Facturas por duplicado en la cuenta bancaria. Es la desagradable última sorpresa que se han llevado clientes de la diminuta distribuidora catalana Eléctrica del Montsec, con un largo historial de quejas, expedientes sancionadores y multas por reiteradas irregularidades, y cuya intervención pidió al Gobierno hace un año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“En estos meses han mandado facturas dobles e infladas”, dice al teléfono Jordi Cortasa, primer teniente de alcalde de Àger (Lleida), pueblecito de 582 habitantes del prepirineo catalán donde esa distribuidora concentra su negocio. “La misma factura, el mismo número, se ha pasado dos veces por el banco”. También hay clientes a los que se han cargado recibos mucho más elevados de lo normal, afirma. “Hay decenas de reclamaciones”. 

Este diario intentó contactar sin éxito con el octogenario empresario Antonio Soler, propietario y administrador de Eléctrica del Montsec. Su “asesor externo” Guillermo Triay acota el problema a un 10% de sus 1.000 abonados. Lo achaca a un error de la entidad bancaria que domicilia los recibos, Banco Santander. “Subimos una remesa y por lo que sea se duplicó; nos dimos cuenta, avisamos al banco y hubo un error humano por parte de ellos: en lugar de anularla la autoriza”. Asegura al teléfono que han instado a todos los abonados afectados a devolver uno de los recibos.

El teniente de alcalde de Àger dice que no han dado frutos las gestiones de los últimos meses, incluida alguna reunión a la que no acudió Soler, sino su asesor externo, sin poderes en la empresa. El servicio es “pésimo” y hacen “un mantenimiento mínimo, post incidente, se parchea y a seguir”. “No se ha solucionado nada. Hubo reuniones en Lleida, en la CNMC en Madrid, en el ministerio, pero no se ha avanzado ni se ha solucionado”, dice Cortasa, que participó en la última reunión en la capital con responsables de Transición Ecológica.

“Yo entendí que el último paso dependía del ministerio, de cómo interviene. Está en sus manos. Los demás, ni el ayuntamiento ni la Generalitat, tenemos poder para actuar”, dice. Hay otros tres municipios afectados. El proceso ha movilizado a otras entidades como la Generalitat y el Consell Comarcal de La Noguera.

El asesor de Eléctrica del Montsec insiste en que los “cortes y microcortes” que, reconoce, sufren sus clientes, no son su responsabilidad, “sino de la distribuidora aguas arriba”, Endesa, dominante en Catalunya, y su línea de media tensión. En las de su empresa, de baja tensión, “puede haber algún punto en el cual por potencia del transformador, que también es competencia de Endesa, no llega suficiente energía”. 

“De los 54 puntos frontera que tenemos”, las conexiones entre las distintas redes, “hay 17 en los que había que subsanar alguna anomalía de corte técnico y estético que se pueden calificar de graves o menos graves, pero no afectan a la distribución de la energía en media tensión”, expone Triay. Afirma no tener “ninguna comunicación” de una petición de la CNMC para que les inhabiliten.

El 23 de octubre de 2023, la CNMC remitió al ministerio un expediente sancionador contra Eléctrica del Montsec por infracciones “muy graves” de la Ley del Sector Eléctrico. Pidió que el Consejo de Ministros impusiera a la empresa sanciones “accesorias”, previstas en el artículo 68 de la ley eléctrica, como inhabilitarla o suspender sus actividades hasta tres años.

El expediente, explican fuentes del sector, propuso una nueva sanción a la empresa y una inhabilitación de un año. La CNMC se limitó a tramitarlo “siguiendo una encomienda de gestión” y remitiéndolo al ministerio para que lo resuelva, dicen fuentes oficiales de la CNMC: “Es un expediente cuya resolución corresponde al ministerio”, que no hace comentarios. Según fuentes del proceso, la Abogacía del Estado analiza cómo abordar una situación sin precedentes.

Algunas fuentes señalan que el encaje jurídico no es fácil, al depender de las comunidades autónomas muchas competencias relativas a la distribución, un monopolio regulado. Sobre la mesa está que su actividad la asuma Endesa o la eléctrica pública catalana creada hace dos años, L´ Energètica. .

En paralelo a esta propuesta de inhabilitación, la empresa acumula expedientes sancionadores y multas. El último lo comunicó a la CNMC la Dirección General de Energía de la Generalitat Catalunya el pasado 29 de abril, por otra presunta infracción grave de la ley sectorial, incumplir la obligación de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de conservación.

En el verano de 2023 llegó a la CNMC una queja de la alcaldesa de Àger por el grave estado de las redes del municipio y la “situación precaria de las infraestructuras eléctricas, sobre las que no se realiza mantenimiento ni modernización desde hace años, indicando que solo se actúa frente a reparaciones o, en contadas ocasiones, por presión del mencionado consistorio”. 

La historia de incumplimientos es larga, aunque las sanciones la CNMC han sido poco relevantes ya que se aplican en función de la facturación de la empresa, que en 2020, último año en que presentó cuentas en el Registro Mercantil, no llegaba al medio millón. Ya en 2016 Competencia la sancionó por no presentar las ofertas de compra necesarias para desarrollar actividades de comercialización.

En junio de 2018, tras exigir vecinos de la zona medidas por riesgo de incendios y denunciar la falta de la empresa, la CNMC inicia una inspección en la que comprueba que declaran ser dueños de activos ajenos de alta tensión, cobrando por ello a todos los consumidores de luz. También detecta que venden electricidad directamente a usuarios finales, algo prohibido a las distribuidoras; que no compran la energía que suministran; y que no comunican los consumos a Red Eléctrica, lo que impide calcular los desvíos generados por la energía consumida no adquirida.

Otra inspección iniciada en octubre de 2019 detecta que carecen de un concentrador de medidas, el dispositivo al que deben enviarse los consumos de todos los contadores de la zona de una distribuidora. Una irregularidad que, según una fuente del sector, no se ha resuelto, e impide que ninguna empresa pueda leer los consumos de los clientes en esa zona. Por eso Eléctrica del Montsec tiene todavía esa cartera de 1.000 abonados “cautivos” pese a su historial de abandono y quejas.

En noviembre de 2022 otra inspección revela que no declaran por peajes y cargos a la CNMC “una parte considerable de la energía” que suministran. Todas estas irregularidades llevan a la CNMC a incoar en mayo de 2023 otro expediente sancionador por no instalar el concentrador secundario, ni remitir datos al Operador del Sistema, e incumplir la obligación de gestionar las verificaciones de los contadores. Esas son las irregularidades que remite al ministerio hace ya un año.

En paralelo, el propietario de la empresa fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por estos hechos. En el juicio celebrado en febrero, pidió para Soler una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó en junio que era una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.

Según la sentencia a la que tuvo acceso Segre, no quedó acreditado “perjuicio alguno a Red Eléctrica Española, siendo en todo caso los perjudicados los millones de consumidores finales a los que se les repercuten las pérdidas de energía, no solo de la entidad acusada, sino de todo el mercado nacional. Y ello dada la forma en la que se articula el mercado de la electricidad”. Soler fue absuelto. 

En 2020, Competencia ya les multó con otros 63.000 euros por otra infracción grave, no separar sus actividades de distribución y comercialización. La resolución explicaba que Eléctrica del Montsec “se dedica a tres actividades diferentes mediante una única persona jurídica”: inmobiliario, distribución y comercialización de luz, según sus estatutos, que datan de 1991, cuando no era obligatorio aún tener actividades separadas.

El análisis de la contabilidad de inspección comprobó “que los bienes inmuebles que constan en el activo de la empresa, suponen un porcentaje significativo en el inmovilizado total” y que no se utilizan para distribuir electricidad, puesto que “no cuenta con oficinas de atención a los usuarios y la sede social de la empresa (lugar donde se realizó la inspección) es una vivienda”.

Antonio Soler figura vinculado a negocios inmobiliarios o de turismo y hostelería. El último rumor en Àger es que está comprando terrenos en el Caribe. A su no le consta. El empresario aparece vinculado a una compañía en República Dominicana, Eleccaribbean Company. Se dedica a importar aparatos electrónicos y baterías.