Los expertos dudan del impacto de suprimir 65.000 pisos turísticos pero creen que pueden dinamizar el mercado del alquiler residencial si están concentrados en zonas tensionadas: "Más allá de si son muchos o pocos, la clave es dónde están localizados"
El Gobierno ordena a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales
Un paseo por el centro de cualquiera de las grandes ciudades españolas deja una imagen que se repite.
En un contexto de difícil acceso a la vivienda, especialmente para poblaciones de menos recursos y jóvenes con problemas para emanciparse, analizar una cifra supone compararla con otra. Y, en ese sentido, hay varias referencias que se pueden tener en cuenta. Según los datos del último censo de población y vivienda, de 2021, en España había aquel año 26,6 millones de casas. 65.000 pisos representan el 0,24%. Sin embargo, había 18,5 millones de hogares, lo que deja una diferencia de 8,1 millones disponibles. El porcentaje en este caso sube al 0,8%.
Según el INE, tres millones de hogares viven de alquiler. En un escenario hipotético, y algo utópico, en el que el grueso de los inmuebles con anuncios bloqueados por Consumo pasasen al mercado del alquiler, supondría un incremento del 2,2%. Si se tiene en cuenta el déficit de 600.000 viviendas que estima el Banco de España, son casi el 11%. O más del 50% de los 126.761 visados de obra nueva concedidos en 2014, entre las peticiones del sector y las recetas de que más obra baja los precios. De las 400.000 anunciadas en plataformas, son una de cada 6.
El Ministerio de Consumo no ha facilitado datos sobre ubicaciones concretas por municipios o barrios, más allá de que estas viviendas están en Madrid, Andalucía, Catalunya, Euskadi, València y Balears. Y el área concreta es, precisamente, la clave para determinar el impacto en el mercado que puede suponer detraer 65.000 pisos del mercado turístico. “Habría que intentar medir dónde están, porque si se encuentran en zonas tensionadas, podrían tener un efecto de arrastre respecto al precio”, explica la doctora en sociología y experta en vivienda de la Universidad Rey Juan Carlos, Almudena Martínez.
El economista y expresidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta coincide en la importancia de la localización, pero se muestra más pesimista. “Si en algunas zonas supone un porcentaje relevante, podría afectar algo al precio, pero tendríamos que estar hablando de que supone el 30 o el 40% [del mercado del alquiler] y cuesta pensar que sea así”, justifica.
“No hay voluntad para lucha contra el mercado turístico”Solo en la ciudad de Madrid, Consumo listó 15.000 alojamientos turísticos ilegales. Son más, por ejemplo, que las 13.000 viviendas del Plan Vive, “una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región”, según la web oficial. “El Ayuntamiento redujo el número de inspectores para controlar la vivienda turística, así que creo que, fundamentalmente, no hay voluntad para luchar contra el mercado turístico porque facilita que haya muchos más turistas”, considera Inurrieta.
Almeida aprobó la semana pasada su nuevo plan para las viviendas de uso turístico, que prohíbe su apertura de forma dispersa y en locales comerciales del centro, pero permite que estas se concentren en bloques enteros. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, criticó esta estrategia, al considerar que “Madrid está en una situación de SOS” y que debería ir a la “prohibición”. “15.000 viviendas ilegales son 15.000 familias expulsadas de esas viviendas”, afirmó. El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, señaló este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el compromiso del Gobierno para “asegurar que esas viviendas vuelvan a la función” para la que fueron concebidas.
“Hay mecanismos para asegurar que los grandes tenedores pongan esas viviendas a un precio asequible, se llama Ley de Vivienda y zonas tensionadas. Si en muchas ciudades no bajas los alquileres es porque el Partido Popular no quiere”, afeo Bustinduy. La hipótesis es que los 65.000 anuncios que se retiren de Airbnb se convertirán en sendas viviendas en alquiler, aunque la traslación es un cálculo impredecible. “Directamente no es trasladable, aunque es razonable pensar que un cierto porcentaje irá al alquiler residencial”, estima Martínez, que evita dar cifras, aunque si considera que en Barcelona, “donde si hay regulación, probablemente baje el precio”. Precisamente, en la ciudad condal la actividad inspectora ha detectado 11.500 pisos turísticos ilegales.
“Esas personas tienen dos opciones, retirarlas de la plataforma o regularizar su situación que, en muchos casos, podrían hacerlo mañana. El porcentaje que pase al alquiler será mínimo”, calcula Inurrieta, que abre la puerta también a la venta o, directamente, a dejarlas vacías. “No se pueden hacer grandes valoraciones, porque no sabemos qué ocurrirá”, añade.
“Primero fueron las políticas, ahora son las consecuencias”La portavoz de la Asamblea de Vivienda de Usera, Laura Rubio, considera que esas viviendas, “sean muchas o pocas, son las que están tensionando el mercado”. “Nos dicen que tenemos una crisis de vivienda y hay que diseñar políticas para compensar y corregir, pero primero fueron las políticas y estás son las consecuencias. Hay que revertir esas políticas”, defiende. “Hay que hacer un análisis global, dando prioridad a la vida del barrio, e implantar medidas fiscales, de urbanismo, tocando muchos palos a la vez. No hay una sola solución, porque el negocio de la vivienda es como el agua: se adapta al recipiente, si el vaso tiene un agujero, se escapa por él y la Ley de Vivienda tenía muchos agujeros”.
“El objetivo último debería ser que las viviendas se utilicen para vivir, pero dentro de este control de alquileres turísticos es un buen punto que primero se vaya a por los ilegales y después ver qué pasa con el resto”, analiza el responsable del Hub de vivienda en Future Policy Lab y doctorando en Economía por la CY Cergy Paris Université, Iván Auciello. En este sentido, este experto considera que el anuncio de Consumo va en línea con el paquete fiscal presentado por Vivienda la semana pasada. Se refiere al incremento del gravamen a las viviendas vacías y a las Socimis que no tengan alquiler asequible y la bonificación a los propietarios que bajen los precios. “Tienen sus detalles, que se podrían mejorar, pero son positivas para incentivar que se pongan viviendas en alquiler a largo plazo al índice de precios del Ministerio”, estima.
Entre esas medidas, que comienzan ahora su tramitación parlamentaria y ya cuentan con el rechazo abierto de algunos socios habituales de la coalición, como Podemos, se incluye un 21% de IVA para los alojamientos turísticos que se encuentren en poblaciones de más de 10.000 habitantes. El mercado hotelero no tiene capacidad para absorber toda la demanda de viviendas de uso turístico, pero los expertos consideran que esta medida si puede desincentivar esta actividad. “Puede que haya gente a la que no le interese declarar el IVA y ser transparente ante Hacienda”, plantea Inurrieta.
El Consejo General de Economistas analizó este miércoles estas medidas y concluyó que la “penalización” de los arrendamientos turísticos con la tributación “desincentivará el alquiler de estos inmuebles, trasladando la oferta a la industria hotelera (tipo del 10%) y quizás el turismo pueda resentirse, que es uno de los principales motores de la economía en nuestro país”.
Martínez considera que subir el IVA no va a revertir el uso al residencial de estas viviendas porque “el turismo masivo está garantizado”, pero propone que, al menos, esta recaudación “revierta en un refuerzo a la vivienda a precio asequible”. Además, cree que el bloqueo de 65.000 anuncios lanza a los fondos y grandes tenedores, los propietarios de la mayoría de esas viviendas, el mensaje de que “se está poniendo un freno a la visión exclusivamente lucrativa, que no tienen ningún límite, frente a la crisis residencial”.
De fondo, el ministro de Consumo ha repetido en varias de sus intervenciones un mensaje que va más allá de consideraciones técnicas: “Ningún interés económico por encima del derecho a la vivienda. Ninguna empresa por encima de la ley”.
