La crisis agraria es desigual. Las 'tractoradas' que irrumpieron en las calles de todo el continente hace unos meses tenían en los pequeños agricultores a las principales víctimas de un modelo, en plena transformación, que amenaza sobre todo la supervivencia de esas explotaciones y que se está repensando desde las instituciones y los responsables del sector.

Las primeras crecieron en un 56% entre 2007 y 2022, según los datos de un informe elaborado por Greenpeace, que apunta a que las pequeñas explotaciones familiares disminuyeron en un 44%. La diferencia económica entre unas y otras es sustancial. Las grandes (aquellas que tienen una producción que supera los 250.000 euros) vieron incrementada su renta media en un 84% mientras que los pequeños agricultores (cuya producción no llega a 50.000 euros) vieron recortados sus ingresos en un 18%.

Una de las principales críticas al sistema de la Política Agraria Común (PAC) es que su reparto beneficia a las 'megagranjas', que pese a suponer sólo el 8% del total, se llevan el 37% de los fondos comunitarios, según la información de la organización ecologista. Una de las conclusiones de los expertos convocados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco del 'Diálogo estratégico sobre la agricultura' con el que pretendió apagar las protestas es precisamente que haya un cambio en la distribución de la PAC.

“La PAC debería conceder ayudas a la renta en función de la viabilidad económica de los agricultores”, señala el documento que servirá como base para la hoja de ruta para el sector a la que se comprometió Von der Leyen en los 100 primeros días de su mandato. El planteamiento de los asesores de la UE también persigue que se promuevan “resultados medioambientales, sociales y de bienestar animal positivos para la sociedad” en esa reformulación y se refuercen las “condiciones favorables para las zonas rurales”. Para ello, apuestan por una financiación adecuada que recoja un “incremento anual sustancial” en los próximos dos periodos de la PAC, aunque en la negociación del texto (en el que estaban representados los empresarios, las organizaciones sociales, etc.) no se logró cerrar un porcentaje concreto de aumento.

En términos de empleo la situación del sector también es preocupante. La desaparición de dos millones de explotaciones comerciales se ha traducido en la pérdida de 3,8 millones de puestos de trabajo mientras que en las 'megagranjas' sólo trabajan 306.000 personas más que antes, según los datos de Greenpeace que apunta a una reducción total del empleo del 38% en esos 15 años analizados.

“Cada vez es más difícil dirigir una pequeña explotación familiar y ganarse la vida. Las señales del mercado, del sector financiero y de las subvenciones públicas son claras: a lo grande o a la quiebra. Las verdaderas explotaciones familiares corren peligro de desaparecer, y con ellas los puestos de trabajo y otros beneficios para las comunidades rurales”, afirma Marco Contiero, director de política agrícola de la UE de Greenpeace: “En lugar de culpar a las medidas medioambientales, los gobiernos y la UE deben dejar de financiar megagranjas industriales que no necesitan el dinero y, en su lugar, apoyar a los agricultores que realmente luchan por mantenerse a flote y quieren ayudar a restaurar la naturaleza”.