidas deben estar justificadas y ser proporcionales al objetivo que persiguen”, ha añadido Dalboni, quien ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión.

Después de que el potencial comprador, Magyar Vagon, haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, la Comisión Europea ha asegurado que no tiene de momento noticias de la compañía.

En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha resumido que los principios por los que funciona la UE aparecen recogidos en los tratados y este tipo de decisiones deberán ser supervisadas en última instancia por el TJUE.

La respuesta de Bruselas, significativa tratándose de una operación que afecta a dos Estados miembros de la UE, llega después de que el martes el Gobierno español confirmase su veto a la opa de la compañía húngara Ganz-Mavag sobre el 100% de Talgo. En una de sus primeras decisiones tras el parón estival, el Ejecutivo argumenta que esta “empresa estratégica” opera en un sector “clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial” y que autorizar la operación “conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público”. 

El veto a esta operación valorada en 630 millones de euros, sobre la que planea la sombra de Vladímir Putin, busca “defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España”, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y se veía venir desde que en marzo, la víspera de que se hiciera oficial la opa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzase que haría “todo lo posible” para hacerla descarrilar. 

La oferta, en efectivo, implicaba una contraprestación de 5 euros por cada acción de Talgo. Conllevaba una prima del 41% sobre su cotización en el semestre previo a su presentación. Tenía el decidido apoyo de los principales accionistas del grupo, entre los que están dos de las familias más ricas de España, los Oriol y los Abelló. Deseosos de hacer caja, los principales socios de Talgo, encabezados por el fondo estadounidense Trilantic, han planteado por escrito que la propuesta húngara garantiza el empleo en Talgo y preserva su “Españolidad”, con mayúsculas.

La decisión del Ejecutivo se ampara en el denominado escudo antiopas que puso en marcha el Gobierno en 2020, tras la irrupción del coronavirus, para poder frenar operaciones corporativas hostiles del exterior. No había precedentes hasta ahora de un veto a una operación de esta envergadura con esa herramienta. La decisión se ha apoyado en un dictamen de la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía cuyos detalles se desconocen, ya que se basa en información clasificada. 

Según El País, informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional han alertado de la conexión de ese grupo húngaro con el régimen de Putin y con personajes cercanos al ultraderechista primer ministro de Hungría, Víktor Orban, actual presidente de turno de la UE, cuya cercanía con Rusia es conocida. 

Otro aspecto clave para justificar ese veto sería el acceso a las tecnologías críticas de Talgo, su sistema de cambio de vía automático, que permite a sus trenes de alta velocidad rodar por diferentes países y facilitaría a Rusia la logística militar en plena guerra con Ucrania.

Sin embargo, fuentes del sector aseguran que Moscú tiene a su disposición desde hace años esa tecnología, que Talgo patentó inicialmente en 1966 y se volvió de dominio público en 1987; que la protección de sus sucesivas mejoras ha expirado; que, para fines militares, la aplicación requiere soluciones adaptadas al transporte de mercancías, donde Talgo no opera. Y que es la estatal española Adif la que lleva tiempo suministrando esa tecnología a Ucrania.

De lo que no hay duda es de la vinculación de Ganz-MaVag con Orbán. Un 45% del consorcio está en manos de un fondo de inversión del gobierno húngaro. El otro 55% es de la compañía ferroviaria de Hungría Magyar Vagon, controlada por empresarios de la cuerda del presidente, y que fue aliada de la rusa Transmashholding (THM) antes de la invasión de Ucrania. La relación se rompió cuando la UE y EEUU empezaron a imponer sanciones a Rusia. Los informes clasificados apuntarían a que el grupo ruso y el húngaro siguen manteniendo conexiones informales. 

El cabeza visible de la operación húngara en España es el empresario András Tombor, asesor de Defensa del primer gobierno de Orbán entre 1998 y 2002. Tombor no ha negado esas relaciones con Rusia desde que presentó la opa. Pero ha asegurado que se cortaron casi en su totalidad tras la invasión y solo se mantuvieron para completar determinadas entregas. Los informes clasificados que maneja el Ejecutivo pondrían en solfa esa tesis.

Entretanto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está a la espera de los próximos pasos de Ganz-Mavag para decidir sobre el expediente de la opa. Tras el veto del Gobierno, el regulador bursátil no puede autorizar la oferta y ahora deberá esperar a que el oferente comunique si pide su retirada o si, tal y como ha anunciado, recurre la decisión del Ejecutivo.

Fuentes de la CNMV consultadas por EFE no han querido especular acerca de la resolución que tomará al respecto del expediente de la opa, a la espera de las decisiones que adopte el oferente.

A nivel legal, en España, el grupo húngaro podría presentar un recurso contencioso-administrativo, argumentando falta de proporcionalidad o insuficiencia en la motivación del veto del Ejecutivo a la opa.

Pero también podría actuar en Europa. Una opción sería una queja formal ante la Comisión Europea alegando que el veto del Gobierno español infringe las normas comunitarias. También podría instar a una cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de obtener una interpretación del Derecho de la UE sobre el concepto de seguridad nacional y su aplicación en este contexto.

La legislación española también contempla la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el propio órgano que ha adoptado la decisión, es decir, el Consejo de Ministros. Pero fuentes jurídicas creen que esa opción tiene poco recorrido, salvo que haya errores muy gruesos o carezca de la fundamentación adecuada.

La indefinición sobre la opa añade incertidumbre a la situación de Talgo, compañía notablemente endeudada en la que sus actuales accionistas se niegan a poner más dinero para financiar su crecimiento. El histórico fabricante de trenes, fundado en 1942 y con dos fábricas en Madrid y Álava, ha recibido en los últimos años un boom de pedidos pero no tiene en la actualidad capacidad industrial suficiente para culminar los encargos de sus clientes, entre ellos Renfe o el operador público alemán Deutsche Bahn. Y se enfrenta a sanciones millonarias por los retrasos en su entrega.

Trilantic lleva años intentando salir junto a los Oriol y Torreal (del multimillonario Juan Abelló), con los que controla un 40,22% de Talgo a través de un vehículo en Luxemburgo, Pegaso Transportation International S.C.A., que en sus últimas cuentas calca al dedillo los argumentos de los húngaros: señala que “la oferta contiene una evidente lógica industrial y, lo que es importante, garantiza la Españolidad de la compañía y la preservación del empleo y los puestos de trabajo”.

Un inquietante aviso para los 3.420 empleados que Talgo tenía a 30 de junio. Su sindicato mayoritario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), reclamó este miércoles al Gobierno que explique su hoja de ruta sobre la compañía tras el veto y si hay una solución alternativa que salvaguarde la continuidad de toda la plantilla, las condiciones de trabajo y su sede en España. 

CSIF “lamenta la incertidumbre en la que se ve inmersa toda la plantilla desde hace meses”. Por su parte, CCOO ha pedido reuniones con la dirección de Talgo y el Gobierno para aclarar el futuro de la compañía. “Nos ponemos en marcha para hacer las gestiones necesarias y solicitar una reunión urgente con la dirección de Talgo, que entendemos tendrá algo que decir sobre todo esto y deberá poner sus planes alternativos encima de la mesa y si no los tiene, deberá empezar a construirlos porque Talgo necesita sacar toda la carga de trabajo y pedidos que tiene, y la plantilla se merece certezas y un futuro sólido y claro”, ha señalado en un comunicado.