“A Europa le urge impulsar la construcción de su Sistema de Defensa Aéreo mediante emisiones de deuda conjunta” que financien su “déficit armamentístico y brechas de seguridad” frente a la creciente amenaza del Kremlin.

El informe de este think-tank paneuropeo, firmado por Armin Steinbach, profesor en la Escuela Jean Monnet y Guntram B. Wolff, de la Willy Brandt School of Public Policy, calcula en “al menos 100.000 millones de dólares” las exigencias financieras “de primeros auxilios” para parchear los resquicios mínimos de seguridad del espacio aéreo europeo.

“La UE debería emitir deuda conjunta para configurar un fondo de inversiones” encaminado a “proteger” sus cielos abiertos de “posibles ataques rusos” mediante el impulso de la Iniciativa European Sky Shield (ESSI), lanzada en 2022 por Alemania para construir un sistema de defensa antimisiles “en tiempos en los que la tensión geopolítica” se ha adueñado del clima europeo. A pesar de que Berlín “mantiene una fuerte oposición a los eurobonos”, incluso con el consejo favorable a este “mecanismo financiero” que el expresidente del BCE, Mario Draghi supedita a “proyectos estratégicos” en su diagnóstico sobre Competitividad.

Pero “las reticencias alemanas pasarán a ser una prioridad” augura Wolff, que recuerda que la propuesta del escudo partió del canciller Olaf Scholz y a ella “se han unido países ajenos” al club, de indudable capacidad militar y “destacados socios de la OTAN” como Turquía o Reino Unido. “Ahora le resulta más fácil a Berlín entrar en teorías estratégicas que decidir gastar más dinero” arguye para justificar la postura germana, pero dejando traslucir un cambio de actitud futura.

Los expertos de Bruegel señalan la defensa antiaérea como el primer eslabón de esas emisiones conjuntas de deuda, a la que -enfatizan- se la debe catalogar como Bien Público Europeo (BPE) esencial para armar fondos como los Next Generation o los programas SURE de empleo creados tras la Gran Pandemia para ser revestidos de “resguardo legal” y adquieran concordancia con el acervo comunitario. “Es extremadamente visible que se trata de un BPE porque cada aportación nacional redunda en beneficio del resto de vecinos del mercado interior”, explica Wolff.

La jerga europea define un BPE como un producto que no se suministra de forma adecuada sin intervención pública, por lo que debería abastecerse, total o parcialmente, con respaldo estatal para activar beneficios productivos a escala y para suprimir las externalidades que obstruyen la logística y sus redes de aprovisionamiento. La UE ha incorporado este concepto a su literatura fiscal federalista, rememora este think-tank próximo a Bruselas para declarar la conveniencia de que la defensa aérea sirva como punta de lanza de los eurobonos -deudas mutualizadas- bajo un proyecto con vitola y estatus de BPE: “No hay duda sobre ello; la defensa aérea es un clásico BPE, de manual, porque ningún socio, de manera individual, podría proveer un escudo conjunto ni ofrecer sus ventajas de seguridad compartida”.

“Una batería de misil Patriot cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares”, unos gastos que requieren de “capital intensivo” y líneas de inversión garantizadas de “cientos de millones”. Este botón de muestra que resaltan en Bruegel sintoniza con la dialéctica de la OTAN de aumentar la factura militar de los aliados y sus recientes órdenes, de agosto, de elevar el nivel de seguridad en bases aéreas alemanas ante la sospecha de envío de drones rusos a territorio comunitario y de mostrar preocupación por las maniobras del Ejército ruso con misiles hipersónicos de largo alcance. “Mientras que la capacidad defensiva aérea de la UE ha sido irregular e insuficiente en los últimos años”, advierten Steinbach y Wolff.

“Un fondo de deuda común está económicamente justificado” en este ámbito. A imagen de los recursos Next Generation. “Sería legalmente posible […], debería supeditarse a las competencias de Defensa asumidas por la UE” y, de ponerse en liza, “tendría que mantener su excepcionalidad sólo para la protección aérea” durante un periodo predeterminado, pero extensible para “poder responder al peligro ruso” y ser identificado en todo momento como “acto de solidaridad”.

El Gobierno comunitario ha defendido a lo largo del pasado mandato la conveniencia de lanzar mecanismos de financiación conjuntos como los eurobonos, de indudable éxito en los mercados internacionales para avalar los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación post-Covid. Y ampliarlo a cualquier otra “resiliencia” que sea preciso activar para abordar escenarios adversos o retos prioritarios “sin tener que acudir a dotaciones socialmente relevantes”.

La presidenta Vor der Leyen lo ha apuntado en numerosas ocasiones. Entre otras, en Davos: “Los fondos de soberanía europeos son soluciones estructurales” para acelerar la digitalización, las tecnologías que demanda la transición energética o reindustrializar el mercado interior. Justo la receta keynesiana que, meses después, le prescribió Draghi en su diagnostico sobre los obstáculos a la productividad y la competitividad en la UE.

En un contexto todavía más idóneo, si cabe, en el que se ha sometido a revisión la estrategia de Defensa europea, a la que Bruselas ha unido al futuro rediseño industrial del club, una asignatura pendiente de la jefa del Gobierno comunitario de su anterior legislatura que pretende despejar. “Debemos poner en guardia a los europeos para hacer un continente más seguro”. Será una de sus lecturas de cabecera este mandato.

Dicho en román paladino, la UE se va a rearmar y, para ello, sus autoridades políticas y sus brazos inversores, con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la cabeza, se prestan a desviar ayudas a su industria militar, en beneficio de las compañías armamentísticas del mercado interior. Con la misión de “reforzar la capacidad disuasoria” del club por medio de un “reforzamiento de los objetivos políticos” del BEI “sin poner en riesgo” -eso sí- la excepcional calificación estratégica del banco, argumenta Nadia Calviño, su presidenta desde enero.

Bruegel admite que el ESSI alemán tiene reservas. Entre otras, las de Italia y Francia y, en menor, medida España, uno de los escasos socios de la OTAN todavía sin un cheque al portador del 2% del PIB. Pero los eurobonos y, sobre todo, la posibilidad de que a medio plazo estas emisiones puedan adquirir el rating de calidad crediticia del bund alemán, podría ser un acicate para todos.

A los jefes de Estado y de Gobierno “les deberían urgir el programa de deuda europea”, en aras de la “seguridad” e invocando al espíritu de “solidaridad” de la Unión. Con objeto de liberar a los socios de otro corsé fiscal y facilitar la transferencia de know-how tecnológico desde el sector militar a otros segmentos productivos. “La interoperabilidad industrial” a partir de la innovación es otra “baza de primer orden” que se une a “la necesaria relocalización” de los centros fabriles, dicen los autores de este instituto de pensamiento.

“La seguridad compartida” fortalece los esfuerzos en Defensa sin retraer ni las prioridades de la política industrial ni los objetivos de consolidación fiscal y sin colisionar con los tratados de la Unión, que permiten acudir a “financiación” exterior para dar cobertura crediticia al margen de las partidas presupuestarias, “incluidas las militares”. El ordenamiento jurídico europeo “no impide a los socios emprender mecanismos colectivos de deuda para abordar proyectos de Defensa”, aseguran tajantes.

En otro análisis, Wolff, junto a otros tres expertos de Bruegel, enfatiza que rearmar al Ejército germano para equiparar sus capacidades militares a las del Kremlin “exigirá a Berlín y Bruselas décadas de gastos excepcionales”. Rusia -dicen- ha instaurado una economía de guerra que ya ha movilizado 300.000 soldados para estabilizar sus frentes bélicos y asegurar sus arsenales con recaudaciones masivas de ingresos.

Más del 30% de su presupuesto se destina a sufragar la guerra, lo que le acarrea a Moscú una factura de 120.000 millones de dólares. Aunque el profesor de la Universidad Western Australia, Peter Robertson, aclara que este cheque -en términos de poder de compra o PPP, según sus siglas en inglés- se aproxima a los 400.000 millones anuales, casi la mitad de los 841.400 millones del presupuesto de EEUU.

Berlín debe repasar su propósito de rearme, “si quiere comprometerse a una estrategia a largo plazo”. Para lo cual “necesitará abaratar costes con acciones concertadas junto al resto de sus socios europeos tras 30 años de dividendos de paz” sin incrementos de gastos, lo que ha llevado a poner en duda su preparación antes un ataque ruso “en los próximos cinco u ocho años”.

Mutualizar gastos y deuda es un plan “políticamente rentable”, aduce Wolff. Esencialmente, por tres razones. La primera, porque ya ha reaccionado [a la invasión de Ucrania] con un vehículo de endeudamiento -el Sondervermögen- de 100.000 millones de euros y unos desembolsos regulares de 52.000 millones, el 1,2% del PIB. La segunda, porque Berlín necesita avanzar en una táctica europea que integre sus industrias de armas, instaure mayor racionalidad productiva y propicie economías de escala que inculquen especializaciones con las que elevar la competitividad y su calidad manufacturera. Solo Francia, Italia, Reino Unido y Suecia disponen, como ella, de “suficientes garantías en la fabricación de armas de alta sofisticación”.

Y, finalmente, porque precisa espolear la innovación y la logística de su industria militar, un reto que sería más factible con un fondo europeo y deuda compartida que reduzca su déficit militar con Rusia. “Tirar únicamente de partidas presupuestarias dejaría coja su estrategia de rearme”, alertan en Bruegel, antes de matizar que Europa es el factor que despejaría todas sus incógnitas tácticas, sus dudas financieras y las perspectivas de su Ejército a largo plazo.