De todas las negociaciones presupuestarias que el Gobierno tiene en marcha, puede que la de las primas que Muface paga a la sanidad privada sea la que tiene en vilo directo a un mayor número de personas.

Para entender los entresijos de esta negociación, que tiene como límite el 1 de enero del próximo año, es importante tener algunas cosas claras. Estas son las claves:

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es el organismo público que se encarga de prestar asistencia sanitaria y social a los funcionarios. Su germen son las sociedades de auxilio mutuo de cofradías y gremios de la Edad Media, que han ido evolucionando hasta nuestros días: Hermandades de Socorros, Montepíos, mutuas de accidentes... hasta la fundación de Muface en 1975.

Actualmente, el Estado financia Muface, que a su vez concierta con aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios que así lo deseen. De hecho, según los datos del Ministerio para la Función Pública, en 2023, más de 457.000 había optado por la Seguridad Social, frente a los 508.703 de Adeslas; los 363.946 de Asisa; y los 199.619 de DKV.

La tensión entre las entidades privadas y el Ministerio se enmarca en un contexto de negociación presupuestaria. Si bien es cierto que lo que se está definiendo es un contrato público, que se aprueba en Consejo de Ministros, y al que las empresas pueden presentarse libremente, la administración suele abordar con las aseguradoras los términos económicos.

Hasta el momento, el lobby de la sanidad privada ha apretado para obtener unas condiciones más ventajosas para sus cuentas. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), presidida por Carlos Rus, han señalado este miércoles que la propuesta de Muface de incrementar las primas en un 14% para los dos próximos años está “muy por debajo de lo aceptable”. Este incremento sería superior al del último concierto, por el que las entidades privadas se embolsaron 3.571 millones de euros, un 10% más que en el concurso previo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno una financiación “suficiente” para el próximo concierto de Muface. “Asistimos preocupados a la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario entre el Gobierno y las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica de Muface si las condiciones del concierto no eran mejoradas”. Desde este sindicato reclaman al Ministerio “que se adecúe la prima para poder prestar el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto” y amenazan con movilizaciones “en el caso de que no se responda a las necesidades” de los mutualistas.

La secretaria de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Trinidad Molina, indica que desde el sindicato han solicitado a la Secretaría de Estado de Función Pública y al ministro del ramo, Óscar López, “una mayor financiación de la que se viene dotando en conciertos anteriores”, pero advierten que tampoco le harán “el juego sucio a las aseguradoras para que se lucren con dinero público”. “Más allá de la financiación, es importante que se den las mismas prestaciones que se prestan en la Seguridad Social”. En ese punto, reclaman la gratuidad de los medicamentos tras la edad de jubilación.

En un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), del que forman parte las grandes aseguradoras, el nuevo convenio 2025-2026 debería ofrecer unas condiciones financieras y sanitarias que, “desde unas bases justas, den la oportunidad de seguir manteniendo un modelo sostenible para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto”. Este miércoles, desde ASPE acusaban al Gobierno de buscar “de forma deliberada” que la responsabilidad del fin del modelo “recaiga en el sector sanitario privado”.

En concreto, esta asociación afirma que, con las condiciones actuales, que Función Pública no ha confirmado, “no existe posibilidad de renovación del acuerdo”. “Desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025”. ASPE reclamaba una prima de 1.608 euros por asegurado para evitar un “éxodo a la sanidad pública”.

Fuentes del Ministerio para la Función Pública señalan a esta redacción que “como cualquier contrato público, el concierto lleva su proceso”, que está “actualmente en marcha y sigue su curso con normalidad”. Desde el departamento que dirige Óscar López, indican que cuando concluya el procedimiento “la información correspondiente se hará pública”.

El lobby de la sanidad privada alega que con la prima propuesta hasta ahora no llegan. La patronal alega un envejecimiento de la población, con una media de edad de los mutualistas de 57,8 años en 2022 y un aumento de las incapacidades temporales y la siniestralidad. La cuestión es si las aseguradoras privadas, que ese año facturaron 10.908 millones de euros, según los datos del informe 'Monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español', de la Fundación Idis, están dispuestas a renunciar a un pastel de más de 4.000 millones.

Precisamente, varias fuentes no gubernamentales pero cercanas al proceso indican a esta redacción que la dureza del lobby sanitario responde a “una estrategia de negociación”. “Es el punto álgido de la negociación”, indica una de estas fuentes. “Están presionando para que el presupuesto sea mayor”, confía otra.

La Asociación Española de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel) ha anunciado un posible recurso si no se garantiza que un hipotético aumento de las primas repercuta también en sus bolsillos. Esto es, “que ese incremento se traslade a los verdaderos prestadores del concierto, que son los médicos”. De hecho, estos médicos han llegado a proponer un modelo de 'Muface directo', en el que el Estado abone la factura directamente a los hospitales y consultas privadas, sin pasar por las aseguradoras.

“Como a las aseguradoras no les es tan rentable el servicio, rebajan al calidad asistencial y pagan menos a sus médicos”, apunta una fuente sindical.