La Autoridad fisca (AIReF) calcula que todavía quedan por pagar cerca de 12.000 millones por "errores legislativos" en la reforma del impuesto de Sociedades, las rentenciones a los mutualistas o el tributo a los hidrocarburos
Los pensionistas se revuelven contra Hacienda por dificultar la devolución del IRPF a los mutualistas: “Es una injusticia”
Ha pasado ya más de una década del caso Castor. Un fiasco multimillonario para el Estado. Es decir, para todos los contribuyentes.
Entre los errores legislativos y malas prácticas que son recurrido y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal destaca “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.
Entre los errores pendiente por subsanar, destaca la devolución del IRPF a mutualistas jubilados —con un coste estimado de 1.700 millones—; el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos —6.500 millones— o la mencionada reforma del impuesto de Sociedades —1.200 millones—.
Recuadro de la presentación del informe de la Autoridad fiscal sobre "riesgos fiscales".
Además, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.
“El elevado coste de las compensaciones e indemnizaciones derivadas de sentencias desfavorables evidencia el impacto negativo de estos litigios en la estabilidad fiscal”, continúa el informe de esta institución.
“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.
Por otra parte, la Autoridad fiscal calcula que el coste fiscal total de la materialización de riesgos ambientales entre 2005 y 2023, incluyendo la pandemia y a precios del al año 2023, habría sido aproximadamente de 47.157 millones y plantea mejorar la cuantificación de estos riesgos, la explicitación de los costes fiscales y el diseño de medidas de mitigación.
