El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha dicho este miércoles en la Audiencia Nacional que la ampliación de capital que la entidad ejecutó en 2016 -2.500 millones de euros- se quedó corta y fue un fracaso, y ha asegurado que hubo instrucciones verbales para colocarla entre clientes.
Según fuentes jurídicas, el banquero ha reconocido como investigado, a preguntas del juez José Luis Calama, que la ampliación de capital de 2016, cuando él aún no se había incorporado a la entidad -lo hizo en febrero de 2017-, se quedó corta con los 2.500 millones captados, que hubieran debido elevarse a 8.000 millones.
Pero además ha indicado que hubo instrucciones verbales para colocarla entre los clientes, lo que en la práctica implicaba que la ampliación de capital se financiaba con dinero del propio banco, liquidado en junio de 2017 y con el que posteriormente se hizo el Banco Santander al precio de un euro.
Saracho ha detallado cómo fue su llegada al banco y en qué situación se encontraba la entidad cuando se puso al frente, cargo que ocupó durante 108 días; según las mismas fuentes, el magistrado quería aclarar cuál era su intención al llegar al banco, y si desde el principio consideró la posibilidad de llevar a cabo una operación corporativa, es decir, venderlo o tantear otras alternativas.
En concreto, el juez Calama le ha preguntado si no le había extrañado que le ofrecieran ese puesto si procedía de la banca de inversión, sin experiencia por tanto en banca comercial, a lo que ha respondido que sí le extrañó, razón por la cual rechazó en un primer momento la oferta.
El magistrado ha indicado a Saracho que, tras ver en "youtube" sus declaraciones en la junta de accionistas, en las que da como dos únicas salidas para el banco la ampliación de capital o la venta, tuvo la impresión de que no parecía interesado en llevar las riendas del banco, ante lo que el banquero ha defendido su mensaje de entonces, al entender que hizo lo correcto porque ambas eran opciones muy reales.
Por lo que respecta a la supuesta filtración de información, origen de su presencia en una de las querellas presentadas, en las que se le atribuye manipulación del precio de la acción, el banquero ha dicho que hubo filtraciones, pero ha rechazado ser su autor y ha señalado al consejo de administración como fuente más probable.
Cuestionado sobre su gestión, Saracho ha explicado que no podía hacer otra cosa, ya que las cuentas estaban como estaban; en cuanto a la fuga de depósitos de clientes en los meses previos a la resolución del banco -en junio-, ha dicho que las salidas de fondos fueron reales, y que se pudieron frenar en abril, pero no en mayo.
La de Saracho es la primera citación de los investigados por el caso, tras dos años de pesquisas en los que el juez ha recibido ingente documentación entre la que destaca el peritaje encargado a dos inspectores del Banco de España.
En el informe elaborado por los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, conocido este año, se descartaba que el Popular fuese inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien matizaban que las cuentas reflejadas en el folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa".
En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Angel Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.
El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.
La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.
Dos de las principales asociaciones de consumidores de banca, Adicae y Asufín, personadas en la causa y que han acudido a la declaración, han coincidido en señalar que su propósito es que los pequeños inversores recuperen sus ahorros, como ha ocurrido en Bankia.
Patricia Suárez, presidenta de Asufín, recordaba que "el Santander lo tiene todo provisionado desde el minuto uno", en tanto que el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha destacado que "de los 310.000 afectados, prácticamente 300.000 son pequeños ahorradores de clase media trabajadora y no especuladores en Bolsa".
El interrogatorio a Saracho continuará mañana, jornada en la que seguirá respondiendo a las preguntas del fiscal Antonio Romeral.
