El Gobierno quiere resolver el entuerto de Muface. Tras el plantón de las aseguradoras a Función Pública en el concierto para prestar asistencia sanitaria a cientos de miles de funcionarios y sus familias en 2025 y 2026, el Ministerio que dirige Óscar López ha optado por lanzar de nuevo la pelota al tejado de las compañías privadas.

“Vamos a una nueva licitación, pero con un procedimiento nuevo y con una investigación de mercado para que haya transparencia”, señalan fuentes del Ministerio. De facto, la decisión da un vuelco al procedimiento: si antes era el Gobierno quien estimaba los costes para las aseguradoras, ahora deberán ser estas las que calculen esos gastos. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, verbalizan estas voces.

Las consultas preliminares del mercado vienen recogidas en la ley de contratos públicos y autorizan a los órganos de contratación, en este caso Muface, a realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. No se trata de que las aseguradoras privadas pongan el precio por el que estarían dispuestas a concurrir al nuevo concurso, sino que justifiquen esa cifra. “La idea es que puedan indicar qué prima ofrecen por cada uno de los tramos de edad y que aporten evidencias sólidas sobre cómo se construyen esas primas”, señalan las fuentes consultadas.

Las compañías tendrán 10 días para presentar esas evidencias y justificar cuánto dinero necesitan para ser rentables. Tras estas alegaciones, el Ministerio preparará un nuevo pliego de condiciones, sin que la información ofrecida por las aseguradoras sea vinculante. Las empresas tampoco podrán pactar su respuesta. “Ni nos planteamos que lo hagan, porque es ilegal”, indican las fuentes consultadas.

El Ministerio de Función Pública ha insistido en las últimas semanas en que la asistencia sanitaria de los mutualistas está garantizada en las condiciones actuales. El Ejecutivo se guarda bajo la manga el as de una prórroga que obligaría a Adeslas, Asisa y DKV, las beneficiarias del concierto actual, a seguir prestando atendiendo a los funcionarios con las condiciones actuales durante meses.

“La situación la han creado ellas. La acción que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar la mayor subida de la historia de Muface. Ese es el hecho objetivo”, señalan fuentes ministeriales, que asumen, no obstante, que una hipotética nueva licitación será más costosa. La lógica indica que si alguna compañía hubiera querido concurrir por menos de un aumento del 17%, ya lo habría hecho en la primera licitación.

En los últimos meses, el lobby de la sanidad privada venía trasladando la idea de que incluso un incremento del 25% sería insuficiente para prestar el servicio, tras años de “pérdidas”. Las compañías señalan el aumento de la edad media de los mutualistas, en torno a los 57,8 años, de los costes por la inflación y de unas prestaciones por encima de las que da la sanidad pública. La oferta frustrada suponía una factura de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo. “Hemos metido un incremento de 300 millones de euros y los presupuestos no son infinitos. Cuando metes 300 millones de euros, son a costa de otra cosa. Trabajamos para los asegurados de Muface y para 48 millones de españoles más”, indican fuentes del Ministerio.

La negativa de las aseguradoras ha creado también una contradicción en el Gobierno de coalición. Mientras desde Función Pública trasladan que el Ejecutivo “no tiene en ninguno de sus planes desmontar Muface”, el Ministerio de Sanidad, sin competencias en este área, ha publicado un informe en el que asegura que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Aunque desde Función Pública insisten en desmontar Muface no está sobre la mesa, si se abren a replantear el modelo. Algo que, en cualquier caso, se haría en paralelo a la licitación y no afectaría al próximo concurso, pero que se basaría en los principios de “transparencia, eficiencia en el gasto público y equidad”. “Es un viejo invento que ha ido acumulando capas y tiene unos elementos más racionales que otros. Si no, no estaríamos donde estamos. Es evidente que hay cosas que revisar”, reconocen estas mismas fuentes, que afirman que hay “parches”.

Una de las opciones que analiza el Gobierno es que los funcionarios elijan “de una vez y para siempre” si quieren seguro privado o sanidad pública. Supondría un cambio respecto al modelo actual, que permite a los mutualistas dar el salto de uno a otro sistema cada mes de enero. La medida, consideran desde Función Pública, haría “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”. Pero hay más teclas que se pueden tocar, como el gasto farmacéutico o algunas duplicidades, como los funcionarios que dependen de las comunidades autónomas, pero a los que el Estado central paga el seguro privado.

Aun sin confirmar ninguna de estas posibilidades, hay dos cosas que parecen claras: que el Gobierno no va a romper la baraja de Muface en esta legislatura, pero que está abierto a estudiar fórmulas que cambien las reglas del juego.