Nuevo capítulo en los litigios contra España por los recortes a las renovables en la etapa de Mariano Rajoy. El Tribunal de Apelación de Reino Unido ha desestimado la apelación del Reino de España en el denominado caso Antin, en una decisión que, según los promotores de la denuncia, “confirma la decisión original emitida en 2023 que obligó a España a pagar una indemnización de 101 millones de euros a los demandantes” por un laudo emitido en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Ese laudo ordenó a España indemnizar a las empresas demandantes, ambas vinculadas al sector de energías renovables, por los daños causados a raíz de los cambios retroactivos que sufrió el régimen de primas e incentivos concedidos a las renovables. Este caso es uno de los más de 25 dirimidos en tribunales internacionales de arbitraje y que han resultado en el reconocimiento de indemnizaciones por valor de 1.560 millones, cifra a la que hay que sumar cerca de 325 millones de sobrecostes judiciales o financieros.

Antin, un fondo que estaba vinculado a BNP, demandó a España ante el Ciadi el 22 de noviembre de 2013, en uno de los primeros arbirrajes que se presentaron. En junio de 2018, los árbitros del Ciadi condenaron a España a pagar una indemnización de 112 millones (frente a los 218 millones que reclamaba), rebajada a 101 millones en enero de 2019. El caso llegó hasta la justicia británica, que en 2023 rechazó paralizar el proceso de embargo de bienes instado por los demandantes por un laudo sobre el que la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad en 2021 por si el pago de esa indemnización pudiera ser una ayuda de Estado ilegal.

En su apelación ante la justicia británica, España argumentó que el laudo arbitral debía ser anulado por razones de inmunidad soberana, apoyándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sostienen que el arbitraje entre estados miembros de la UE bajo el TCE es incompatible con el derecho de la Unión. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Reino Unido rechaza esta argumentación, citando decisiones previas, y reafirma que los laudos emitidos bajo el sistema del CIADI son vinculantes y deben ser reconocidos y ejecutados por los países vinculados a dicho tratado de arbitraje.

Los demandantes creen que esta sentencia “refuerza el compromiso del Reino Unido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Convenio del CIADI, que establece un marco legal para la resolución de disputas entre inversores extranjeros y estados”.

“El fallo confirma la responsabilidad de España a la hora de asumir el pago de la compensación y confirma la ejecución de la sentencia a través del embargo de bienes, que se pueden practicar salvo en el caso de activos sujetos a protección especial por inmunidad soberana”, aseguran.

La lista de las distintas empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables incluye a gigantes del sector como NextEra, EDF o E.ON. En 2023 y 2024, las empresas afectadas han reclamado el embargo de distintos bienes del Reino de España, como medida de protección ante los impago de los laudos.

Los tribunales de Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido han fallado a favor de los inversores y, en el caso de la justicia belga y de la magistratura británica, ya han autorizado la congelación de distintos activos financieros e inmobiliarios, caso de tres edificios radicados en Londres (entre ellos, la sede del Instituto Cervantes), cuatro cuentas bancarias, el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige o los pagos mensuales de Eurocontrol a Enaire.