La Dirección General de Muface había convocado este jueves a los sindicatos para abordar la situación de la entidad tras el plante de las aseguradoras privadas, que no han concurrido a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios que optan por el concierto en 2025 y 2026.

“El sindicato ha mostrado su malestar por la posición de la entidad de mantener al margen a las organizaciones sindicales y por no ofrecer un plan claro de acción”, ha trasladado Comisiones Obreras en un comunicado al término de la reunión. En lo que han coincidido todas las fuentes consultadas es en el mensaje de tranquilidad que ha tratado de trasladar Muface. En la línea con la nota publicada el martes, la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, han insistido en que la cobertura, en los mismos términos, está garantizada.

Mientras comienza la licitación de un nuevo concurso, el Ejecutivo estudia prorrogar el contrato actual con las aseguradoras privadas, algo que podría hacer de manera unilateral. “El Gobierno insiste en que tiene los mecanismos suficientes conforme a la ley de contratos públicos para asegurar la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que actualmente se vienen prestando a los mutualistas”, explicaba Loranca. “Dijeron que hay ”mecanismos“”, coinciden desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), pero “no los concretaron”.

Ante unas explicaciones que considera “insuficientes” y “la actitud del Gobierno” que “pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad”, CSIF mantiene las protestas convocadas para el próximo lunes ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno en toda España y frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Además, anuncia una “campaña de información” al funcionariado afectado y una ronda de contacto con todos los grupos parlamentarios. “Se llevarán a cabo todas las acciones de presión que sean necesarias”, señalan en el comunicado. Fuentes del sindicato no descartan que se llegue a la huelga.

Desde CCOO exigen “conocer la situación real sobre la nueva licitación y la necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas, para evitar el chantaje que están realizando las aseguradoras”, indican. Pese a ese “chantaje”, el sindicato advierte que “está dispuesto a convocar movilizaciones a nivel estatal si no hay una respuesta clara y un compromiso por parte de la entidad mutualista”.

Por el momento, UGT no ha amenazado con movilizaciones, aunque advierte que mantendrá una actitud “vigilante”. Este sindicato reparte la responsabilidad. “Insistimos en que el objetivo principal es que los mutualistas tengan la mejor prestación sanitaria posible, al igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, apelamos tanto al esfuerzo del Gobierno como a la responsabilidad social de las compañías aseguradoras sanitarias. Estamos hablando de un tema muy sensible y entendemos que no es un sector normal, en el que no debe funcionar solo el libre mercado, la oferta y la demanda”, reclamaba Loranca.