Una de las dudas más dolorosas que atraviesan a las personas que inician un proceso migratorio es no saber si van a volver a ver a sus padres con vida.

La de Vicky es solo una de las más de 600.000 historias marcadas por aquella medida, que sindicatos, colectivos de personas migrantes, Sumar y Podemos y una iniciativa legislativa popular quieren emular casi 20 años después. La suma de ellas ya contribuyó entonces a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Según un estudio publicado por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.

Como muestra el siguiente gráfico, el número de extranjeros afiliados se disparó en 2005 con la regularización extraordinaria de Zapatero. Uno de los requisitos por aquel entonces era contar con un contrato de trabajo durante los seis primeros meses. “Hubo un primer efecto estadístico sobre los registros de la Seguridad Social y aumentó muchísimo el volumen de ocupados”, comenta el economista de Economistas frente a la crisis, Antonio González, que ocupó la secretaría general de Empleo entre 2006 y 2011.

¿Qué impacto tuvo entonces la regularización masiva en el mercado laboral? “Al cabo de dos años, seguían en el sector formal más de la mitad de inmigrantes”, indica el catedrático de Economía de la UPF y autor del artículo sobre los efectos de la medida Joan Monrás. Además, en términos generales, en su trabajo sí apreciaron cambios en la vida laboral de las personas afectadas. “Se ve cómo se movieron a empresas más grandes, con mejores salarios y tienen una evolución positiva”, indica.

“Aunque la regularidad administrativa te ofrece la tranquilidad de que no te expulsen ni te multen, de la explotación laboral no te libra nadie”, lamenta Vicky. “Yo nunca tuve el trabajo que tienen los locales, me pedían los papeles pero no me aseguraban o lo hacían por menos horas de las que trabajaba”, señala. Con todo, ha podido cotizar 15 años de los 23 que lleva trabajando en España.

El pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados apoyó la iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes, se estima que medio millón, que ya viven y trabajan en España. Lo hizo con el único voto en contra de Vox, lanzado en su discurso contra las personas migrantes, pese a que diferentes organismos e instituciones, nacionales e internacionales, advierten ya de la necesidad de flujos migratorios que compensen la baja natalidad, el valle demográfico y las vacantes.

Según el informe Esenciales 2022, de la Fundación porCausa, cada inmigrante regularizado favorecería al Estado con una aportación fiscal neta media estimada de 3.500 euros al año. En total, según los cálculos de esta organización, serían entre 790 y 950 millones de euros al año. Por poner un ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales repartirá este año 783 millones entre las comunidades autónomas para financiar el sistema de atención a la dependencia.

“Hablamos de personas y, en cuanto a su vida, el impacto es positivo. Si nos centramos en la parte económica, lo que sabemos de otras experiencias es que, evidentemente, quienes ya están aquí suelen trabajar en el sector informal o en trabajos no declarados. Al regularizarse su situación, al menos un 60% consigue un trabajo regular que aporta unos recursos a la seguridad social que, de otra forma, no se darían”, señala el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. El experto señala otro posible efecto positivo de la medida en la población autóctona. Quienes se aprovechan de la situación de irregularidad de las personas migrantes tiran hacia abajo de las condiciones laborales. “Al regularizarse, mejora las condiciones de todos en los sectores con mayor presencia”, razona.

El economista y estadístico Francisco Melis indicaba en este análisis que la regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones de euros al año. Según la simulación del equipo de datos de elDiario.es, con 100.000 nuevos hipotéticos cotizantes percibiendo el salario mínimo interprofesional, las arcas del Estado se engrosarían con 587 millones al año. Si, fueran 400.000, serían 2.346 millones.

El informe para la competitividad de la Unión Europea, encargado por la Comisión al economista y ex primer ministro italiano Mario Draghi alerta del envejecimiento demográfico del continente y la reducción de la población a partir de mediados de la década de 2040. “Para 2070, será 21 millones de personas menos (...). Como resultado, la población en edad de trabajar se reducirá en 41 millones, más del 15%, de 264 millones en 2023 a 223 en 2070”. Una disminución que solo se verá compensada parcialmente por la migración neta. Sin ella, la caída de la población en edad de trabajar sería de 46 millones de personas más.

En España, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, ha asegurado que España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes al año hasta 2050 para mantener el Estado de bienestar. “Se habla de la necesidad de que lleguen una cantidad de migrantes para que las jubilaciones no estén en peligro, pero la medida principal es regularizar a las personas que ya están acá, que ya viven, trabajan, van al supermercado, utilizan el metro...”, exige la portavoz de Regularización Ya Silvana Cabrera.

En el caso español, una regularización masiva supondría un balón de oxígeno para capear las jubilaciones de la generación del baby boom. “Un nuevo proceso que permite tener un cálculo más realista del Producto Interior Bruto y eleva los ingresos por cotizaciones supone un menor ratio del gasto en pensiones durante los próximos años”, explica Antonio González. “No (es positivo) solo por el impulso inicial de la recaudación, también respecto a la población en edad de trabajar respecto a la jubilada, en edad de tener hijos”, añade Torres, que pide no confiarse porque las personas migrantes suelen adaptarse a las dinámicas demográficas de los países de acogida.

“Para hablar sobre las pensiones tenemos que analizar si el país es capaz de darles oportunidades, posibilidades de desarrollo, si se dan políticas familiares o acuerdos para que puedan volver a los países de origen”, considera Monrás. De hecho, uno de los colectivos más beneficiados con al regularización de 2005 fue el de las empleadas del hogar, con salarios bajos y con menos derechos que el resto de la clase trabajadora. Como puede verse en el siguiente gráfico, entonces un 30% de las nuevas afiliaciones les correspondían a ellas.

El Banco de España se ha pronunciado en varios de sus informes sobre el efecto del fenómeno migratorio en las condiciones laborales del resto de la población. “De acuerdo con la evidencia disponible, el impacto de las personas inmigrantes empleadas en el servicio doméstico en España durante la primera década del siglo actual contribuyó a aumentar los salarios de las madres trabajadoras españolas al facilitar la conciliación laboral y reducir la penalización salarial asociada al nacimiento de los hijos”, apuntaba la institución en su informe anual de 2023, en el que apuntaba también que “los flujos migratorios producen un cierto rejuvenecimiento de la población trabajadora”.

Más allá de los efectos en la contabilidad nacional y pese a las estimaciones sobre la importancia de los flujos migratorios para el futuro del continente, la investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González, experta en mercado laboral y migraciones, advierte de un efecto a largo plazo: la recepción europea de la medida. “Cuando se hizo la última gran regularización, España, que es una de las principales entradas de inmigración irregular en la UE y que necesita ayuda de los demás para combatir ese fenómeno, ya recibió criticas importantes. Desde la perspectiva de los socios, puede verse como algo contradictorio”.

Según esta experta, España ha sido tradicionalmente tolerante con la inmigración irregular, y por tanto con la economía sumergida, que llega de forma regular. Esto es, a través de un visado, con la excusa de unas vacaciones o a estudiar. “A diferencia de quienes llegan en cayuco o saltan la vida, no se juegan la vida, pasa completamente desapercibido, no causa alarma social ni sensación de descontrol y no le genera un gasto de gestión a la administración pública”, desarrolla. No es una cuestión de solidaridad, “cumplen una función económica”.

“Las devoluciones son mínimas porque esas personas están trabajando y son necesarias para la economía nacional y serían muy complicadas, con unos procesos con unas garantías establecidas en convenios internacionales”, desarrolla el ex secretario general de Empleo. “Solo hay que seguir el rastro de quienes se benefician de estas personas, los grandes empresarios que quieren mantener a trabajadores y trabajadoras en el campo, en las hostelería o en el hogar, como algunos casos que se ven constantemente, en condiciones de semiesclavitud o sin derechos”, incide Cabrera.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de la tramitación de la iniciativa legislativa popular, al considerar que no tener papeles “no es bueno” y que “España siempre ha sido un país de acogida y debe serlo”.

El único partido que, por el momento, ha mostrado un rechazo parlamentario a la medida ha sido Vox. Desde la extrema derecha señalan que esta producirá un 'efecto llamada'. “No hay evidencia”, indica Joan Monrás. En su investigación estudiaron la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios —y, por tanto, afectados por la medida— y los comunitarios —a quienes no les influía—: “No vimos ningún cambio, seguían llegando en las mismas proporciones”.

“Tengo serias dudas de que hubiera un 'efecto llamada'”, coincide González. “Lo que ocurrió es que se estableció toda una nueva regulación, con la Ley de Extranjería y el desarrollo del reglamento, que pasó a formalizar unos sistemas de entrada al país y unas instrucciones que antes no existían”, aclara. De hecho, las condiciones y el contexto económico suelen ser más determinantes. En el siguiente gráfico puede apreciarse como el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, cayó a negativo durante la gran recesión y se recuperó a partir de 2014 hasta la pandemia.

“Desde 2005, cuando se implantó la regularización por arraigo (social, familiar, laboral y, desde 2022, de formación) se ha regularizado de forma individual y continua a buena parte de los inmigrantes en situación irregular que habían residido en España al menos dos o tres años, en función del tipo de arraigo. El establecimiento de este mecanismo, si bien ha evitado la urgencia de una regularización extraordinaria durante casi dos décadas (que necesariamente implica una elevada inversión en recursos de gestión administrativa), no ha impedido, a la luz de las estimaciones, que en momentos de gran intensidad de llegadas de extranjeros, como el actual, la cifra de quienes carecen de autorización administrativa para residir en España sea considerable”, señala un informe de la dirección de Estudios Sociales de Funcas.

“España, a diferencia de lo que ocurre con otros países de la UE, cuenta con un sistema permanente de regularización, que es acorde con la normativa comunitaria”, indican fuentes de la Seguridad Social, que recuerdan que el Ministerio trabaja en una nueva reforma integral del reglamento que permita “simplificar procedimientos, reducir plazos y dar más garantías para alcanzar, de forma individualizada, una situación de regularización” y “reducir el tiempo que estas personas se encuentran en situación de irregularidad”.

El estudio de Monrás señala que la regularización de 2005 no tuvo efectos negativos en cuanto al gasto social o en prestaciones, algo en lo que coinciden otros trabajos. “Los gastos más altos del Estado corresponden a educación, para los menores de 18, y a sanidad, para los de más de 60. Por definición, los inmigrantes suelen llegar en algún momento entre los 18 y los 30, por lo que consumen pocos recursos en educación, y una proporción vuelve a sus países de origen de mayores, así que también gastan poco en sanidad. Contribuyen a los ingresos netos”, explica. Es un argumento que emplea habitualmente la ministra Saiz:  “El 10% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de migrantes (en situación regular) mientras que solo representan el 1% del gasto”.

González opina ahora como hace dos décadas. “No veo ninguna razón para que (estas personas) estén sin regularizar. Ni desde el punto de vista productivo, ni de los ingresos y los recursos, ni de la información económica. Ni desde el punto de vista ético. Son personas que están integradas en la sociedad, trabajando, que son queridas, apreciadas e intentan hacer una vida normal”.