Cientos o miles de actas de adjudicación de contratos públicos han dejado de estar disponibles en los últimos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), el portal oficial que publica diariamente las licitaciones de gran parte de las instituciones públicas en España.

Este viernes, la plataforma anunció una “interrupción temporal” del servicio “por tareas de mantenimiento, el lunes 30 de septiembre entre las 19:00 y las 20:00 horas aproximadamente”. La parada, confirmó Hacienda, se ha programado para arreglar esta situación. “Volverán a estar visibles todos los documentos porque no se ha perdido ninguno”.

El Ministerio reconoció el jueves, a preguntas de este diario, que “hay varios documentos públicos que no son visibles, pero que no han desaparecido. Siguen estando presentes en la infraestructura con su sello de tiempo, que garantiza tanto la integridad como la autenticidad”.

Lo achacó a “una actualización tecnológica de la arquitectura lógica de la Plataforma. Una de las piezas que se ha sustituido recientemente ha sido el repositorio en el que se almacenan los documentos públicos. Esto ha provocado que algunos documentos, puntualmente, han migrado como no visibles. Esos documentos no se han perdido, y se van a recuperar”, insistió Hacienda, sin precisar plazos.

Preguntado por si en lugar de “algunos documentos” se trata de miles de documentos, el Ministerio no contestó.

Las actas recogen, entre otros datos, la fecha y lugar de adjudicación de los contratos, los responsables de esa decisión y los criterios empleados para adoptarla. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suele recopilarlas como pruebas de posibles irregularidades en sus expedientes. No publicarlas incumple el artículo 63 de la Ley de Contratos Públicos, que obliga a mantener al menos cinco años toda la información de un contrato en los perfiles del contratante, incluyendo “todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación”.

Todo apunta a que este problema está afectando a un número masivo de licitaciones, aunque no a las publicadas en las últimas semanas. Este viernes, en una consulta aleatoria sobre un centenar de actas de formalización o adjudicación, elDiario.es solo pudo acceder a alrededor de un 10% de los documentos. 

Ocurría con contratos adjudicados en 2018, en 2019, en 2021, en 2022, en 2023 o incluso este mismo año. En todos los casos, la respuesta de la web era la misma al intentar descargar las actas: “El documento solicitado no se encuentra disponible porque el anuncio que lo contiene ha sido anulado por el órgano de contratación o la licitación ha sido archivada por un administrador”, decía la plataforma al usuario.

El problema afectaba a Administraciones muy distintas y fechas diferentes: contratos adjudicados al empresario gallego César Blanco (ex cargo del PP de Ourense que ha recibido adjudicaciones y subvenciones por cerca de 100 millones); a los multimillonarios encargos de emergencia del Ministerio de Sanidad para adquirir mascarillas y guantes o respiradores en 2020, en lo peor de la pandemia; al multimillonario contrato adjudicado hace un año por el Ayuntamiento de Madrid para la construcción del parking del Santiago Bernabéu, valorado en más de 600 millones…

Este apagón ha llegado en un momento en el que la CNMC está utilizando a través de su unidad de Inteligencia Económica herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles indicios de colusión en las licitaciones públicas y realizar actuaciones preventivas. Lo está haciendo “con muy buenos resultados”, dijo hace unos días la presidenta de este organismo, Cani Fernández, en una comparecencia en el Congreso en la que recordó la importancia de la competencia en esta actividad, que puede llegar a suponer un 20% del PIB.

Desde la Dirección de Competencia del regulador recordaban este viernes que “la CNMC no es responsable de la gestión ni del funcionamiento de la plataforma de contratos del Estado, por lo que no tenemos competencia para determinar su operatividad. Sin embargo, en la CNMC realizamos una descarga periódica de dicha base de datos y almacenamos la información en nuestros propios servidores. Por lo tanto, nuestra base de datos no debería verse afectada por problemas en la plataforma original”.

La plataforma estatal contiene todos los contratos adjudicados desde 2014, a los que se puede acceder de manera gratuita, al contrario de lo que ocurre con otras bases de datos oficiales, como el Registro Mercantil, cuya información en España es de pago a diferencia de lo que ocurre en otros países como Luxemburgo.

La web permite a las empresas presentarse de manera electrónica a los procesos de licitación, solicitar información o recibir notificaciones sobre cambios en los concursos. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla informática.

Si en 2018 se publicaron en ella 82.179 adjudicaciones de contratos, en 2023 la cifra era de más del doble, 198.967. El volumen económico de los contratos adjudicados desde 2018 alcanza los 360.000 millones de euros, sin contar impuestos, lo que supone aproximadamente el 36% del PIB de España en un año. En estos años se han publicado en esta web más de un millón de contratos, por lo que no es descabellado que en estos días hayan dejado de ser accesibles decenas de miles de actas tras esta “actualización”.

Hacienda ha ido construyendo una gigantesca infraestructura sobre unos cimientos tecnológicos que no estaban pensados para sostener el actual volumen de publicaciones, consultas y comunicaciones.

El resultado es que la plataforma puede tardar 45 segundos en responder a la búsqueda para un determinado expediente, ofreciendo resultados que varían en función de si se introducen tildes o no, o presentando la información de forma que es casi imposible de consultar desde un teléfono móvil o con enlaces que se autodestruyen al cabo de dos minutos. Esto hace imposible hacer un índice de información para consultarlo con posterioridad o compartirla con terceros.

La última “actualización” de esta web y esta desaparición masiva de documentos llega después de que los Presupuestos para 2023 aprobados en noviembre de 2022 incluyeran una partida, cuya cuantía Hacienda no concretó, para “acometer con urgencia la renovación tecnológica” de la obsoleta plataforma, en un proyecto con un horizonte de 4-6 años para llevar a cabo una “renovación completa”.

La web depende de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, y en concreto, de la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. Y ha sido repetidamente criticada por empresas y expertos en transparencia por las dificultades que impone para acceder a los datos de licitaciones públicas.

“Son muy opacos, es muy vetusta”, resume el ingeniero de datos y experto en contratación pública Manuel García, que ha detectado casos de licitaciones que incluían los nombres de los ganadores en los pliegos. Este viernes, las actas de varios de esos contratos habían desaparecido.

Independientemente de este incidente que Hacienda promete solucionar, a día de hoy en esta web sigue siendo imposible que un ciudadano busque algo tan básico como los contratos adjudicados a un determinado CIF, el código que identifica de forma unívoca a una empresa en España. Solo es posible hacerlo por nombre de sociedad. Esto a veces arroja resultados muy imprecisos, en caso de coincidencia con otra denominación social. 

Sí permiten buscar por CIF desde hace tiempo plataformas autonómicas como las de Catalunya, Comunitat Valenciana o la Comunidad de Madrid. Otras son todavía más opacas que la estatal y no permiten buscar ni por el nombre del adjudicatario. Esto ocurre por ejemplo con la de la Xunta de Galicia.

En 2022, el Gobierno reconoció que la arquitectura tecnológica de la plataforma era entonces insostenible. “Con la infraestructura tecnológica actual, será prácticamente imposible de afrontar manteniendo los niveles de disponibilidad y rendimiento que demandan los distintos tipos de usuarios de la PLACSP”, admitía en el proyecto de Presupuestos para 2023.

El riesgo era que el sistema no pudiera sostener el crecimiento exponencial que había tenido. Dos años después, sigue dando problemas, en un país que está entre los pocos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que todavía no ha aprobado una estrategia nacional contra la corrupción, en la que los contratos públicos deberían ser clave. El plazo para finalizar este documento, reclamado entre otros por organismos como el Tribunal de Cuentas, expiró hace unas semanas.