El Gobierno prepara un nuevo real decreto-ley con las medidas “económicas” del texto que fue rechazado la semana pasada en el Congreso y que se han quedado fuera del decreto “social” pactado este martes con Junts, y presentado por el presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre estas medidas que han caído, por el momento, destaca la actualización de los pagos mensuales de la Administración central a las comunidades autónomas. Estos pagos, denominados “entregas a cuenta”, seguirán siendo los mismos de 2023, el último año en el Ejecutivo pudo aprobar unos Presupuestos Generales de Estado (PGE), según ha confirmado el Ministerio de Hacienda a elDiario.es.

Las comunidades autónomas pierden cerca de 10.000 millones en total por el rechazo a la actualización de las entregas a cuenta de la Administración central en 2025, de los cuales 1.910 millones eran para Catalunya y 1.828 millones para Andalucía. Junts señala que se debe pactar “una redistribución distinta de los objetivos de déficit” y pide que se abra una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya.

Otras medidas que no va a incluir el nuevo decreto, que se publicará este miércoles en el BOE, están las ayudas al coche eléctrico o la rebaja de los peajes eléctricos a la gran industria. Son medidas que tendrán que esperar todavía aunque según dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprobarán “en cuestión de semanas” porque son “buenas para el país” y las pide el tejido productivo.

Al decaer el decreto ómnibus de la semana pasada, quedó sin efecto la prórroga realizada en diciembre del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el próximo 30 de junio.

El Moves III conllevaba una dotación de más de 1.500 millones y contemplaba ayudas en función de si la compra de un coche enchufable suponía o no sacar a otro vehículo contaminante de la circulación. En concreto, contemplaba, en el caso de la compra de híbridos enchufables, hasta 5.000 euros, si suponía el achatarramiento de otro vehículo; y de 2.500 sin ese escenario. Y si se compraba un eléctrico, con esos mismos supuestos, las ayudas podían alcanzar los 7.000 y los 4.500 euros, respectivamente.

También decayó la deducción del 15% en el IRPF, hasta 3.000 euros en la compra de un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025, medida que fue implantada el pasado mes de junio. El decreto contemplaba asimismo ayudas de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades de mayor tamaño. Y subvenciones a empresas y administraciones públicas que establecieran puntos de recarga de hasta 50kW.

Tras la votación de la semana pasada en el Congreso, las patronales del sector, la de los fabricantes (Anfac) y la de los concesionarios (Faconauto) mostraron su “gran preocupación” porque decayesen estas medidas de impulso al coche eléctrico. El sector vería con buenos ojos que en lugar de este tipo de financiación, que tarda meses en hacerse efectiva, se optase por un sistema de ayudas directas en el momento de la compra. Creen que serviría para acelerar la cuota de mercado de los eléctricos, que en 2024 rondó el 5,6%, mientras que la media de eléctricos en el conjunto del mercado europeo supera el 13%. Además, fuentes del sector de los fabricantes apuntan que los concesionarios ya están notando el parón en los pedidos de eléctricos desde que decayeron las ayudas. Gracias al Moves se han subvencionado 98.000 puntos de recarga y 123.000 vehículos eléctricos y a cierre de 2024 había ya 40.000 puntos de recarga operativos, un 33% más.

El rechazo al decreto ómnibus de la semana pasada también dejó a la industria que más electricidad consume sin la prórroga de la reducción del 80% de los peajes de la luz. Esta medida estaba vigente desde el estallido de la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania en 2022. El sector calcula que el fin de esta rebaja incrementa su factura un 5%, aumentando la brecha con sus competidores europeos, principalmente de Francia y Alemania“, según la patronal Aege, que reclama convertir esta rebaja en ”estructural“.

El Gobierno y Junts también han pactado sacar del decreto ómnibus todos los cambios en los impuestos. Entre ellos, resaltan la ampliación del beneficio fiscal en el IRPF quienes hicieran reformas de eficiencia energética en sus viviendas o la ampliación de los límites de los módulos para los autónomos para adaptarlos a la inflación.

Además, el decreto que fracasó la semana pasada en el Congreso incluía un ajuste técnico del impuesto a la banca aprobado en diciembre por tres años. Por último, decae la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de “la moratoria contable” para las empresas para que no se tomen en consideración las pérdidas producidas en los años 2020 y 2021, durante la pandemia, “a efectos de la determinación de esa causa de disolución”.