Este miércoles el presidente del Gobierno firma con los líderes sindicales y patronales el último éxito del diálogo social, el nuevo pacto en pensiones alcanzado en verano. Sin embargo, el texto tiene que enfrentarse ahora a un nuevo reto, fruto del estrecho margen parlamentario del Ejecutivo: convencer a varios de sus socios de investidura.

El pacto en cuestión facilita la jubilación parcial, incentiva aún más la demorada y pretende regular el acceso al retiro anticipado para aquellas profesiones especialmente penosas o peligrosas. Aunque hay algunas pegas en estos aspectos, el tema más conflictivo es otro. Las tres formaciones rechazan que se fomente que las mutuas realicen pruebas y tratamientos en las bajas traumatológicas de los trabajadores, aunque el texto precisa que las altas y bajas siguen en manos de los médicos del sistema público de salud.

“Dar más poder a las mutuas va en contra de nuestro posicionamiento político”, dice Jordi Salvador, diputado de ERC, que recuerda que, aunque formalmente son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, funcionan como organizaciones patronales. “Todos sabemos a quién sirven”, critica.

En el mismo sentido se expresan en BNG. El parlamentario Néstor Rego destaca que el Gobierno defiende que la recuperación de los trabajadores “va a ser más rápida y mejor”, al poder hacerse pruebas y recibir tratamientos en los recursos de las mutuas y evitar así las listas de espera de la sanidad pública. “Va a ser más rápida, pero no va a ser mejor”, critica el diputado gallego.

En EH Bildu también muestran sus dudas con este punto y reclaman al Gobierno que “dé garantías de que no se descapitaliza al sistema público de salud” con estas derivaciones ni que existen “dobles gastos” para las arcas públicas.

Desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, defienden la medida como positiva, al permitir una recuperación más rápida de las personas trabajadoras, y como una opción de utilizar los recursos de las mutuas, que se financian con dinero público a través de cotizaciones a la Seguridad Social. Además, insisten, el alta seguiría en manos de los médicos del servicio público de salud.

“Ni se privatiza, ni se da más poder a las mutuas. Es un acuerdo muy acotado para el que se acuerda un seguimiento para ver cómo funciona”, destaca Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

El acuerdo social también recoge un sistema para objetivar el acceso a la jubilación anticipada sin recortes en la pensión a profesiones especialmente penosas o peligrosas, que llevaba bloqueado desde hace más de una década. ¿Qué profesiones? Quienes pueden activar este proceso son las organizaciones sindicales y empresariales y de autónomos más representativas, así como la Seguridad Social, de oficio.

Las tres formaciones nacionalistas, en el caso de EH Bildu con mucha influencia de los sindicatos ELA y LAB y en BNG de la CIG, muestran también su rechazo a este nuevo procedimiento. También sus dudas de que esta jubilación anticipada llegue a sectores más precarizados y con menos capacidad de movilización.

En EH Bildu proponen “que se pueda incluso ver fórmulas individuales”, para estimar casos concretos en los que un trabajador o trabajadora demuestre esa penosidad o peligrosidad más allá de a qué sector pertenezca.

Desde ERC rechazan con vehemencia otro punto: el bonus a las empresas que reduzcan sus datos de siniestralidad, que existía antes de 2019, con el gobierno del PP. “¿Por qué tenemos que pagar con cotizaciones a las empresas por hacer su trabajo? Es su responsabilidad proteger la salud de los trabajadores”, recuerda Jordi Salvador.

Las tres formaciones nacionalistas insisten en que el Gobierno debe dialogar con ellas para negociar enmiendas que permitan modificar el acuerdo social, algo que a día de hoy no ha ocurrido, indican fuentes de ERC, EH Bildu y BNG. Por su lado, Junts aún no ha desvelado su posición ante el acuerdo.

En cualquier caso, se da la circunstancia de que las mayores reticencias de los socios de investidura no se prevé que se incluyan en el texto legal que pase por el Congreso de los Diputados. Desde el Ministerio de la Seguridad Social explican que “se trata de un principio de acuerdo, en el que se han consensuado las líneas generales y cuyo desarrollo del texto legal tiene que concretarse en las próximas semanas”.

Las materias “requieren diversas y diferentes regulaciones normativas, que van desde el reglamento, a convenios colectivos de ámbito autonómico. En este sentido el Gobierno siempre trabaja desde el rigor y la seguridad jurídica”, explican desde el equipo de la ministra Elma Saiz.

Así, los acuerdos con las mutuas se articularán a través de convenios de la Seguridad Social, con las Comunidades Autónomas (con competencia en Sanidad) y con las mutuas. Y, por su lado, el procedimiento para el acceso a la jubilación anticipada de las profesiones penosas o peligrosas dependerá de desarrollo reglamentario.

Los socios del Gobierno se verían así en la tesitura de rechazar un texto legal que facilita la jubilación parcial, entre otras cuestiones, por reticencias en puntos del acuerdo social que no están presentes en la norma que se vote en el Congreso. En los sindicatos confían en que no se repita una votación como la de la reforma laboral y destacan el carácter positivo de los cambios acordados, con la confianza de que sean respaldados por estas formaciones progresistas.