Mariano habla con ojos llorosos y voz temblorosa. Un juzgado de Madrid ha decretado para este jueves su segundo intento de desahucio del piso de renta antigua en el que lleva viviendo toda su vida.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha empapelado este martes el barrio con carteles con su foto y un mensaje: “Vallecas no es vuestro coto de caza”. La propietaria del piso en el que Mariano lleva cerca de medio siglo es Carmen Elzaburu, que la compró el 15 de diciembre de 1971, según los datos del registro de la propiedad de Madrid aportados en un recurso por el afectado, y la alquiló poco después, pese a tratarse de una vivienda de protección oficial.

Carmen Elzaburu tiene 94 años y, según los datos recabados por la PAH, es dueña de al menos 13 viviendas, cuatro cotos de caza y el elitista club Puerta de Hierro. Según un especial sobre Los dueños de los cotos de caza en España, publicado por el periódico El Mundo en 2020, la familia pertenece a la aristocracia española y a la boda de la mujer con el marqués de Huétor de Santillán y alférez Alonso Díez de Rivera y de Hoces acudió el mismísimo Franco. “En Vallecas no tenemos apellidos compuestos”, dice el hombre.

Mariano sufrió su primer intento de desahucio el pasado 23 de mayo. Se había cruzado unos días antes con la notificación debajo de la puerta y aquella misma mañana, con varias compañeras de la PAH, la policía, un cerrajero y la propiedad a las puertas de la casa, un informe de vulnerabilidad de servicios sociales frenó el lanzamiento. “Sé que tengo recibos de agua pendientes”, admite. Pero de su carpeta saca varios folios en los que ha impreso una ristra de emails en las que pide que le pasen esos recibos. “El administrador me respondió que tenía que tener la autorización de la propiedad”, aclara.

Los movimientos sociales llevan años denunciando estas prácticas, que impiden a los inquilinos pagar sus suministros o las rentas de las viviendas, acumulando deudas forzosas que luego se utilizan para justificar procesos judiciales y lanzamientos. En el caso de Mariano, explica, ha ido consignando en el juzgado las mensualidades, hasta que en julio dejaron de aceptárselas. Esta redacción ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la representación legal de la demandante. Carmen Elzaburu es la madre de Alfonso Díez de Rivera, director del despacho Elzaburu, especializado en asuntos de propiedad intelectual. Contactados también por este medio, se desvinculan de este proceso.

Que la propietaria tenga 10 o más viviendas no es una cuestión menor. A partir de ese número de inmuebles es lo que la Ley Estatal de Vivienda define como “gran tenedor”. En esos casos, la norma aprobada en 2023 incorporaba un “procedimiento de conciliación o intermediación” cuando “el inmueble objeto de demanda constituya vivienda habitual de la persona ocupante y la misma se encuentre en situación de vulnerabilidad económica”. Este procedimiento, indica el texto, “facilitará a las Administraciones competentes dar adecuada atención a las personas y hogares afectados, ofreciendo respuesta a través de diferentes instrumentos de protección social y de los programas políticos de vivienda”.

Mariano admite algunos impagos del alquiler, a nombre de su madre que, desde que enfermo, está en una residencia. “Estuve casi dos años sin pagar por un problema del banco, que cerró, pero tuvimos un juicio y nos pusimos al día en 2021”, aclara. Con todas las deudas saldadas no esperaba que la persecución judicial volviera de imprevisto el pasado mes de mayo y, sin su situación de vulnerabilidad resuelta, teme que este jueves las fuerzas de seguridad “acordonen la calle de madrugada, por la mañana o el día de antes y que monten un festival” para impedir la acción vecinal.

Actualmente, este hombre de 56 años, no recibe ningún ingreso, ni prestaciones, ni subsidios. Tras meses de baja, la Seguridad Social le remite a la mutua y viceversa. “Vivo de la caridad. No tengo nada. El jueves, ojalá que no, pero me veo en la calle”, dice. “Todo el mundo me pregunta qué tal, si necesito algo. La vecina de enfrente me deja una barra de pan en el picaporte todos los días y tengo en la cocina una bolsa del banco de alimentos. El otro día unos vecinos me preguntaron si les acompañaba al supermercado y luego me dieron una bolsa. No te da vergüenza, pero jode”, continúa ante la atenta mirada de Ruth y Souad, dos vecinas del barrio que han enfrentan también los estragos que causa la dificultad de acceder a una vivienda digna y de calidad.

Son ellas las que intentan animarle. Bromean con una fotografía antigua, de cuando Mariano hizo la mili, colgada en la pared principal de la estancia. “He sido muy guapo, es que ese lunar que tienes cielito lindo...”, canturrea de una peca sobre su labio, que ahora cubre con un bigote tupido. “Yo estoy positivo, pero llegan las ocho de la tarde y empiezo a darle vueltas y vueltas a la cabeza”, lamenta. Cree que este jueves, cuando llegue la hora marcada por el juzgado de 1ª Instancia nº59 de Madrid, tendrá que acudir una ambulancia. “Me voy a quedar redondo, lo tenemos asumido”, dice. El pronóstico se cumple antes incluso de lo previsto. Este jueves Mariano tuvo que acudir a urgencias, sin saber al cierre de estas líneas su pronóstico.

La amenaza de desahucio de Mariano afecta también a otro vecino del barrio, al que tiene acogido en su casa tras un lanzamiento de una casa de Coral Homes, una plataforma que comercializa sus inmuebles a través de Servihabitat.

Ante la premura del calendario, Mariano se ve en la calle. “En el sofá de algún amigo te puedes quedar dos o tres días, pero todos tenemos una vida. Al menos en verano puedes dormir en el parque. Ahora ya ni en el cajero, porque han puesto una alarma que salta pasado un tiempo”, lamenta.