Afectados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, la DANA de 2019 y el terremoto de Lorca reclaman claridad en los ayudas, coordinación entre las administraciones y paciencia a las víctimas
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Fátima y su marido contemplan con horror, como tanta gente, las imágenes de desolación que ha dejado la DANA a su paso por la Comunitat Valenciana y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Catalunya.
“Él miraba la televisión y me decía que no las podía ver, porque revive lo que nos pasó a nosotros”, recuerda. El domingo 19 de septiembre de 2021 tuvieron que dejar su casa ante la erupción volcánica en Cumbre Vieja. “Perdimos todo, pero a diferencia de Valencia, las vidas no se perdieron”, se consuela.
Las familias que han sufrido en sus propios hogares las consecuencias de una catástrofe como la que ocurrida estos días no pueden evitar recordar experiencias que comparten algunos de los afectados por el temporal. “Yo viví lo mismo y eso no se olvida nunca en la vida”, cuenta Carlos. A poco más de 150 kilómetros de la zona cero de la catástrofe, otra Dana arrasó la Vega Baja del Segura y se cobró seis vidas en 2019. “Estaba en mi habitación cuando vi el agua por la ventana. Son cosas que ni te planteas que puedan pasar”, reconoce este vecino de Orihuela.
Tras llorar a los fallecidos, 215 según la última actualización, y encontrar a los desaparecidos, las decenas de miles de familias afectadas por las inundaciones deberán enfrentarse a la ardua tarea de tratar recuperar la normalidad. Y esta pasa, en muchos casos, por recuperar sus viviendas. “No es lo que la gente quiere oír, pero el primer consejo es tener paciencia”, señala la abogada Dulce García, que se encargó de asesorar a los afectados por el volcán de La Palma.
El primer pago para afrontar estos gastos suele hacerlo el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza. Según los últimos datos difundidos por el departamento que dirige Carlos Cuerpo, este martes el Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el organismo comenzaría a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo este mismo miércoles y que incrementaría la tasación en un 20%. “Contar con un coche es esencial para recuperar la normalidad”, ha dicho.
Según la estimación del Consorcio, el coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Es el mayor destrozo, en términos económicos, al que se ha enfrentado España a consecuencia de una catástrofe natural, por encima de las inundaciones en Euskadi, Cantabria y Navarra de agosto de 1983, su supusieron 948 millones de euros, ajustados a la inflación. Para dar una idea de la magnitud del problema, hasta 2022, las inundaciones habían costado al Consorcio 7.000 millones.