Algo más de un punto porcentual de golpe.

La presión fiscal (o contribución fiscal si se le quita el sesgo peyorativo) en nuestro país sigue entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. Esta brecha da margen al plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar los impuestos a los más ricos, según anunció en su discurso de inicio de curso, y deja espacio para afrontar las reformas tributarias pendientes.

“Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto”, dijo Sánchez, a principios de septiembre.

Solo un par de semanas después, el INE (Instituto Nacional de Estadística) corrigió la Contabilidad Nacional y sumó 77.000 millones al PIB nominal en una revisión histórica, hasta los 1.498.324 millones de euros en 2023. Esta corrección al alza mejora automáticamente todos las ratios económicas importantes, dado que la mayoría se calculan respecto al PIB: como el déficit, la deuda pública o la propia contribución fiscal. Una mejora que podría ser incluso mayor, porque los expertos y el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, todavía detectan discrepancias entre los datos de la Contabilidad Nacional y otras fuentes estadísticas registrales, como las de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social.

En definitiva, en el ámbito fiscal, la caída de la contribución de los impuestos y las cotizaciones tras el aumento del PIB allana una reforma tributaria pendiente desde hace años. La mayoría de expertos la ven imprescindible —como paso previo necesario— si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se ha extendido a todo el Estado.

Este jueves, en un seminario sobre financiación autonómica organizado por la Fundación Primero de Mayo [de CCOO] y en el que participaron distintos expertos no políticos de distintas regiones, la conclusión principal fue que el acuerdo entre las comunidades será muy complicado si no se aumenta el dinero a repartir y todas ganan.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según incide Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. El pasado domingo, en una entrevista en elDiario.es, el ministro Cuerpo se pronunció en el mismo sentido: “Estamos mucho mejor de lo que se preveía en 2021 y hay que tenerlo en cuenta como punto de saque ante un mayor esfuerzo fiscal”.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran a elDiario.es: “Ahí se enmarcan los impuestos a la banca y energéticas, el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, el tipo mínimo del 15% para las multinacionales o la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.

Íñigo Macías, coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, matiza: “La caída de la presión fiscal es una piedra sobre la posición del Gobierno de que no hace falta hacer nada más respecto a la reforma fiscal”. Frente al dato del 36,8% de España en 2023, los últimos datos consolidados de Eurostat sitúan el peso promedio de los la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales en el 41,7% en la eurozona (en 2022) y en el 42,7% en Italia (en 2023).

“El presidente ya anunció claramente en su discurso de inicio de curso que hay que abogar por seguir aumentando la progresividad de nuestro en nuestro sistema fiscal. En cuanto a la medida específica del impuesto a las grandes fortunas, simplemente señalar que a nivel internacional es una discusión que está avanzando. En el marco del G20, Brasil puso sobre la mesa un impuesto a los súper ricos”, recordó el ministro Carlos Cuerpo en elDiario.es.

En 2022, el Gobierno levantó un impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas para tapar el agujero que estaba haciendo la competencia fiscal a la baja liderada por los gobiernos del Partido Popular (PP) en Madrid y en Andalucía, con su capacidad de bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio. Todas las comunidades autónomas que siguieron esta carrera han recuperado este último tributo para evitar que la recaudación la hiciera directamente la Administración central con el nuevo gravamen. En total, son cerca de 2.500 millones.

Macías considera que esta “armonización” del impuesto de Patrimonio se debería consolidar. “Cumpliremos lo que dispone el acuerdo de Gobierno [entre el PSOE y Sumar]”, inciden desde el Ministerio de Hacienda. Ese texto, de hace un año, recoge la intención de acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios. Una medida que todavía no se ha desarrollado.

Mientras, como señala Cuerpo, en el último G20 en Brasil, las principales potencias internacionales firmaron una declaración histórica para seguir avanzando en el diseño de un impuesto global a los súper ricos, partiendo de la propuesta de un 2% a la riqueza de los milmillonarios. En España, son solo 27 personas, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. “La principal herramienta de la progresividad es el IRPF, pero no se aplica de forma eficaz a las personas muy ricas. Por ejemplo, una gran fortuna que perciba un millón de euros en dividendos tiene un tipo impositivo efectivo del 26,78%, el mismo que el de trabajadores o autónomos que ganen 42.092,64 euros”, denuncian los técnicos de Hacienda.

De acuerdo con una reciente investigación del Observatorio Fiscal de la UE, los milmillonarios apenas pagan (a través del impuesto de Patrimonio y de la Renta) ente un 0 y el 0,5 % de su riqueza. “Esta falta de progresividad contrasta con los altos niveles de desigualdad. En Europa, el 1% más rico posee casi la mitad de toda la riqueza financiera del continente”, avisan en Oxfam Intermón.

Otro acuerdo del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar es la transformación de los gravámenes temporales a los beneficios de las banca y las energéticas en impuestos permanentes. En 2023, recaudaron 2.859 millones, lo que no ha impedido que hayan alcanzado beneficios récord por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y por la crisis de inflación.

“El compromiso era darle continuidad a estos impuestos que se originaron con un carácter temporal o excepcional como necesidad de financiar el escudo social que ayudará a los ciudadanos a superar la crisis de inflación. Ahora estamos en un entorno distinto y hay que pensar en un contexto de medio o largo plazo. En el caso de las energéticas, uno de los grandes objetivos de política económica es seguir invirtiendo grandes cantidades para avanzar en la descarbonización de la economía y en la penetración de renovables. En cuanto a la la banca, hay que tener en cuenta los ciclos de tipos de interés, que formen parte de la discusión”, explica Carlos Cuerpo.

Los grandes impuestos en nuestra economía son el IVA (recaudó casi 94.000 millones de euros en 2023), Sociedades (cerca de 42.000 millones) y el IRPF (134.000 millones) —en el gráfico de esta información se puede observar su evolución respecto al PIB—. Respecto al IRPF, Sumar propone elevar “la fiscalidad del capital [sobre las rentas por alquilar viviendas o cobrar dividendos]”, que según sus cálculos aumentaría la recaudación en 400 millones al año, y crear un nuevo escalón a partir de 150.000 euros, que añadiría otros 100 millones de euros. “Hay que alcanzar equiparación en el IRPF de capital y trabajo”, incide Macías.

“Si bien es cierto que en 2023 se subió el tipo máximo del IRPF y las personas que perciban exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo de un solo pagador por menos de 22.000 euros anuales quedan exentos del pago del IRPF, lo cierto es que creemos que para ganar mayor progresividad (y dados los avances tecnológicos que permiten automatizar el cálculo) se podrían añadir un número de tramos mayor del que ya existe. Asimismo, creemos necesario que los tipos que gravan las rentas del capital se aumenten, ya que cuenta con menos tramos y con tipos menores que las rentas del trabajo”, insisten desde el gabinete económico de CGT.

Sobre el impuesto de Sociedades, uno de los que más 'agujeros' tiene y que aprovechan sobre todo las grandes empresas, está en tramitación en el Congreso el tributo mínimo del 15% a los beneficios de las multinacionales, aunque va con retraso. Este mismo jueves, la Comisión Europea amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar este nuevo tipo mínimo global. Todos los socios de la UE están obligados a implementarlo. Una mayoría ha cumplido ya, con la excepción de de España, Chipre, Polonia y Portugal. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que estará listo antes de que finalice el año.

Sumar va más allá de la transposición que se está haciendo de la directiva europea, y pide que esta tarifa mínima se eleve al 20%. Además, entra en los 'agujeros' que permiten las compensaciones de pérdidas. Su propuesta es que se limiten a cuatro años. Ambas medidas aumentaría la recaudación en 8.000 millones, según sus cálculos.

“También nos parece importante acotar el periodo en el que las empresas pueden compensar resultados negativos de años anteriores, es decir, de presentarlos como pérdidas de ese año para rebajar la base imponible sobre la que se aplica el tipo”, señalan desde el gabinete económico de CGT.

“Si bien el impuesto de Sociedades ha crecido en los tres últimos años, vemos que no alcanza el nivel de recuperación previo a la crisis de 2008, aun siendo muy superior el PIB y más aún cuando en 2022 y 2023 los márgenes de beneficios [de las empresas] batieron récord. Por tanto, entendemos que, en relación con este impuesto, hay margen suficiente para aumentar la presión fiscal. Por un lado, subiendo el tipo máximo, que al igual que en otros países de Europa, ha tendido a reducirse en las últimas décadas”, continúan desde el sindicato.

“No se trata solo de la banca, los seguros o las grandes empresas, que también, sino una subida generalizada del impuesto de Sociedades. En España, los grandes grupos en torno al 10%, si no menos. Pagan muchos menos que las pymes o que las micro pymes, incluso. Por tanto, nosotros pensamos que los gravámenes temporales tienen que ser permanentes, pero que ni remotamente agotan la mejora que en el menú fiscal de nuestro país nos podemos permitir y nos debemos permitir”, coincide Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).

Entre las propuestas sobre reformas fiscales, el IVA es otro de los impuestos sobre los que el Gobierno podría tomar medidas para mejorar su progresividad. Es “tremendamente regresivo ya que todas las personas pagan lo mismo independientemente de sus rentas y riqueza”, lamentan en CGT. Entre las propuestas que Sumar le ha puesto al PSOE sobre la mesa, destaca la eliminación de “la exención a la educación privada”, de la que se benefician sobre todo las rentas más altas. Esta cambio elevaría la recaudación en casi 2.000 millones, de nuevo según sus cálculos.

Sobre el mercado de la vivienda, “se puede elevar la fiscalidad de los alquileres turísticos o de temporada para reducir su rentabilidad y hacer más atractivo su alquiler como residencia habitual. Se podría incluir a las viviendas de uso turístico en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”, plantea Martín Urriza. Actualmente, están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) que varía, dependiendo de la comunidad autónoma, entre el 6% (Madrid) y el 11,5 % (Baleares). “El IVA aplicable a los apartamentos turísticos podría ser —dentro de la normativa europea— del 21%, por encima del IVA del 10% que abonan los clientes que se alojan en un hotel o equivalente”, prosigue la propuesta de Sumar.

Preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta Montero señaló que “el tema del IVA tiene que estar armonizado con el resto de la Unión Europea (UE). No es un impuesto sobre el que cada Estado miembro podamos mover los tipos según nuestro interés sino que hay márgenes en los que nos tenemos que mover”. De hecho, Montero recordó que, “justamente, se está trabajando en una nueva directiva [europea] del IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de alquileres turísticos”. En este marco, “vayamos paso por paso. Primero, en Europa, y luego si las fuerzas políticas están de acuerdo se podría implantar esta medida en las zonas tensionadas”, finalizó la vicepresidenta.

En este ámbito, el PP ha lanzado la propuesta de “la exención del impuesto de Donaciones” dentro de la familias “de todas aquellas cantidades que vayan destinadas a la adquisición de vivienda”. Además, los populares han recuperado una vieja propuesta de su líder, Alberto Núñez Feijóo: una exención del IRPF progresiva para los jóvenes que iría del 100% el primer año al 25% el cuarto. Una medida que el PP lanzó hace más de un año, sin relacionarlo con la vivienda, y que recupera ahora en el marco del plan que ultima.

Pero las rebajas fiscales no terminan en los jóvenes, el colectivo con más problemas para acceder a la vivienda. Gamarra ha asegurado que la proposición de ley del PP planteará que “en el impuesto de la renta se recuperen las bonificaciones, las exenciones, a las rentas que provengan de los alquileres, de aquellas personas que pongan o pongan de nuevo vivienda en el mercado de alquiler”.

Por último, otras reformas importantes que están en debate son las que tienen que ver con las transición energética. Algunas de las propuestas pasan por diseñar tributos ambientales a aviones privados, yates o coches de lujo, por bajar la carga fiscal sobre el consumo eléctrico de los hogares, por subir la relacionada con los combustibles fósiles y por crear un impuesto especial sobre el queroseno.