El fondo buitre de Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria Azora que en agosto de 2013 compró 3.000 pisos sociales del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) afila la artillería legal ante la sucesión de sentencias (la última, conocida la semana pasada) en contra de esa polémica operación del Gobierno de Ignacio González.

La filial del banco de inversión estadounidense que se quedó esas viviendas, Encasa Cibeles, avisa en sus últimas cuentas de que, "en el escenario hipotético" de que una sentencia firme acabe tumbando la adjudicación, se planteará reclamar al Gobierno regional que actualmente preside la popular Isabel Díaz Ayuso una indemnización por "daños y perjuicios".

Uno de los procedimientos está ya en el Tribunal Supremo y la mayoría de los pronunciamientos hasta ahora han sido desfavorables para Encasa. La empresa advierte de que, si hubiera que revertir la venta, "cabrá la posibilidad de que la Compañía presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados".

Encasa recuerda que las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora "no son firmes" y "vienen a confirmar la anulación del Acuerdo de Adjudicación por un vicio procedimental únicamente imputable a la Administración consistente en la insuficiente justificación de la innecesariedad de las viviendas para el entonces IVIMA (actualmente, Agencia de Vivienda Social)".

Según la empresa, ese "vicio" de procedimiento "sería imputable exclusivamente a la Administración", que no obstante, lo podría "subsanar" mediante diversas fórmulas jurídicas, "si bien su adopción depende, en última instancia, de que la Comunidad de Madrid las considere viables y oportunas".

"A pesar de que la Compañía ha hecho todo lo posible para seguir desenvolviendo su actividad con total normalidad, la existencia de los procedimientos judiciales en curso ha dificultado la gestión de los activos de la Sociedad", dice Encasa, que reconoce que "en el caso de que la anulación del Acuerdo de Adjudicación deviniera firme", tendría consecuencias "relevantes".

"A efectos aclaratorios, si como consecuencia de la anulación del Acuerdo de Adjudicación se declarara, a resultas del correspondiente procedimiento judicial civil instado al efecto en ejecución de la sentencia contencioso-administrativa, la nulidad del contrato de compraventa por el que la Compañía adquirió las viviendas, la declaración de nulidad del contrato lleva aparejada como efecto la necesaria restitución de las prestaciones recibidas por las partes en virtud del contrato declarado nulo".

En otras palabras, Encasa tendría que devolver las viviendas y la Comunidad de Madrid, la contraprestación obtenida, que ascendió a 203 millones de euros.

Encasa, que ha preparado sus cuentas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, "en el sentido de que no se prevé su liquidación en los próximos doce meses", recuerda que "a pesar de las Sentencias, la Compañía sigue siendo propietaria de las viviendas, trasteros y plazas de aparcamiento adquiridas y no vendidas hasta la fecha".

La filial de Goldman Sachs (tiene el 97,95% de las acciones), que tuvo que reformular sus cuentas el pasado 29 de julio como consecuencia de las últimas sentencias desfavorables, ya ha vendido a terceros parte de esos inmuebles, que comprendían 32 promociones de viviendas ubicadas en once municipios madrileños.

Esas desinversiones están recogidas en sus cuentas como "bajas" en la partida de Terrenos y Construcciones del epígrafe de "inversiones inmobiliarias", por un importe de cerca de 25 millones en 2018 (frente a 16,2 millones en 2017). Solo en 2017 y 2016, la empresa se desprendió de 352 viviendas y registró un resultado positivo con esas operaciones de más de 10 millones, según sus cuentas de 2017.

El año pasado, la filial de Goldman Sachs se apuntó un beneficio de 5,79 millones, que casi multiplica por diez los 600.000 euros de ganancias de 2017. Como en anteriores ejercicios, volvió a recurrir a la vía de la devolución de prima de emisión a sus accionistas para retribuir a sus dueños con una suerte de dividendo con un mejor tratamiento fiscal. En este caso, sus propietarios recibieron 8 millones por esta vía (13 millones en 2017).

En la actualidad existen cinco procedimientos contenciosos abiertos contra la resolución del IVIMA. Las últimas fueron dictadas los pasados 14 de mayo y 19 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con dos sentencias que anulaban la decisión.

La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la actuación, apuntaba el Ministerio Público, no se aprecian indicios de delito. Sin embargo, el propio auto de archivo animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.