“Europa está lista para ayudar”. Esas fueron las palabras de Ursula von der Leyen al día siguiente de que la DANA destrozara municipios en el este de España y se cobrara la vida de más de al menos 211 personas.

Pedro Sánchez ya ha anuncido la solicitud de ayuda financiera para hacer frente a la reconstrucción a través del Fondo de Solidaridad de la UE, que en Bruselas ya han anticipado que desembolsarán una parte para los siniestros en la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Para hacer la reclamación, España tiene doce semanas desde que se produjeron los primeros daños y tiene que presentar un balance que, posteriormente, la Comisión Europea analiza y decide qué montante entrega al país afectado, en función de los destrozos y del presupuesto restante en el fondo, que alcanza anualmente los 1.400 millones.

Por el momento, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno central 31.400 millones para enfrentar la catástrofe. Sánchez, por su lado, ha anunciado medidas por un valor de 10.600 millones. A falta de hacer un balance definitivo, los daños causado por la DANA superan, por tanto, con creces el presupuesto anual de la UE para este tipo de catástrofes naturales. Según los datos disponibles de la Comisión Europea –actualizados en enero de este año–, se han aportado 7.689 millones desde el año 2002.

El dinero se puede emplear para restablecer el funcionamiento de las infraestructuras en los ámbitos de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, el transporte, la sanidad y la educación; proporcionar alojamiento temporal y financiar servicios de rescate para satisfacer las necesidades de la población afectada; asegurar las infraestructuras preventivas y las medidas de protección del patrimonio cultural; o limpieza de las zonas afectadas por la catástrofe, incluidas las zonas naturales.

El mayor desembolso a través del Fondo de Solidaridad de la UE se produjo para hacer frente a los terremotos que sufrió Italia entre agosto de 2016 y enero de 2017: 1.196 millones para unos daños estimados de 21.879 millones, es decir, poco más de un 5% del total. Italia es el país que encabeza con mucha distancia el ranking de dinero percibido de ese fondo: 3.025 millones para doce catástrofes (desde terremotos hasta inundaciones). Grecia es el país que más veces lo ha recibido: un total de trece (terremotos, inundaciones, incendios y un ciclón), aunque la cuantía se limita a 151 millones.

La mayor catástrofe en términos de daños económicos se registró en las inundaciones de Alemania de julio de 2021 y alcanzaron los 29.213 millones de euros. En aquella ocasión, se desembolsaron 612 millones de euros del fondo de solidaridad de la UE (apenas un 2% del total).

En el caso de España, ha recibido 100 millones de euros para encarar seis catástrofes en las últimas dos décadas. El último siniestro fue la erupción del volcán de La Palma, que dejó unos daños de 1.000 millones de euros y la UE aportó, a través del Fondo de Solidaridad, 9,45 millones. En la DANA de 2019, que dejó unos destrozos de 2.269 millones, se recibieron 56,7 millones. En el caso del terremoto de Lorca, la UE aportó 21,1 millones para ayudar a la reconstrucción valorada en 843.

Con motivo de las inundaciones en Polonia el pasado mes de septiembre, Ursula von der Leyen planteó la flexibilización de los fondos de la política de cohesión o de la Política Agrícola Común (PAC). “Los cambios propuestos ofrecerán a los Estados miembros más flexibilidad para utilizar parte de los Fondos de la Política de Cohesión para reparar infraestructuras y equipos dañados por catástrofes relacionadas con el clima, proporcionar alimentos y asistencia material básica, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria para todos y apoyar temporalmente la financiación de regímenes de trabajo a jornada reducida de una manera más flexible. La propuesta aumentaría el porcentaje de prefinanciación para que las autoridades de gestión puedan acceder más rápidamente a la liquidación, y el presupuesto de la UE podría financiar hasta el 100% de los costes”, señalan fuentes de la Comisión Europea.

Entre las partidas a las que se ha referido Sánchez, están Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que para el periodo 2021-2027 tiene asignado un monto total de 226.000 millones de euros, y al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el principal instrumento destinado a invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y dotado con un presupuesto de 142.700 millones de euros, informa Europa Press.

Además de reasignar fondos de cohesión o del plan de recuperación a la reconstrucción de las zonas más afectadas por los destrozos de la DANA, la Comisión Europea se ha abierto a flexibilizar las reglas fiscales. “La Comisión Europea continuará proporcionando todo el apoyo necesario a España en esta difícil situación. Esto también concierne a las reglas fiscales”, explicó el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. El nuevo corsé fiscal que acordó la UE a principios de este año, tras cuatro suspendido para permitir el gasto expansivo para superar la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, prevé “disposiciones sobre acontecimientos importantes que escapan al control del Gobierno”. Esas cláusulas da un cierto margen, por tanto, para que los gastos extraordinarios no computen como déficit.

Este viernes las autoridades han reclamado la ayuda extra del mecanismo europeo de protección civil. La queja de muchos de los vecinos afectados por el siniestro de que no hay maquinaria suficiente para proceder con las tareas de limpieza necesarias ha obligado a la Generalitat valenciana a solicitarlo a través del Gobierno de España.

El Ministerio del Interior ha solicitado cien equipos de bombeo de alta capacidad y 50 expertos de Asistencia Técnica y Apoyo (TAST) para intervenir en las comarcas valencianas afectadas por la DANA.

Esa herramienta se ha activado 700 veces desde su implementación en 2001. Una de las últimas fue en septiembre a petición de Polonia y República Checa, que reclamaron solicitaron deshumidificadores y mecanismos para el tratamiento del agua que le enviaron otros países, como Alemania o Suecia.

Fuentes comunitarias explican que España ya había ha solicitado en el pasado este mecanismo para atajar incendios. Entre los medios que ofrecen los socios de la UE hay suministros como kits de primeros auxilios, equipamiento de refugio y de extinción de incendios, bombas de agua, generadores de electricidad y combustible.