Son algunos ejemplos prácticos de cómo están influyendo los fondos europeos de cohesión en el desarrollo de las energías renovables en España. 

La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido por el Gobierno a la Comisión Europea en septiembre promete que el 81% de la electricidad que consuma España en 2030 sea renovable. La meta es lograr que las fuentes limpias supongan un 48% de la energía total consumida, reducir un 32% de las emisiones respecto a los niveles de 1990 y recortar la dependencia energética hasta un 50%.

Para lograr esos ambiciosos objetivos, una importante palanca son los multimillonarios fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se aprobó tras la pandemia. Pero a ello también están contribuyendo los denominados fondos de cohesión para la convergencia y el desarrollo sostenible de las regiones europeas menos desarrolladas.

Esos instrumentos se crearon hace más de 30 años, con el Tratado de Maastrich, y solo hasta 2023 han destinado 179.000 millones de euros a esa tarea. España fue uno de los cuatro países que empezaron a beneficiarse de ellos en el periodo 1994-99, junto a Grecia, Irlanda y Portugal.

Los programas tienen carácter plurianual. En el anterior periodo, 2014-2020, a España le correspondieron, según el portal oficial que tiene la Comisión Europea para difundir estas ayudas, 1.206 millones en actuaciones de renovación para eficiencia energética en infraestructuras públicas o 661 millones para energía solar.

El actual (2021-2027) contempla el reparto de 37.300 millones en ayudas de la Política de Cohesión para acelerar en España la transición verde a una economía más eficiente, competitiva y neutra en emisiones. El Acuerdo de Asociación se cerró en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, hace ahora dos años, en noviembre de 2022, con una inversión total superior a los 59.700 millones.

De ese plan plurianual en vigor, 3.336,5 millones serán ayudas para energías renovables del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder); y otros 1.838,9 millones para actuaciones de eficiencia energética. 

Estos fondos pertenecen al programa PO2 Greener Europe, del que España tiene asignados 9.400 millones, y cuyo reparto luego deciden el Estado y las comunidades autónomas. La Comisión Europea da las líneas generales para su entrega.

Bruselas tiene un portal, Kohesio, con la información de los proyectos subvencionados y datos básicos de cientos de iniciativas. Muchas están relacionadas con eficiencia energética, mejora y modernización de la movilidad (ampliación de líneas de metro, construcción de carriles bici o intercambiadores de transporte, renovación de flotas de autobuses, instalación de puntos de recarga eléctricos…), pero también con renovables y eficiencia. 

Esos datos hay que tomarlos con mucha cautela, porque esta web no está actualizada y recoge la ayuda inicialmente concedida, que luego suele reducirse en función de los planes de negocio de las empresas y otros condicionantes. Pero da una idea del esfuerzo y la amplitud de estos programas.

En el caso de España, en esa web hay varias iniciativas en las que las ayudas de la UE son de 10 millones de euros o más. Los porcentajes de subvención oscilan entre el 57% y el 80% en el caso de empresas y pueden ser del 100% para administraciones públicas.

Destacan los cerca de 130 millones que consigna ese portal para la bioclimatización fotovoltaica de cientos de centros educativos en colegios e institutos de Andalucía para reducir el consumo de energía procedente de fuentes renovables, incorporando sistemas de refrigeración de muy bajo consumo eléctrico. 

Solo en la provincia de Córdoba, este programa ha beneficiado a más de un centenar de centros docentes de 39 municipios, con una inversión de cerca de 27,5 millones y la instalación de plantas fotovoltaicas con una potencia de 15 kilovatios, según anunció la Junta de Andalucía el pasado verano: 33 de estos centros se localizan en Córdoba capital, ocho en Lucena, cinco en Puente Genil y tres en Aguilar de la Frontera, Cabra, Montoro y Rute, respectivamente. Se trata de las zonas de mayor severidad climática en verano en esa provincia.

Por parte estatal, una parte importante de estos fondos los gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

A finales de esta entidad seleccionó a finales de 2021 un total de 544 proyectos innovadores de energías renovables para generación eléctrica, en una convocatoria dotada con 177 millones de subvención y una inversión total de 560 millones. Entre los proyectos más destacados figura la planta termosolar de uso industrial más grande de Europa, con 30,38 megavatios (MW), que la francesa Engie construyó para la cervecera Heineken en Sevilla. 

La instalación, con una capacidad de almacenamiento de 68 MWh y 7 hectáreas de superficie, se diseñó para reducir más de un 60% el consumo de gas fósil de esta fábrica. La planta, inaugurada en octubre de 2023 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso en marcha en un tiempo récord de 12 meses involucrando en su montaje a un 100% de empresas andaluzas. La inversión total fue de 20.476.668,52 euros, de los que Engie recibió 13.369.356 euros en ayudas Feder de la Unión Europea gestionadas por el IDAE.

En esa convocatoria, que también seleccionó por ejemplo una planta de producción de biogás de la cooperativa agroalimentaria Covap en Córdoba subvencionada con 4,5 millones, el autoconsumo en edificios públicos y administraciones locales representó más del 22% de las actuaciones elegidas. Entre ellas, figuraban desarrollos para abastecer a los servicios de salud de Castilla-La Mancha y Galicia, así como colegios públicos en Murcia o la Universidad de Vigo. 

También se seleccionaron proyectos fotovoltaicos en explotaciones ganaderas y agrícolas de Castilla y León, con 62 iniciativas, para atender a cultivos de regadío en Valladolid o explotaciones porcinas, vacunas y avícolas del resto de la comunidad.

En energía eólica, fueron escogidos 13 proyectos para abastecer los consumos de empresas o de centros públicos, como universidades o centros educativos de la Región de Murcia o Galicia; para la recarga de vehículos eléctricos en un grupo de empresas tecnológicas en Zaragoza; una instalación eólica de 18,8 MW para producir hidrógeno verde con 5 MW de electrólisis promovida por Capital Energy en Lebrija (Sevilla); y otra planta en Valdetorres (Badajoz) para producir esta molécula y transformar una antigua planta de biodiésel en una de producción de combustibles sintéticos. 

316 millones

El IDAE, que también recibe fondos de cohesión para comunicar la existencia de estas subvenciones europeas, explica en su web que ha destinado en total 316 millones en líneas de ayudas a la inversión en renovables, térmicas y eléctricas con fondos Feder. Canarias ha sido un destino prioritario de estas ayudas, por el fuerte peso que todavía tiene allí la generación eléctrica de origen fósil.

En este archipiélago destacan varios proyectos de Naturgy, que se adjudicó cerca de 6 millones en ayudas Feder para cuatro instalaciones: los parques eólicos Agüimes (10,75 MW) y Camino de la Madera (9,2 MW), en Gran Canaria, y las fotovoltaicas Las Salinetas (4,2 MW), en Telde (Gran Canaria) y Puerto del Rosario, en Fuerteventura (11,5 MW). Esta última se inauguró el pasado 7 de marzo y es anexa al mayor parque eólico del grupo en el archipiélago (29,2 MW).

También han puesto en marcha proyectos renovables en Canarias con estas ayudas Iberdrola (al 50% con empresarios locales), la petrolera local Disa, grupos canarios como Lopesan o Ecosos y la gallega Ecoener, entre otras.

En Baleares, destacan los cinco parques fotovoltaicos puestos en marcha en los últimos años por Endesa, filial de Enel, confinanciados con fondos Feder, con una potencia total de 56,6 MWp, tras una inversión total de 47 millones. Se trata de los proyectos sa Caseta (21,83 MW), Son Reus (12,53 MW), Biniatria (14,97 MW), Ca Na Lloreta (3,4 MW) y Son Orlandis (3,34 MW). Este último cuenta con un pionero sistema de almacenamiento de energía, Vanadium Redox Flow Battery.

En Madrid, la región más rica de España, los fondos de desarrollo regional también han contribuido a financiar varios proyectos del Canal de Isabel II. La mayor empresa pública madrileña, que poco a poco está construyendo una considerable bolsa de instalaciones de autoconsumo, prevé invertir 18,3 millones en una planta de hidrógeno verde en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arroyo Culebro Cuenca Alta en Pinto (Madrid). La instalación recibirá 7,3 millones en fondos del Programa Feder 2021-2027 de la Comunidad de Madrid. 

El Canal prevé una inversión de 12 millones en energías renovables en ese periodo, con 4,8 millones en subvenciones; y 11,67 millones para su Plan Solar, con 4,66 millones de fondos Feder.

Un ejemplo de proyectos que ya se han llevado a cabo con estos fondos de la UE es la minicentral del pantano de Valmayor, con una inversión de 6,5 millones de los que la mitad se financió con fondos Feder en la pasada década.

O, más recientemente, una instalación fotovoltaica flotante de 1,7 MW en Torrelaguna, como parte de su Plan Solar. La planta, estrenada hace algo más de un año, ha contado con una financiación del 100% de 2.289.491 euros de fondos Feder en el marco del programa React-EU, como respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19.