La presión para retrasar la entrada en vigor de las nuevas normas de la UE para combatir la deforestación viene de todas partes y llega a la planta noble del edificio Berlaymont, donde tiene su despacho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Países como Alemania, organizaciones políticas como el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza parlamentaria y de la familia de Von der Leyen, y sectores afectados como la patronal de los supermercados han elevado la queja contra el reglamento sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) bajo la premisa de que no hay tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias.

La normativa, que se acordó a finales de 2022, establece el 1 de enero de 2025 como la fecha en la que comenzarán a aplicarse una serie de normas para garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

El reglamento obliga a las empresas a llevar a cabo una estricta diligencia debida si comercializan en el mercado de la UE o exportan de él productos como aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados. Las importaciones de esos productos tendrán que someterse a procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

“La normativa debe ser viable”, afirmó recientemente el canciller alemán, Olaf Scholz, que es el líder europeo que se ha mostrado más permeable a las críticas de los sectores económicos.

Pero la queja no solo viene de capitales europeas, sino de los países que se verán afectados por la regulación de la UE: desde Australia hasta Brasil. “Para evitar impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto”, expresó el Gobierno de Lula da Silva en una carta entregada al comisario de Agricultura, Januz Wojciechowski. La mayoría de productos afectados por la legislación proceden de Brasil y suponen para ese país el 30% de sus exportaciones.

También eurodiputados del PPE han alzado la voz contra la entrada en vigor del reglamento y han pedido una moratoria de un año. Por el momento, la Comisión Europea recuerda que la fecha se conoce desde hace casi dos años, cuando se alcanzó el acuerdo con la Eurocámara y el Consejo de la UE (los gobiernos). No obstante, la UE ha ido echando el freno a buena parte de la agenda verde a raíz de las protestas, fundamentalmente de las procedentes del campo.

Los ecologistas, sin embargo, sostienen que la normativa debe estar en funcionamiento cuanto antes y que ya se ha perdido demasiado tiempo. De hecho, fueron críticos con el acuerdo del reglamento al considerar que tenía “lagunas”, como la falta de ambición a la hora de incluir determinadas tierras boscosas o no tener en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos.

Desde la patronal de la distribución y los supermercados (EuroCommerce) denuncian que la Comisión Europea no les ha dado las directrices suficientes para poder implementar las nuevas normas y que tampoco cuentan con el desarrollo tecnológico que requiere la normativa para demostrar el cumplimiento. “Apoyamos los objetivos de la legislación, pero las condiciones de cumplimiento no están listas todavía”, señala la directora general de la organización, Christel Delberghe, que asegura que están muy “decepcionados” con la Comisión Europea.

Lo que sostienen es que necesitan “al menos seis meses” para que el reglamento pueda aplicarse. “Es un problema de tiempo material y desconocimiento”, explica Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la patronal de supermercados como Mercadona, Dia o Lidl: “En el caso de los distribuidores, compartimos una responsabilidad en base a la información de la que disponen nuestros proveedores”. Lo que argumentan es que tienen una “una gran dificultad para conocer los criterios de aplicación de la nueva normativa a partir del 1 de enero”: “Nos parece muy difícil o imposible que esto se aplique”.

La implementación de la agenda verde es una de las preocupaciones de la patronal en su labor de lobby ante las instituciones europeas. Así, están en pie de guerra por el reglamento de envases que obligará a introducir mecanismos de depósito, devolución y retorno de los mismos, en línea con lo que ya hacen algunos países del norte de Europa.

“En España va a requerir un esfuerzo importante. No quiere decir que vayamos con retraso sino que España ha tenido un modelo de gestión y ahora va a tener que incorporar otro u otros”, expresa García Magarzo, que reconoce que “supondrá nuevos costes” y, por tanto, se repercutirá en los precios.

También están preocupados por el reglamento de morosidad con el que la UE pretende que los pagos en la cadena de valor se realicen con un máximo de 30 días. Lo que sostiene la patronal de los supermercados es que la posibilidad de negociar condiciones beneficia a empresas de todos los tamaños y fomenta la competencia. “Es un golpe duro a nuestro sector porque estamos al final de la cadena”, reprocha Delberghe.