“No solo debido a los mejores datos que vamos conociendo, sino también a la luz de la revisión del crecimiento hacia atrás, vamos a actualizar también nuestras previsiones”, adelantó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un entrevista en televisión, el pasado jueves.

El déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado), la deuda pública, el gasto en pensiones, la presión fiscal o la productividad son datos cruciales y se miden siempre respecto al PIB (Producto Interior Bruto), el principal indicador que ofrece una fotografía de la actividad económica en conjunto, con todos sus defectos y con todas su virtudes. Estas ratios marcan el debate y las decisiones sobre las políticas y medidas de los gobiernos.

Por ejemplo, el nivel de déficit sirve para saber si las Administraciones pueden dedicar más gasto a la sanidad o la educación pública sin saltarse las reglas de la Unión Europea (UE) que se han reactivado este año. Es decir, si pueden mejorar los servicios básicos sin perder soberanía. Por su parte, la productividad del trabajo sirve para proyectar si un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reducción de la jornada laboral oficial dañan o no el crecimiento futuro. O, por otro lado, la presión fiscal muestra cuánto menos se recauda a través de los impuestos que en otros países de nuestro entorno a las que nos queremos parecer en términos de bienestar.

En definitiva, un mal cálculo del PIB no es una solo un problema técnico. Desde finales de 2021, los expertos y los periodistas de elDiario.es han avisado de que el PIB estaba subestimado —al observar brechas respecto a la creación de puestos de trabajo o al crecimiento de la recaudación de impuestos— y que, por tanto, las ratios importantes estaban distorsionadas. En un contexto de innegable excepcionalidad por la pandemia, el INE solo lo ha remediado poco a poco, y con exiguas explicaciones. “Hubiese sido mejor no tener que corregir. Los errores de infraestimación del PIB eran conocidos ya desde la pandemia. En todo caso, bienvenida sea la corrección. Era necesaria”, señala Nacho Álvarez, profesor de la UCM y exsecretario de Estado de derechos sociales en el primer Gobierno de coalición.

¿Cuáles son las consecuencias concretas de la histórica revisión del INE? Faltan datos por conocer, como la actualización de las series trimestrales de la Contabilidad Nacional que publicará Estadística a finales de este mes o las cifras definitivas de recaudación tributaria en 2023 de las que tiene que informar Hacienda, pero ya se pueden aproximar algunos cambios relevantes en la fotografía de la economía de España.

Una primera cuestión que ha derivado de la subestimación del PIB ha sido el condicionamiento de las campañas electorales. La derecha ha atacado al Gobierno de coalición con un Contabilidad Nacional mal calculada que nos situaba “a la cola” de la recuperación tras la pandemia en la eurozona. Ahora sabemos que desde 2019 faltaban en total 130.000 millones de euros en el PIB nominal, a precios corrientes (sin descontar la inflación), y que el crecimiento del PIB real (ajustando los precios) respecto al nivel previo a la pandemia ha sido mucho mayor frente a las primeras estimaciones.

77.000 millones se han añadido de golpe al PIB nominal entre 2021 y 2023 en la última revisión del INE, la de este pasado miércoles. A falta de nuevas correcciones, a cierre de 2023, el PIB de España superó en 3,6 puntos el nivel previo a la pandemia, de la que se recuperó en 2022.

España no solo no ocupaba el último vagón de la recuperación, sino que ahora lidera el avance del PIB en la eurozona y está reduciendo la brecha de crecimiento con Alemania, que se abrió tras en la gran crisis financiera, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta misma semana, el Banco de España mejoró su proyección de incremento del PIB nuestro país en medio punto para 2024, del 2,3% al 2,8%. En 2025, la subida de la estimación de crecimiento fue de tres décimas, hasta el 2,2%. En 2026, de dos décimas, al 1,9%.

La mayoría de casas de análisis que lanzan previsiones sobre la economía han seguido este mismo camino en las últimas semanas, como adelantó Cuerpo que hará el Gobierno próximamente, desde el 2,4% actual para 2024.

En la presentación de sus previsiones, el Banco de España puso en duda que nuestro país pudiese cumplir con el compromiso que ha adquirido con la Comisión Europea de dejar el déficit en el 3% del PIB. Este objetivo ha evitado que España haya entrado en el proceso de “déficit excesivo” que prevén las nuevas reglas fiscales de la UE y que supondrían el control y la intervención comunitaria de las decisiones económicas nacionales.

Las dudas del Banco de España, que situó su estimación de déficit en 2024 en el 3,3%, chocan con la nueva corrección del PIB del INE, que eleva el nivel y automáticamente supone una reducción de la ratio del desequilibrio presupuestario, como ocurre si observa la evolución hacia atrás.

Aunque el recorte de algunas décimas pueda parecer poco, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que una décima arriba o abajo puede suponer cumplir o no con los límites europeos. La segunda, que el déficit se financia con deuda pública, cuya sostenibilidad es la que persigue en última instancia el corsé fiscal de la UE.

El primer indicador sobre la deuda vuelve a ser su relación con el PIB, que acabó 2020 rozando el 120% y que en 2023 ya había bajado al 105%. La meta final es recuperar espacio fiscal. Es decir, tener margen de maniobra en el gasto público para poder responder a una nueva crisis con medidas la financiación de los ERTE que protegieron a trabajadores y empresas en lo peor de la pandemia o para pagar el descuento de los 20 céntimos por litro de gasolina en los meses más asfixiantes del golpe de la inflación.

Otra grave consecuencia de los errores del INE ha sido el relato sobre la presión fiscal o la falta de inversión de las empresas. Con los datos de la Contabilidad Nacional actualizados, la relación entre los impuestos que se recauda en España en relación con el PIB se ha reducido en un punto porcentual, hasta el 37,7%, desde el 38,7%. “No está mal bajar un 1% del PIB de golpe”, incide Miguel Artola, el experto que junto a Francisco Melis empezó a advertir desde 2021 sobre la subestimación que el INE estaba haciendo de la marcha de nuestro economía.

“No está mal” porque en los últimos años la derecha y las voces neoliberales han insistido en que España era “un infierno fiscal”, a pesar de nunca hemos superado los niveles de presión de los países con estados del bienestar más desarrollados. Pero, sobre todo, porque está pendiente una reforma fiscal profunda, con la que están de acuerdo todos los expertos e instituciones, que necesitará las cifras más precisas posibles en su diseño.

Otro mantra de la recuperación ha sido la debilidad de la inversión de las empresas. La revisión del PIB indica que el crecimiento desde 2020 ha sido “más sostenible y equilibrado, dado que todos los componentes se encuentran por encima del nivel pre pandemia”, explica el Ministerio de Economía. En otras palabras, el avance de la actividad no se ha apoyado peligrosamente en un solo sector como el turismo (recogido en la demanda exterior).

Además, la última corrección de la Contabilidad Nacional ha añadido la creación de 156.000 puestos de trabajo desde 2018.

Este aumento de personas empleadas es responsable de 0,7 puntos de los 1,1 puntos que el INE ha revisado alza el crecimiento del PIB real en total desde 2020 a 2023. El resto del avance se explica por una mejora de la productividad del trabajo. “Bien porque se han incrementado las actividades más productivas, o porque los trabajadores sencillamente son más eficientes”, explica Miguel Artola.

La mejora de la productividad es clave porque la teoría económica dice que de ella depende el crecimiento futuro y porque su estancamiento ha sido el principal argumento de las empresas, de la derecha y de las voces neoliberales para posicionarse en contra de la reducción de la jornada laboral oficial o de nuevas subidas del SMI, pese a los cambios estructurales que se observan en el mercado de trabajo, con la creación de empleos menos precarios y en sectores relacionados con los servicios profesionales (por ejemplo, con la consultoría), la informática o la comunicación, y con el crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos.