El PSOE ha impedido este martes en el Congreso la tramitación de una proposición de ley del Parlament de Catalunya, que pedía la cesión del 80% de las viviendas de la Sareb a comunidades y ayuntamientos para “garantizar el retorno social del rescate bancario”.

La propuesta, que ha llegado este martes al Congreso, surgió en el Parlament hace siete años. “Ha tenido un recorrido largo, que significa que en 2018 el acceso a la vivienda ya era un problema”, ha recordado desde la tribuna el diputado autonómico Jordi Munell i Garcia, de Junts. Desde entonces se han activado varias herramientas para tratar de poner coto a un aumento de precios desbocado. “Una ley de vivienda en 2023, una regulación de los precios del alquiler, la regulación de las zonas tensionadas, del alquiler de temporada y de uso turístico, pero no se ha resuelto el problema”, ha lamentado.

El Parlament de Catalunya aprobó en enero de 2024 pedir al Congreso que obligase a la Sareb a hacer una cesión social del 80% de las viviendas de su propiedad, fruto del rescate bancario. El contexto ha cambiado desde entonces. Porque, si bien el Ejecutivo ya había realizado en 2022 modificaciones en la normativa para que el banco malo, que debía deshacerse de miles de activos inmobiliarios tóxicos, asumiese también una función social, en enero de este año, el presidente Pedro Sánchez anunció en enero su intención de transferir a la nueva empresa pública estatal de vivienda unos 30.000 inmuebles del banco malo.

“Nos gusta la música de esta proposición, pero creemos que la letra ha quedado algo desactualizada”, argumentó el diputado socialista Gonzalo Redondo, porque “buena parte de esta iniciativa ya se ha llevado a cabo mediante las medidas y modificaciones legislativas puestas en marcha por el Gobierno de España en los últimos años, como la creación de la empresa estatal de vivienda y la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb, poniendo el patrimonio del Estado al servicio de la ciudadanía”.

“Es cierto que hay cosas que han ido cambiando desde el inicio de esta iniciativa legislativa”, concedía la diputado de los comuns, Susana Segovia, que pedía el voto a favor para la tramitación de la norma. Su objetivo, decía, es que la cesión de los inmuebles pase “a formar parte de las medidas urgentes para afrontar esta emergencia en materia de vivienda”. “Hay propuestas que ha realizado el presidente Pedro Sánchez, como crear una empresa pública, que puede ser bienvenida, pero creemos que llega tarde y es insuficiente. Hace falta firmeza para que los inmuebles y solares en manos de la Sareb pasen a esta empresa pública”, dijo. Los comuns forman par de Sumar, dentro del Gobierno de coalición.

Fuentes del Ministerio de Vivienda trasladan que la apuesta del Gobierno sigue siendo la creación de una empresa pública, en la que se está trabajando “de forma intensa”. “El objetivo final, compartido por todos, es movilizar cuanto antes vivienda asequible”, indican estas voces, que hablan de “coincidencia absoluta con los partidos que apoyan al Gobierno”. Ello, pese a que ERC, Junts y Comuns hayan presentado una iniciativa que choca con el plan del Ejecutivo, como hizo notar la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. La formación votó a favor de la tramitación, “con dudas” sobre el texto. Por ejemplo, si se compensaría a las administraciones que compraron viviendas a Sareb.

No es tampoco el primer choque parlamentario en el seno del Gobierno, y con los socios, en materia de vivienda. El PNV llevó a la Cámara a finales de febrero la Ley del Suelo de la ministra Isabel Rodríguez, para toparse por segunda vez con la negativa de Sumar, los socios a la izquierda y del PP. Los socialistas tenían puestas entonces las esperanzas en los de Alberto Núñez Feijóo, al considerar que la reforma la solicitaban también ayuntamientos 'populares'. En este caso, sin embargo, algunas voces del grupo parlamentario mostraban sorpresa por la llegada al Congreso de una petición sobre algo “que la Sareb ya está haciendo”, como es el aprovechamiento de las viviendas para uso social.

Según datos de la entidad, participada por el Estado en un 51%, en Catalunya hay unas 12.900 viviendas de la Sareb, de las que 1.400 están conveniadas con ayuntamientos o con la propia Generalitat y otras 5.450 tienen aprobado o firmado un alquiler social por familias vulnerables. En todo el país hay 9.000 viviendas en esta situación. “Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2022, la Sareb puede llegar a acuerdo con otras administraciones públicas para ceder viviendas”, ha recordado Redondo.

La diputada de ERC en el Parlament, Mar Besses, lamentó, en cambio, que la Sareb tenga “pisos vacíos, cerrados y que se están cayendo a pedazos” y denunció el “periplo” de las administraciones para conseguir el uso de esas viviendas. “Son cesiones temporales, teniendo que asumir los costes de su rehabilitación y adecuación y, una vez termina ese periodo, esas viviendas vuelven a la Sareb, que vuelve a hacer negocio”, señaló.