PSOE y Sumar han acordado convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más 300.000 euros, entre otras medidas.

“Sumar y el PSOE hemos alcanzado un acuerdo sobre el paquete fiscal para 2025 con el fin de mejorar la suficiencia de recursos para seguir ampliando derechos, políticas sociales y financiar la transición ecológica y digital, y el conjunto de retos que ha de abordar nuestro país”, arranca el documento del acuerdo al que ha tenido acceso este periódico.

La primera medida que recoge es el establecimeinto de “un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas, que es una reivindicación histórica de las fuerzas progresistas y que por fin se conseguirá con la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva comunitaria con origen en los acuerdos del Pilar dos de la OCDE”.

Hasta aquí, lo que se daba por descontado. El resto de cambios en los impuestos están siendo mucho más complicados de consensuar, tanto internamente en el Gobierno de coalición como entre los socios de la investidura, cuyos votos serán necesarios para sacar adelante esta reforma fiscal un Pleno del Congreso de los Diputados. En principio, esa votación iba a suceder este jueves, pero el aplazamiento de la Comisión de Hacienda impide que vaya en el orden del día del Pleno.

También respecto a las empresas, el documento al que ha tenido acceso elDiario.es incorpora la voluntad de “resolver los problemas generados por la fallida reforma fiscal de Montoro [el ministro de Hacienda del Gobierno del PP de Mariano Rajoy] y adelantar la recaudación de grandes empresas y grupos de empresas limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados, o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa en el Impuesto de Sociedades”.

Entre las reformas pactadas, destaca el cumplimiento de uno de los compromisos que alcanzaron PSOE y Sumar en la formación del Gobierno: convertir el gravamen temporal a la banca que se diseñó en 2022 en un impuesto permanente.

Finalmente, las dos formaciones han acordado “mantener el impuesto a la banca para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récords, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos”. Previamente, el PSOE había acordado esta medida con PNV y Junts, pero en términos diferentes a los exigidos por Sumar. Su forma final todavía se desconoce.

El acuerdo de este lunes continúa con “un aumento de dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros para seguir avanzando en la equidad horizontal con las rentas del trabajo”. Además, incluye la creación de “un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jet y yates privados, coches de lujo, etc.) para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza”.

También atiende al grave problema del acceso a la vivienda e “introduce un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas”.

Otra medida del texto que ha podido consultar elDiario.es es “suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios), que solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades y que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”.

Otro acuerdo es la eliminación de “la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta”.

Asimismo, se contempla “desplegar el Estatuto del Artista para dar cumplimento de una vez a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura”. Además, el pacto PSOE-Sumar incluye “mejorar la fiscalidad de las cooperativas para facilitar el crecimiento y ampliación de esta piedra angular de la economía social y del acceso a la propiedad de los medios de producción de trabajadores y trabajadoras”.

Por último, se pretender “desincentivar el consumo del tabaco y vapeadores en aras la salud pública mediante un aumento de su fiscalidad, ya que son productos dañinos que afectan a la salud y elevan la factura sanitaria pública”.