El Congreso de los Diputados acepta, tres meses después, la tramitación de una proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones, una grieta que había dejado abierta la ley estatal de vivienda y que algunos propietarios utilizaban como subterfugio para saltarse los topes a las subidas que marcaba esa norma.

La nueva proposición de ley sigue siendo, ha dicho la diputada de Sumar Gala Pin, “redactada desde las asambleas del Sindicato de Inquilinas de todo el Estado”. Incorpora, principalmente, dos novedades. Los contratos temporales deberán estar justificados por el arrendador y no podrán superar los nueve meses de duración. En la redacción anterior eran seis. El cambio, introducido por ERC, quiere adaptar esta fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que puedan acogerse profesorado y estudiantes que tienen que desplazarse durante el curso de su domicilio habitual. Además, el arrendatario podrá desistir del contrato pasado el medio año, aunque deberá avisar con 30 días de antelación y las partes podrán pactar una indemnización para el arrendador.

Desde Junts han visto también con buenos ojos un nuevo punto que se añade en la proposición. “En los casos de las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución española, será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial”, indica. “Nuestro voto de hoy ve protegidas nuestras competencias y hará posible el debate, pero no presupongan el sí de Junts a este texto”, afirmó la diputada Marta Madrenas, que apostó por un registro similar al que la formación a planteado en el Parlament de Catalunya y que pasa por “un registro público” para “eliminar el fraude”. “Abrimos la puerta a negociar. Nada más, pero tampoco nada menos”, ha insistido.

Los alquileres de temporada habían quedado fuera de la Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, pese a la insistencia de los socios a la izquierda del PSOE, especialmente de Unidas Podemos. Esa norma establece que los arrendamientos deben tener una duración mínima de cinco o siete años, en función de si el arrendatario es un pequeño o gran propietario, y además limita las subidas anuales que se pueden aplicar. Sin embargo, no regula los nuevos contratos, por lo que los de temporada suponían un coladero para incrementos superiores.

“Venimos con una propuesta que pretende achicar esa vía de agua que supuso no regular”, ha señalado el portavoz de Bildu, Oskar Matute, que ha insistito en que abordan “la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas”. “Este hemiciclo es de derechas, prefiere vigilar los intereses de los dividendos a final de año”, ha lamentado la portavoz de ERC, Pilar Vallugera. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha considerado que esta proposición “va a permitir evitar fraudes y abusos que no deberían producirse”.

“España tiene un problema gravísimo de vivienda. Es de ocupación, porque los rentistas le están ocupando la vida a la gente”, ha lamentado la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que ha comparado la “violencia” del sistema con el sistema sanitario americano. “Decenas de personas se han quitado la vida después de ser desahuciada por un banco, un fondo buitre o una administración sin corazón”, ha recordado. Belarra ha reconocido que la medida que se comienza a tramitar este martes sirve para “tapar un agujero que el PSOE dejó en la ley de vivienda”, pero insistió en que “hay que hacer muchísimo más”.

Es una “válvula de escape” a la ley estatal, llegó a decir ERC. De hecho, en la exposición de motivos, los grupos señalan que “la realización de contratos temporales y los alquileres de habitaciones se ha convertido a la práctica en una figura clave, utilizada por miles de arrendadores, para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la regulación de los alquileres”. Incluso el ala socialista del Gobierno ha hablado de “fraude”. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha comprometido la puesta en marcha, desde el 2 de enero, de un registro único en el que los propietarios que quieran anunciar sus viviendas para alquilar en plataformas deberán registrar esos inmuebles y justificar en cada caso la causa de temporalidad.

Con el cambio de posición de Junts, la norma encara ahora su tramitación parlamentaria, en la que el PNV, que ha votado a favor, ya ha dicho que quiere introducir cambios. Su portavoz, la diputada Maribel Vaquero, ha criticado la ley estatal y ha señalado que “el acceso a la vivienda digna es cada vez más difícil”. “La inseguridad que provoca ha llevado a que se saquen viviendas del mercado y a que otras terminen en un alquiler no regulado o no bien regulado”, ha considerado. Con todo, señala que el texto actual “mejora al anterior, porque se elimina la posibilidad de subarriendo” sin conocimiento de la propiedad.