El ERE de Telefónica ha concluido su fase de inscripción con un exceso de demanda por parte de la plantilla. El número de trabajadores que han solicitado acogerse voluntariamente al proceso de reducción de plantilla en las tres divisiones principales del grupo ha superado la cifra de despidos que la compañía pactó con los sindicatos el pasado mes de diciembre.

Según los datos provisionales comunicados este viernes tras el cierre del plazo de adscripción, se han registrado un total de 5.123 solicitudes, frente a las 5.040 salidas que se habían fijado como tope máximo. Estas cifras aún pueden variar por la revisión de solicitudes enviadas por correo postal o de personas que se encuentren en excedencia, avisan los sindicatos, pero permiten confirmar que el ERE no tendrá despidos forzosos.

El hecho de que las solicitudes superen la cifra pactada con los sindicatos implica que la empresa tendrá que vetar algunas salidas, ya que la ley no permite superar ese máximo, aunque sean los trabajadores los que lo soliciten. Diego Gallart, responsable de UGT, explica a este medio que los representantes de los trabajadores tienen una sensación “agridulce”: por una parte, se ha conseguido que el proceso sea 100% voluntario, el principal objetivo al inicio de las negociaciones, pero por otra “se va a destruir mucho empleo de calidad”.

“Se trata de puestos de trabajo con muy buenas condiciones y su destrucción no es una buena noticia para la economía. Quizá en grandes ciudades como Madrid o Barcelona no se nota tanto, pero en otras más pequeñas como puede ser Zamora, la pérdida de estos trabajadores se nota en la economía local”, ha lamentado.

La tendencia de adhesión se repite en las principales divisiones del grupo. En Telefónica de España, la sociedad que agrupa el grueso de la red fija y la infraestructura, se han contabilizado 3.955 peticiones. Una situación idéntica se ha dado en la división de Móviles, donde 989 empleados han pedido salir. En la filial Telefónica Soluciones se han recibido 179 solicitudes.

La selección para determinar qué trabajadores abandonan finalmente la compañía aplicará los criterios de acordados en la mesa de negociación, que otorgan prioridad de salida a las personas de mayor edad. Asimismo, la dirección podrá vetar la marcha de determinados perfiles que considere esenciales para la operatividad del negocio o que pertenezcan a áreas críticas donde se requiere retener talento.

El éxito de la convocatoria responde a las condiciones económicas pactadas en el acuerdo final, que garantizan a los nacidos en 1968 y años anteriores una renta mensual de hasta el 68% de su salario regulador hasta los 63 años, manteniendo además el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y el seguro médico privado. El ERE, que adaptar la plantilla de Telefónica al nuevo plan estratégico, incluye también un compromiso de creación de empleo por el que la empresa deberá realizar nuevas contrataciones equivalentes a una parte de las salidas.

La Comisión de Seguimiento del ERE tiene previsto reunirse el próximo 4 de febrero para analizar estos datos provisionales y comenzar a validar el listado definitivo de afectados. Una vez completado este trámite, la compañía comunicará las resoluciones individuales a los trabajadores, cuyas salidas comenzarán a hacerse efectivas en las semanas siguientes.

Sin embargo, el escenario es de incertidumbre en las tres unidades de negocio global de Telefónica, como Innovación Digital y Global Solutions. Pese a que la empresa amplió los plazos de adscripción para intentar captar más adhesiones, el llamamiento no ha tenido el éxito esperado. Según las cifras finales, solo 416 empleados han solicitado la baja voluntaria, lo que cubre apenas el 70% de las 585 salidas pactadas en el ERE.

Este déficit deja un agujero de 169 salidas con las que la empresa contaba en el acuerdo con los sindicatos. Estos comunican que la dirección de la compañía ha trasladado que “no puede confirmar en estos momentos” que se vaya a limitar exclusivamente a las salidas voluntarias. Si la compañía decide ejecutar esas 169 plazas de forma forzosa, los afectados saldrían con una indemnización ordinaria (la pactada para el despido colectivo), perdiendo el blindaje de la prejubilación y las rentas del 68% del salario que sí disfrutarán sus compañeros de las filiales nacionales.